La eliminación del término disminuido del artículo 49 de la Constitución: casi 20 años de lucha

El veto del PP y Vox a la reforma del artículo 49 de la Constitución, que alude a las personas con discapacidad como “disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos”, amenaza su aprobación en el Congreso de los Diputados. El Gobierno remitió una propuesta el pasado mayo a la Cámara baja, como reclaman las...

El veto del PP y Vox a la reforma del artículo 49 de la Constitución, que alude a las personas con discapacidad como “disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos”, amenaza su aprobación en el Congreso de los Diputados. El Gobierno remitió una propuesta el pasado mayo a la Cámara baja, como reclaman las asociaciones del sector desde hace casi 20 años. Dado que el pleno ha rechazado las enmiendas a la totalidad de los partidos de derecha, continúa ahora la tramitación parlamentaria. Pero para su aprobación definitiva hace falta una mayoría reforzada, de tres quintos del hemiciclo: las cuentas no salen sin los votos del PP. Los colectivos de personas con discapacidad se sienten decepcionados, piden que se aparque la polarización política.

¿Cuál es la reforma que propone el Gobierno?

El Consejo de Ministros aprobó el pasado mayo el anteproyecto de reforma del artículo 49 de la Constitución española para eliminar el término disminuido. De esta forma, el Ejecutivo pretendía adaptar la Carta Magna a los estándares de la Convención de la ONU de los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en 2006 y que España firmó en 2008. El articulado propuesto va más allá y además prohíbe cualquier tipo de discriminación de las personas con discapacidad, establece la obligación de los poderes públicos de promover su libertad e igualdad real y efectiva y, además, reconoce expresamente la protección particular que requieren las mujeres y las niñas con discapacidad, por ser un colectivo especialmente vulnerable y discriminado.

¿Qué se ha votado este jueves?

El texto llegó al Congreso y tanto PP como Vox presentaron enmiendas a la totalidad. Los populares han argumentado que “no es el momento político oportuno”, debido a la presencia en el Gobierno de “partidos que cuestionan abiertamente la Constitución española y cuya voladura pretenden”. Vox justifica su negativa porque, según su portavoz, Macarena Olona, el Parlamento actual “no tiene legitimidad moral” para tocar la obra de los “padres constitucionalistas”. Este jueves, el pleno de la Cámara baja las ha rechazado, con 205 votos en contra, 142 a favor y 3 abstenciones. Esto quiere decir que continúa la tramitación parlamentaria, ahora los grupos políticos pueden presentar enmiendas parciales y la reforma seguirá debatiéndose. Pero el veto del PP y de Vox supone una amenaza para que vea la luz la que sería la tercera modificación de la Constitución. Para que se apruebe es precisa una mayoría reforzada y, a no ser que estas formaciones cambien su punto de vista, es imposible alcanzar este consenso.

¿Qué pide el colectivo?

La reivindicación es unánime. El movimiento asociativo de la discapacidad insiste en que la “terminología es clave”, en palabras de Anxo Queiruga, vicepresidente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe), que agrupa a 620 entidades. Luis Cayo, el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), que aglutina a unas 8.000 organizaciones, recalca que la discapacidad debe “originar adhesiones” porque no tiene un “carácter ideológico, partidista”. Por ello reclama el máximo consenso. “Es un tema de derechos humanos”, insiste. “Nos duele que haya partidos que se opongan porque es una necesidad social y una demanda”. Enrique Galván, director general de Plena Inclusión, que aglutina a unas mil organizaciones de familiares y personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, coincide. “Es fundamental que la norma más importante de España, que es la Constitución, esté en línea con la convención de Naciones Unidas”.

¿Cuál es el origen de esta reivindicación?

Luis Cayo, del Cermi, explica que su petición se remonta al 3 de diciembre (Día Internacional de las Personas con Discapacidad) de 2004, cuando solicitaron al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que considerase esta reforma constitucional. Una reivindicación que se intensificó después de que se aprobara la convención de la ONU en 2006 y que España la firmara, con lo cual se comprometió a adaptar su marco normativo a estos estándares. “Llevamos casi 20 años luchando, la petición nunca ha dejado de estar en la agenda. Hay todavía dificultades, pero somos optimistas”, asegura. Galván, de Plena Inclusión, explica que una parte “muy importante de la ciudadanía”, que tiene discapacidad, “no quiere ser denominada disminuida en la norma suprema del Estado español”, “una conceptualización de la discapacidad que está trasnochada, es proteccionista, y no pone el foco en los derechos, sino en las limitaciones”.

¿Cuántas personas con discapacidad hay en España?

Hay al menos 3,85 millones de personas con algún tipo de discapacidad. Pero los datos están ya obsoletos, datan de 2008, cuando el Instituto Nacional de Estadística publicó la última Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia. Ese año suponían el 8,5% de la población. El organismo está preparando actualmente un nuevo estudio, por lo que la cifra se va a actualizar, y las asociaciones se muestran convencidas de que el número va a aumentar.

¿Qué opinan los colectivos de personas con discapacidad del rechazo del PP y Vox a la reforma?

Las tres entidades consultadas muestran su absoluta decepción, aunque aseguran que seguirán peleando para que, durante el trámite parlamentario, los partidos que han votado en contra, “o al menos el PP”, cambien de parecer y apoyen la reforma. “El cabreo es mayúsculo”, resume Queiruga, de Cocemfe. “Yo creo que España es un país avanzado y que en su legislación aparezcan términos como disminuido me parece una falta de respeto y un insulto a la inteligencia”, prosigue. “Este tipo de posturas son agotadoras, desanima ver que los partidos políticos se enzarzan utilizando, en este caso, a las personas con discapacidad. Que queramos sustituir el término lo entiende cualquiera”, asegura.

Galván, de Plena Inclusión, pide que “se saque de un contexto de polarización y confrontación permanente algo que es de justicia, que aporta a todo el mundo, que no va contra nadie”. “Se está poniendo en juego el mayor hito de reconocimiento de los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, en el periodo democrático”, prosigue. Cayo, de Cermi, zanja: “Tenemos meses por delante para vencer las resistencias y para conseguir que al menos el PP disipe sus dudas y se sume a la reforma”.