España descarta la vacunación obligatoria y confía en capear la sexta ola del coronavirus sin necesidad de restricciones adicionales

El arsenal de armas para frenar la covid ha ido creciendo al mismo ritmo que el conocimiento sobre el virus aumentaba: mascarillas, teletrabajo, higiene de manos, distancia interpersonal, ventilación y, sobre todo, vacunas. España fía todo a estas herramientas para capear una sexta ola que sigue ascendiendo y que ha obligado a otros países europeos a extremar restricciones, sobre todo entre personas no vacunadas. Ni el Gobierno ni los expertos creen necesario llegar a extremos como la vacunación obligatoria con tasas de inmunización que llegan al 90% de la población diana. El objetivo es super...

El arsenal de armas para frenar la covid ha ido creciendo al mismo ritmo que el conocimiento sobre el virus aumentaba: mascarillas, teletrabajo, higiene de manos, distancia interpersonal, ventilación y, sobre todo, vacunas. España fía todo a estas herramientas para capear una sexta ola que sigue ascendiendo y que ha obligado a otros países europeos a extremar restricciones, sobre todo entre personas no vacunadas. Ni el Gobierno ni los expertos creen necesario llegar a extremos como la vacunación obligatoria con tasas de inmunización que llegan al 90% de la población diana. El objetivo es superar esta nueva onda sin más limitaciones que las que ya contemplan las comunidades autónomas y que se vienen usando desde que en mayo acabó el último estado de alarma.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, repite el mensaje cada vez que tiene un micrófono delante. “Sabemos cuáles son las medidas que nos protegen. Una llamada a la distancia social, al uso de mascarilla, especialmente en interiores, o en exteriores si no hay distancia. De nosotros sigue dependiendo que mantengamos el virus a raya. Y, sobre todo, seguir asistiendo a esas campañas de vacunación para continuar protegiéndonos contra el virus. Vacunar, vacunar y vacunar, y prevenir, prevenir y prevenir son las medidas que están a nuestro alcance”, fueron las primeras palabras que pronunció este viernes tras el Consejo de Ministros en la sala de prensa de la Moncloa.

El Gobierno se ha resistido durante toda la pandemia a aprobar una ley específica para situaciones de emergencia sanitaria y ha preferido usar la legislación vigente o los estados de alarma cuando esta se quedaba corta. La Moncloa parece no tener en agenda ningún tipo de medida extrema en las próximas semanas. Ha decidido mantener la política que sigue desde el verano de 2020: dejar en manos de las comunidades la gestión principal de la crisis y que cada tribunal de justicia tome decisiones que luego casará el Tribunal Supremo. Así se han gestionado todas las decisiones en los últimos meses y el Ejecutivo está satisfecho del resultado, aunque haya habido algunas ineficiencias. La Moncloa presume insistentemente de que la Organización Mundial de la Salud ha felicitado a España por la gestión de la pandemia y sobre todo por la vacunación, y de ahí no se mueve.

Según la situación epidemiológica, las comunidades tienen margen para acotar aforos, restringir horarios de apertura o incluso limitar derechos fundamentales. Así lo ha validado el Supremo, que ha ido marcando el camino de los gobiernos regionales desde mayo. Aunque cada caso se estudia de forma individual, ha dejado claro que las comunidades pueden limitar derechos como los de circulación o reunión, pero siempre que estas restricciones sean “puntuales” e “imprescindibles” para luchar contra el virus. Bajo esta interpretación, rechazó todos los toques de queda o confinamientos perimetrales generalizados que le tocó revisar, pero autorizó los que se limitaban a pequeñas poblaciones con alta incidencia del virus, lo que llevó a las comunidades a apostar cada vez más por acotar las restricciones a las zonas con mayor riesgo de contagio para garantizarse el aval judicial.

Los últimos pronunciamientos del alto tribunal han sido para respaldar el uso del certificado covid en establecimientos de ocio nocturno y restaurantes de Galicia y País Vasco. La sentencia sobre este último caso, notificada este viernes, reprocha a los jueces del tribunal superior vasco que rechazaran la medida. “La distinta gravedad actual de la pandemia, la menor agresividad de la enfermedad en muchos casos, la más reducida ocupación hospitalaria y de las unidades de cuidados intensivos que en ocasiones precedentes no justifican prescindir de las prevenciones necesarias para evitar que se reproduzcan los momentos críticos del pasado”, señala el tribunal.

Ocho autonomías ya han comenzado a implantar el pasaporte, aunque se trata de una medida de dudosa utilidad a la hora de frenar los contagios, según los técnicos que asesoran tanto al ministerio como a las propias comunidades. En un informe interno señalaban que no ha demostrado su eficacia, más allá de incentivar la vacunación.

Precisamente por ese motivo la están empleando algunos países que van más rezagados que España a la hora de inocular a su población. Pero en lugares como Alemania, donde casi un tercio está sin vacunar, el Gobierno ya tiene entre sus planes hacer la vacuna obligatoria, algo que esta semana ha contado con el beneplácito de la Comisión Europea, aunque carece de competencias en esta materia.

Federico de Montalvo, presidente del Comité de Bioética de España, apuesta por recurrir a restricciones de libertades solamente cuando las demás opciones se hayan agotado. Aunque cree que la vacunación obligatoria es defendible en determinados contextos, no considera que sea la situación que vive España hoy: “Lo llevamos defendiendo desde enero y el tiempo nos ha dado la razón”.

En una situación epidemiológica y vacunal como la española, Montalvo cree que la máxima limitación a la que deberían llegar las autoridades hoy por hoy es a pedir el certificado covid. “Y solo en las zonas de más afección”, matiza. Este experto en bioética considera que hay que limitarlo a ciertos espacios de ocio y no aplicarlo a lugares de trabajo.

El problema de muchas de las medidas, apunta la catedrática de Salud Pública de la Universidad de Valencia Ana María García, es que no hay realmente evidencia de su utilidad. “Tenemos de las vacunas, de las mascarillas, que han sido seguramente la razón por la que estamos mejor que casi todos los países europeos, pero no del certificado covid o la vacunación obligatoria. Para eso pasarán años y necesitamos respuestas ya. Y en una situación de incertidumbre una máxima de la salud pública es aplicar el principio de precaución”, subraya. Con esta premisa, cree que incentivar la vacunación con el pasaporte puede tener sentido, así como la vacunación obligatoria en determinados sectores, como sanitarios o personas que trabajen con mayores. “La gente tiende a pensar que la vacuna es una medida únicamente de protección individual y no es así”, zanja.

Todos los focos están ahora sobre los no vacunados. Es un fenómeno más europeo que español, aunque el debate ya está importado. “Es preferible hacer restricciones a ellos que a toda la población”, defiende De Montalvo, que expone que ya no se puede esgrimir un problema de igualdad, como sucedía hace unos meses: “Hoy todo el que quiera la inyección la puede recibir gratuitamente. Si no la tienes es porque no has querido”.

La hostelería, dividida

Esta herramienta es un paso previo a otro tipo de restricciones más duras para la población general. Entre los hosteleros, hay quienes rechazan añadir a su trabajo una labor que les es ajena como la comprobación de los certificados, y advierten de dificultades organizativas. Por otro, existen voces favorables a su uso, dado que consideran que es el único modo de evitar restricciones horarias o de aforo que supondrían un nuevo castigo para una industria muy golpeada en el último año y medio.

José Luis Yzuel, presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España, es de los que se muestran partidarios de aceptarlo como mal menor. “Si lo van a cerrar o te van a poner una limitación, pues bienvenido sea el pasaporte. Mejor que te corten la mano que el brazo”, compara. La Coordinadora Empresarial de Ocio y la Hostelería de la Comunidad Valenciana (CEOH) ha pedido que los locales pequeños estén exentos de reclamar el pasaporte covid porque dedicar una persona a esa tarea les resulta complicado, y tener a su disposición una aplicación homologada que evite fraudes.

La falta de evidencias sobre la utilidad de la eficacia del certificado covid, no obstante, levanta muchas discrepancias entre los expertos. Algunos de los consultados insisten en potenciar lo que sí se sabe que funciona. Pedro Gullón, de la Sociedad Española de Epidemiología, cree que la clave es disuadir a la población de que se junte en “espacios peligrosos”. Hace tiempo que está claro que los interiores mal ventilados son el lugar perfecto de contagio. “Tendríamos que usar las medidas conocidas y otras imaginativas para evitar que muchas personas se aglomeren en este tipo de espacios”, apunta Gullón.

El teletrabajo es otra herramienta sencilla de incentivar en la cual este epidemiólogo hace hincapié. “Es una forma de evitar interacciones sociales en interiores que hemos visto que se puede implementar sin grandes costes sociales en muchas empresas”, subraya. Las oficinas se están convirtiendo en entornos que la gente percibe como propicios al contagio, según Gullón, quien sostiene que muchas personas ya han perdido el respeto a los síntomas leves y acuden a los centros de trabajo para no tener que pedir una baja corta. “Estas situaciones se pueden solucionar con teletrabajo”, afirma.