Más de 20 colectivos cristianos piden a la Conferencia Episcopal que financie una investigación independiente sobre los abusos

En una carta abierta, los firmantes, que representan a más de un millar de personas, califican la “minimización” de la pederastia por parte de la Iglesia española como “una vergüenza absoluta”, “una ofensa al Evangelio” y “un gravísimo pecado de omisión”

El cardenal y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Juan José Omella, durante una rueda de prensa el 14 de enero.Antonello Nusca

Más de 20 colectivos de cristianos de base, que representan a más de un millar de personas, han firmado este martes una carta abierta dirigida a la Conferencia Episcopal Española (CEE) en la que exigen que financie la investigación de los casos de abusos sexuales en el clero español. Los signatarios piden en el escrito que la CEE y la Confederación de Religiosos de España (Confer) creen una Comisión de la Verdad independiente, siguiendo el ejemplo de países como Irlanda, Alemania...

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Más de 20 colectivos de cristianos de base, que representan a más de un millar de personas, han firmado este martes una carta abierta dirigida a la Conferencia Episcopal Española (CEE) en la que exigen que financie la investigación de los casos de abusos sexuales en el clero español. Los signatarios piden en el escrito que la CEE y la Confederación de Religiosos de España (Confer) creen una Comisión de la Verdad independiente, siguiendo el ejemplo de países como Irlanda, Alemania, Francia o, más recientemente, Portugal. En la misiva califican “la falta de investigación sobre estos abusos y su negación o minimización”, especialmente por parte de la CEE, como “una vergüenza absoluta”, “una ofensa al Evangelio” y “un gravísimo pecado de omisión”. Entre los colectivos que se han unido a la petición están las organizaciones Alandar, Revuelta de Mujeres en la Iglesia, Redes Cristianas, Movimiento por el Celibato Opcional (Moceop), Red Miriam de Espiritualidad Ignaciana Femenina y la Asociación de Teólogos y Teólogas Juan XXIII, que solicitan a otras entidades del ámbito religioso a que se sumen a su reclamación.

La carta se une a varias iniciativas ya puestas en marcha para que se investigue la pederastia en la Iglesia española. Este lunes, la Fiscalía General del Estado ordenó a los 17 fiscales superiores del país que le remitan en un plazo de 10 días todas las denuncias y querellas en tramitación referidas a agresiones y abusos sexuales a menores en el seno de congregaciones, colegios o cualquier institución religiosa. Además, en el Congreso se ha admitido a trámite este martes la propuesta presentada la semana pasada por Unidas Podemos, ERC y EH Bildu para la creación de una comisión de investigación de dichos delitos. La Iglesia española está viviendo un escándalo de pederastia después de que EL PAÍS entregase en diciembre al Papa y al presidente de la CEE, el cardenal Juan José Omella, un informe con 251 casos inéditos de abusos sexuales cometidos en el ámbito religioso.

Los colectivos urgen a que 2022 sea un año “de verdad, justicia y reparación para las víctimas de abusos sexuales dentro de la Iglesia católica española”. También entonan el mea culpa y piden perdón a las víctimas de abusos sexuales: “Somos conscientes de que hemos guardado silencio por demasiado tiempo y a menudo hemos ignorado el horror que vivieron y el terrible dolor que les causó. Nosotros también hemos pecado de omisión”, afirman.

Además, el documento pide que se abra una oficina centralizada, también financiada por la CEE y la Confer, “que establezca criterios unánimes de actuación y revise la adecuación de los protocolos de las diócesis y las órdenes religiosas españolas en materia de abusos sexuales a menores y otras personas vulnerables”, en línea con las normas del Vaticano. Los grupos señalan una serie de “medidas de extrema urgencia” a poner en marcha: “Cualquier sacerdote, religioso o agente de pastoral que es acusado de abusos es apartado de sus funciones hasta que se resuelva la investigación”, que los denunciantes reciban “el apoyo psicosocial que necesitan” y que “en ningún caso las medidas de reparación” o “las indemnizaciones recibidas por las víctimas” se condicionen “a un pacto de silencio sobre los hechos”, según se lee en la carta.

Sobre el impulso para que se cree una comisión en el Congreso —la Mesa admitirá este martes a trámite la iniciativa para debatirla en el pleno de la Cámara— que lleve la investigación de estos casos, Juan Ignacio Cortés, portavoz de Alandar, ha apuntado: “Creemos que esto no es un tema que los partidos debieran usar para la lucha política partidista. Las víctimas son víctimas de todos, no son ni de izquierdas ni de derechas”. “Como cristianos, nos dirigimos principalmente a los obispos, porque están siendo la cara pública de esto”, ha añadido Cortés. Después de haber recibido el dosier de este diario hace más de un mes y medio, la mayoría de los obispados están ignorando a las víctimas. Solo 10 de las 31 diócesis implicadas han intentado ponerse en contacto con los afectados, un paso esencial para abrir la investigación canónica que están obligadas a emprender, según las leyes eclesiásticas.

Juan José Tamayo, secretario general de la Asociación de Teólogos y Teólogas Juan XXIII, ha señalado en un comunicado: “El negacionismo, el silencio y el ocultamiento de tamaños crímenes de pederastia, primero, y el encubrimiento y la falta de denuncia ante los tribunales de justicia, después, y ahora la negativa a crear una investigación independiente de la jerarquía católica española, son la mejor demostración del desprecio a las víctimas, de la falta de compasión de dicha jerarquía y la convierte en responsable y cómplice de dichos crímenes”. Tamayo ha añadido que la negativa de la CEE a la Comisión de la Verdad “constituye un grave impedimento para el esclarecimiento de los hechos y un atentado contra la verdad”.

Si conoce algún caso de abusos sexuales que no haya visto la luz, escríbanos con su denuncia a abusos@elpais.es

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