Interior creará grupos de Policía y Guardia Civil contra los delitos de odio

El Ministerio del Interior se ha comprometido a crear en la Policía Nacional y en la Guardia Civil grupos específicos para perseguir delitos de odio, en las unidades centrales y provinciales de información. Además desarrollará herramientas para evaluar el riesgo de las víctimas, como ocurre con la violencia machista con el conocido sistema VioGén. Es una de las medidas anunciadas por el Ministerio del Interior en una nota de prensa tras la reunión de la Comisión de Seguimiento del Plan de Acción de Lucha c...

El Ministerio del Interior se ha comprometido a crear en la Policía Nacional y en la Guardia Civil grupos específicos para perseguir delitos de odio, en las unidades centrales y provinciales de información. Además desarrollará herramientas para evaluar el riesgo de las víctimas, como ocurre con la violencia machista con el conocido sistema VioGén. Es una de las medidas anunciadas por el Ministerio del Interior en una nota de prensa tras la reunión de la Comisión de Seguimiento del Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio, celebrada este viernes y presidida por Pedro Sánchez.

Según fuentes presentes en la reunión, el presidente se ha comprometido a incluir una partida en los próximos Presupuestos para combatir los delitos de odio y mejorar la formación de policías y guardia civiles en este asunto. Fue el propio presidente del Gobierno quien comunicó la reunión extraordinaria de esta comisión después de que trascendiera la denuncia de una brutal agresión homófoba a un joven en Malasaña, que posteriormente confesó que los hechos denunciados eran falsos.

Interior se ha comprometido también a reforzar los mecanismos de coordinación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y mejorar la prevención de los delitos. Aseguran que aumentará la plantilla de la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio, creada en 2018 para asesorar al secretario de Estado de Seguridad en materia de delitos de odio y adoptar políticas públicas en este ámbito.

El giro de guion de la denuncia del joven de Malasaña, quien aseguró que un grupo de encapuchados le habían atacado en un portal, trascendió a principios de semana creando un gran revuelo y resultó ser una denuncia falsa. Este episodio ha provocado una tormenta política en la que parte de la oposición está pidiendo la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, por “instrumentalizar” un caso que ha resultado falso y por lo que consideran una sobreactuación del Gabinete de Sánchez.

Tanto desde el Ejecutivo como desde los colectivos LGTBI insisten en que, aunque este último caso haya resultado falso, la realidad que los datos indican es que las agresiones homófobas han ido aumentando de forma paulatina en el último lustro, una progresión que se frenó levemente en 2020 en un descenso que Interior achaca fundamentalmente a los efectos de la pandemia. En verano, el asesinato de joven Samuel Luiz una madrugada de julio en A Coruña, -que recibió una paliza mortal al grito de “maricón”, según declararon sus amigas- provocó una oleada de indignación y una gran movilización social. Todas las organizaciones que han acudido este viernes al encuentro convocado por Sánchez han tenido palabras de recuerdo para Samuel.

Las estadísticas del Ministerio del Interior reflejan que, en los seis primeros meses de este año, Policía y Guardia Civil recibieron 610 denuncias por infracciones relacionadas con delitos de odio, un 9,3% más que en el mismo periodo en 2019, cuando se contabilizaron 558 sucesos, cifra que hasta ahora marcaba el máximo desde que, en 2014, se iniciaron las estadísticas específicas sobre delitos de odio.

Propuesta de un pacto de Estado

La directora general de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, Boti G. Rodrigo, que también ha estado en la reunión, ha exigido a la salida que se acelere la tramitación de la conocida como ley trans: “Tiene que tramitarse ya, pero ya, de manera rápida”. “Es una reivindicación indispensable”, ha señalado Rodrigo, que espera que la ley se apruebe “por unanimidad”. “En España estamos viviendo mucha crispación. Los discursos de odio se han instalado en las instituciones, en los partidos políticos, en los medios de comunicación, en las redes sociales”, señalaba esta directora general del Ministerio de Igualdad a este periódico en un cuestionario respondido antes de la reunión. “El discurso de odio más extendido en redes sociales es el LGTBIfóbico. Constantemente se ponen en cuestión los derechos de las personas homosexuales, de las personas trans, se nos deshumaniza, se realiza una oposición numantina a cualquier demanda básica de igualdad. Todo eso cala en determinados sectores de la sociedad, minoritarios pero muy virulentos, muy reacios a admitir que las personas somos diversas”.

Además de los representantes de Interior o del coordinador contra los delitos de odio y discriminación de la Fiscalía de Sala, Fernando Rodríguez, han participado portavoces de diferentes organizaciones. Entre otras, de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP); del Consejo de Víctimas de Delitos de Odio; el Observatorio para la Libertad Religiosa, la Federación Española de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales o el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).

La presidenta de la FELGTB, Uge Sangil, ha celebrado el “compromiso” del presidente del Gobierno para trabajar contra los delitos de odio. Sangil, que también ha participado en la reunión, ha propuesto que se impulse un pacto de Estado de todas las fuerzas políticas presentes en el Congreso de los Diputados contra los discursos de odio, que “estigmatizan” y hacen “más vulnerables a las personas LGTBI”.

Para este sábado se mantiene la concentración convocada por Cogam (Colectivo LGTB+ de Madrid) a las 19.00 en la Puerta del Sol de Madrid en repulsa contra este tipo de actos violentos. “La realidad es que las víctimas están ahí, se producen [casos] todos los días, en todas partes. Y por eso tiene sentido mantener la concentración”, explicó a este periódico su presidenta, Carmen García de Merlo, tras conocer la falsa de denuncia de Malasaña.