La Fiscalía recibe 68 procedimientos abiertos de abusos sexuales en instituciones religiosas

La Fiscalía General del Estado ha publicado este miércoles un recuento del número de procedimientos penales en tramitación en los tribunales españoles referidos a agresiones y abusos sexuales a menores de edad en el seno de instituciones religiosas. El documento señala que hay 68 denuncias o querellas abiertas (incoadas tanto en sede judicial como fiscal) sobre pederastia, aunque no diferencia cu...

La Fiscalía General del Estado ha publicado este miércoles un recuento del número de procedimientos penales en tramitación en los tribunales españoles referidos a agresiones y abusos sexuales a menores de edad en el seno de instituciones religiosas. El documento señala que hay 68 denuncias o querellas abiertas (incoadas tanto en sede judicial como fiscal) sobre pederastia, aunque no diferencia cuáles afectan a la Iglesia católica y cuáles a otras instituciones, como los Testigos de Jehová o la Iglesia Evangélica. El pasado 31 de enero, el ministerio fiscal ordenó a los 17 fiscales superiores que le remitiesen estos datos en un plazo de 10 días con el objetivo de tener una radiografía sobre el problema de la pederastia en el seno de la Iglesia católica. La cifra resultante es una fotografía de un instante, la de los casos abiertos en 2022, que no representa la totalidad de estos delitos, ya que no incluye las sentencias condenatorias del pasado y una parte de ellos no llega a la justicia civil, sino que se instruyen en procesos eclesiásticos. Son los obispos y los superiores de las órdenes religiosas los que se han encargado de juzgarlos y, en algunas ocasiones, de dictar indemnizaciones o bien de silenciar lo ocurrido.

La solicitud del ministerio público se produce en medio del escándalo de pederastia que está viviendo la Iglesia española después de que EL PAÍS entregase al papa Francisco y al presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el cardenal Juan José Omella, un dosier con 251 casos inéditos de abusos cometidos por sacerdotes, religiosos y trabajadores seglares del ámbito religioso. Hasta ahora han salido a la luz al menos 611 casos y 1.246 víctimas, según la contabilidad que lleva este diario, la única existente en España ante la ausencia de datos oficiales o de la Iglesia.

La Fiscalía ha precisado en la nota de prensa donde ha publicado estos datos que realizará “un análisis cualitativo de las mismas a fin de estudiar y dimensionar el fenómeno de los procedimientos en tramitación”. Por otra parte, no ha informado si planea llevar a cabo otra acción para extraer más datos judiciales sobre este asunto, como conocer todas las sentencias condenatorias en las últimas décadas al respecto. Una tarea compleja de llevar a cabo en un corto periodo de tiempo, ya que en los registros anuales de este tipo de procesos en las memorias fiscales nunca se especifica si el delito se cometió dentro o fuera del ámbito religioso. En octubre de 2018, EL PAÍS buceó en los registros virtuales del Centro de Documentación Judicial y encontró hasta 33 condenas a sacerdotes en causas abiertas por abusos a 80 menores de edad. Las penas impuestas fueron desde multas económicas hasta los 21 años de prisión; algunas sentencias incluyeron indemnizaciones a las víctimas de entre 1.200 y 70.000 euros.

Cataluña es la comunidad que más casos suma, un total de 14. Le sigue la Comunidad de Madrid, con ocho procedimientos de abusos en instituciones religiosas, seis de ellas pertenecientes a la Iglesia católica: un profesor laico de gimnasia de un centro religioso, un sacerdote de Alcalá de Henares (por supuestos delitos de abuso sexual a menores de 16 años, prostitución, exhibición sexual y descubrimiento de secretos), una denuncia de un exalumno de colegio religioso que no recuerda si el acusado era un clérigo o un laico, un profesor de religión y dos procedimientos archivados “por distintos motivos”, detallaba este martes la Fiscalía de la Comunidad de Madrid en una nota de prensa. Las otras dos denuncias son contra un miembro de la congregación Reino de los Testigos de Jehová y un pastor de la Iglesia Evangélica.

En Castilla-La Mancha se investigan cinco supuestos casos: uno en Ciudad Real, dos en Cuenca y otros dos en Toledo, en tanto que no constan procedimientos en las fiscalías provinciales de Albacete y Guadalajara. El caso de Ciudad Real es el de un sacerdote que fue condenado por 14 abusos sexuales a siete niños de un seminario. El asunto está pendiente de recurso en el Tribunal Supremo. Los dos procesos abiertos en Cuenca han sido comunicados por la Oficina Diocesana de Abusos del Obispado de la provincia. En Toledo, los dos casos siguen su curso en los juzgados de Talavera de la Reina. En uno de ellos, con sentencia de julio de 2021, tanto la víctima como el clérigo han recurrido. Este hace referencia al sacerdote José Luis Galán, que abusó entre 2011 y 2014 de una menor que estudiaba en el colegio Hijas de María Nuestra Señora de Talavera. Allí, este cura era su director espiritual y, con la excusa de ofrecerle apoyo religioso, la citaba dos veces por semana en su despacho parroquial en la iglesia de San Ildefonso, donde repetidamente la agredió sexual, física y psicológicamente. El otro caso en la provincia de Toledo es una denuncia de una alumna contra un sacerdote, al que acusa de contactar con ella por internet para solicitarle un intercambio de imágenes íntimas.

Desde la Comunidad Valencia se ha informado de cuatro casos. En relación con dicho informe, fuentes de la Fiscalía de Alicante precisaron la semana pasada a la agencia Efe que, entre 2018 y principios de 2022, solo se ha registrado una denuncia por un supuesto episodio de abuso sexual de un profesor de religión en un instituto de Educación Secundaria en Torrevieja. El centro, de titularidad pública, depende de la Generalitat Valenciana y no de una institución religiosa. No obstante, los docentes de esta materia son elegidos expresamente por el obispado, por lo que forman parte de la comunidad pastoral de la diócesis donde residen.

De Galicia han llegado siete procesos; otros siete de los tribunales de Andalucía, Ceuta y Melilla; de Murcia, seis; cinco de Castilla y León; de Baleares, cuatro; otros cuatro del País Vasco; dos de Aragón; y dos de Canarias. En Extremadura, Asturias, Cantabria, La Rioja y Navarra han informado de que no les consta ningún procedimiento abierto. No obstante, el Gobierno de la comunidad foral publicó la semana pasada un informe en el que identifica a 58 víctimas de abusos por miembros de la Iglesia (en su totalidad delitos prescritos) e informó de que enviaría el texto completo para que inicie las actuaciones oportunas.

Si conoce algún caso de abusos sexuales que no haya visto la luz, escríbanos con su denuncia a abusos@elpais.es