La comisión francesa sobre abusos a menores pide combatir la falta de credibilidad que sufren las madres al denunciar

Francia empieza a perfilar su lucha contra los abusos sexuales a menores tras romper, este mismo año, el largo tabú que pesaba sobre ellos a raíz de la publicación de un libro que revelaba un caso muy mediatizado por lo conocido de los protagonistas, La Familia Grande, de Camille Kouchner, y una liberación de la palabra de víctimas en las redes sociales ...

Francia empieza a perfilar su lucha contra los abusos sexuales a menores tras romper, este mismo año, el largo tabú que pesaba sobre ellos a raíz de la publicación de un libro que revelaba un caso muy mediatizado por lo conocido de los protagonistas, La Familia Grande, de Camille Kouchner, y una liberación de la palabra de víctimas en las redes sociales bajo la etiqueta #MeTooInceste. Cada año, en este país, unos 160.000 menores son víctimas de violación o intento de violación, en su gran mayoría en el entorno familiar o el círculo más cercano, según varios estudios. En su primera evaluación, publicada esta semana, la Comisión independiente sobre el incesto y las violencias sexuales contra menores (Ciivise), la institución creada en enero para proponer mejoras legislativas que combatan más eficazmente estos abusos, fija la atención en uno de los problemas que considera que más lastran la lucha contra esta lacra: la falta de credibilidad que sufren las madres cuando denuncian abusos presuntamente cometidos por los padres.

La Ciivise lanzó un llamamiento en septiembre para recibir testimonios de víctimas de violencia sexual en la infancia para su informe final, que debería estar listo en 2023. Casi un tercio de los “centenares” de respuestas han sido peticiones de ayuda de mujeres que “denuncian violencias sexuales tras las revelaciones de sus hijos y que, buscando protegerlos, se ven condenadas por no entregar a sus hijos a sus padres tras las visitas o hasta la retirada de la custodia en beneficio del padre”, señala la Comisión. Muchas veces se usa contra ellas el controvertido síndrome de alienación parental (SAP). Ese síndrome ―que no reconocen la Organización Mundial de la Salud ni la Asociación Americana de Psiquiatría, y del que la Asociación Americana de Psicología considera que no existe evidencia científica que lo sostenga― fue acuñado por el psiquiatra estadounidense Richard Gardner en 1985 y descrito como la experiencia de un niño al ser manipulado por uno de los dos progenitores para volverse contra el otro y resistirse a tener contacto con él o con ella.

El mecanismo que lleva a esta situación es casi siempre el mismo: “Pese a las revelaciones del menor, no es el padre el cuestionado, sino la madre, acusada de manipular a su hijo”, constatan los expertos. Una realidad que “cuestiona la capacidad de la autoridad judicial de proteger a los niños de manera eficaz, y cuestiona también a la sociedad en su conjunto”, añade la comisión en una “opinión” titulada, gráficamente, “Sobre las madres en lucha”.

Según calcula la Ciivise al cruzar los diversos datos oficiales sobre abusos de menores, de los 160.000 casos anuales registrados, en casi 22.000 el agresor es el padre.

Pocas condenas

Las cifras de condenas, sin embargo, son bajas: en 2020, solo 1.697 personas fueron procesadas por violación incestuosa o agresión sexual del menor, independientemente del grado de parentesco con la víctima. En 2018, apenas 760 fueron condenadas. Aunque no existen estadísticas oficiales sobre la cifra de condenas de padres por estos delitos, señala la comisión, cabe presumir que “la cifra de padres investigados por violencia sexual incestuosa está muy por debajo de la cifra de víctimas”. Uno de los “mayores obstáculos” para lograr una mayor protección de estos menores, insiste, es “la sospecha sistemática de los profesionales ante las madres que denuncian violencia sexual cometida contra sus hijos”. Por ello, llama a todos los profesionales responsables a “prohibir el recurso al pseudo síndrome de alienación parental, particularmente durante el proceso de decisión judicial”.

En este sentido, recuerda que, en España, desde junio se prevé por ley que los poderes públicos eviten tomar en consideración “planteamientos teóricos o criterios sin aval científico que presuman interferencia o manipulación adulta, como el SAP”. En Francia este falso síndrome no está regulado de una manera tan clara. Solo existe, recuerdan los expertos, una “nota de información” interna enviada por el Ministerio de Justicia en julio de 2018 para “informar a los magistrados del carácter controvertido y no reconocido del SAP e instarlos a considerar con prudencia este medio cuando se utiliza en la defensa, así como recordarles que existen otras herramientas a su disposición en materia civil”.

Para evitar más abusos y mejorar la protección de los menores en peligro mientras estudia con más profundidad la situación, la Ciivise presentó el miércoles tres “recomendaciones” iniciales. Para empezar, reclama “suspender los procedimientos penales” contra un progenitor que se niegue a entregar a su hijo al otro padre cuando pese sobre este una investigación por violencia sexual incestuosa. En 2019, destaca la comisión, el 80% de las condenas por no devolver a los hijos fueron contra las madres. Además, la comisión pide la “retirada sistemática, por ley, de la patria potestad en caso de condena de un padre por violencia sexual contra su hijo”, así como que se “suspendan” de inmediato tanto la patria potestad como los derechos de visita y alojamiento del padre si se abre una investigación contra este por presunto incesto.

Tras el revuelo provocado por La Familia Grande, donde Camille Kouchner, hija del conocido exministro Bernard Kouchner, cuenta los abusos sexuales que sufrió su hermano gemelo de adolescente por parte de su padrastro, el politólogo Olivier Duhamel, y la oleada de denuncias en las redes sociales, el presidente, Emmanuel Macron, prometió una adaptación de las herramientas legales que se ha traducido en la reciente fijación por ley en los 15 años la edad mínima de consentimiento para actos sexuales, que en el caso de relaciones incestuosas se establece en los 18.

A comienzos de mes, otra comisión independiente encargada de investigar la pederastia en el seno de la Iglesia católica francesa desde 1950, la Ciase, concluyó que al menos 216.000 menores fueron víctimas de religiosos pederastas en las últimas siete décadas. Y en lo que podría interpretarse como una muestra más de la mayor sensibilización en Francia ante la cuestión de los abusos de menores, esta misma semana, la escritora Christine Angot ganó uno de los premios literarios más prestigiosos del país, el Medicis a la mejor novela en francés, por Le voyage dans l’Est (Viaje al Este), donde narra un caso de incesto como el que sufrió de pequeña. Hasta 2023, la Ciivise deberá presentar nuevas “recomendaciones para prevenir mejor las violencias sexuales, proteger mejor a los menores víctimas y luchar contra la impunidad de los agresores”.