Abuso sexual a menores: el caso que reventó en Vigo 20 años de silencio

Candela ha decidido contar su historia, aunque sea con nombre supuesto. Lo vio claro el pasado junio, cuando su corazón se aceleró al leer en la prensa que el hombre que tanto miedo y angustia le provocó a los 15 años había sido condenado por abuso sexual continuado a dos niñas. Jorge G. M. confesó haber manoseado el culo y el pecho de dos pequeñas de 10 y 13 años entre 2018 y 2020, mientras ejercía como ...

Candela ha decidido contar su historia, aunque sea con nombre supuesto. Lo vio claro el pasado junio, cuando su corazón se aceleró al leer en la prensa que el hombre que tanto miedo y angustia le provocó a los 15 años había sido condenado por abuso sexual continuado a dos niñas. Jorge G. M. confesó haber manoseado el culo y el pecho de dos pequeñas de 10 y 13 años entre 2018 y 2020, mientras ejercía como administrador en un colegio religioso de Vigo, pero no ha ido a prisión porque no tiene antecedentes. “Pensé que ya no podía seguir callada”, afirma esta joven de 29 años que trató al pederasta cuando compartían cancha de baloncesto, él como árbitro y ella como oficial de mesa.

Su caso es uno de los que se han destapado en el baloncesto gallego después de que Jorge G. M se sentara en el banquillo de los acusados. Este periódico ha recogido las historias de cuatro víctimas que ahora son mayores de edad y el relato de una familia que asegura que alertó sin éxito hace dos décadas a las autoridades deportivas del comportamiento inapropiado de Jorge G. M. con las menores. La existencia de estos testimonios ha sido puesta en conocimiento de la Fiscalía de Menores y algunas afectadas estudian emprender acciones legales.

En 2007, Candela tenía 15 años y Jorge G. M. era el adulto responsable de llevarla a casa tras un partido. Después de subirse al coche, en vez de arrancar, cuenta que se abalanzó sobre ella acercando las manos a sus pechos. A la menor no se le ocurrió otra cosa para salir de la situación que decirle que tenía prisa porque había quedado con unos amigos, recuerda. Él se echó atrás y encendió el vehículo. Ella llegó “temblando” a su cita. “No fui capaz de gestionarlo y no lo conté. Yo pensaba que había hecho algo malo, que lo había provocado”, afirma. Se sintió “sola e indefensa”.

Desde entonces, muerta de miedo, evitó quedarse a solas con él todo lo que pudo. Habló con el designador del comité de árbitros que adjudicaba los partidos para que no los pusiese nunca juntos. Le confió incluso lo que había ocurrido, pero le pidió que no se lo contase a nadie. Unos cuatro años después, cambiaron al designador y le solicitó lo mismo a su sustituto. Esta vez sus temores llegaron a oídos del ahora condenado por abusos. Un día se lo encontró en el pasillo de vestuarios y asegura que la arrinconó contra la pared pidiéndole explicaciones de por qué no quería arbitrar con él: “Me quedé petrificada, pero apareció alguien y me soltó”. Poco después ya no tuvo escapatoria: Jorge G. M. fue ascendido a designador y en su primer fin de semana en el cargo, de los 10 partidos que le asignó a Candela, cinco fueron compartiendo cancha con él.

Raquel, también con nombre supuesto, fue alumna del colegio donde trabajaba el pederasta, un centro del que este periódico no revela el nombre para preservar la identidad de las víctimas que aún son menores. Tenía 14 años cuando en 2008 su profesora le pidió que bajase al aula de los pequeños a buscar unas pinturas. La clase estaba aparentemente vacía porque los niños estaban en el recreo. Pero al entrar vio a Jorge G. M. sentado en el ordenador. Lo saludó y se dio la vuelta para coger las ceras. “Se levantó, se puso detrás de mí y me empezó a tocar las caderas, la cintura y el culo”, relata.

Es lo que recuerda de un episodio que nunca desveló a nadie y que su cerebro trató de borrar. Le quedó clavada en la mente la “desagradable” frase que él pronunció cuando ella le dijo que se tenía que ir: “¿No prefieres que nos quedemos aquí juntitos como hermanos?”. Volvió a su clase “descompuesta”. Después insistió varias veces en invitarla a ir con él a partidos de baloncesto, pero ella siempre se negó. Ahora, con 27 años y él condenado por abuso sexual a menores, Raquel revive con angustia cómo se sintió. No entendía por qué un hombre que la conocía desde niña y que hasta trataba a su familia le había hecho aquello: “No había entonces tanta visibilidad con estas cosas, yo llegué incluso a pensar si lo había malinterpretado…”.

Lucía G. L. tenía 15 años en 2017 y acababa de jugar un partido de baloncesto arbitrado por Jorge G. M. Entraron juntos en el túnel de vestuarios y, cuando se despidieron, la “agarró por el culo”: “Me quedé paralizada. Me dijo que no me preocupase, que ya tenía edad para tener algo con él. Me insinuó que entrara en su vestuario y me agarró el brazo. En ese momento salieron del mío cuatro compañeras y, al verlas, se apartó de mí”. Lucía entró en su vestuario y cerró la puerta con llave. Estaba sola y no tenía cobertura en el móvil. Después escuchó como alguien intentaba entrar a la fuerza, pero no tiene pruebas de que fuera él. Cuando se armó de valor para salir, lo vio cruzando la cancha.

Jorge G. M., de 52 años, ha sido un empleado muy popular en la Federación Gallega de Baloncesto. Es árbitro internacional de baloncesto en silla de ruedas y un miembro activo del comité gallego de árbitros desde hace más de 30 años. No solo ha ejercido de colegiado y de administrativo en la federación sino también de fotógrafo, tomando imágenes en partidos infantiles. En agosto de 2020, cuando ya había sido denunciado por abusos a las dos escolares y despedido del colegio donde trabajaba, fue premiado en la gala anual del deporte de Vigo que patrocina el Ayuntamiento.

La Federación Gallega de Baloncesto informa de que despidió a Jorge G. M. el pasado 31 de mayo, seis días después de que él mismo les comunicase que sería juzgado el 23 de junio por abuso sexual a menores. El aviso de que a su empleado lo habían echado de un colegio en febrero de 2020 por un caso de pederastia lo recibió la entidad siete meses antes, en octubre de ese mismo año, a través de un correo de una persona que estaba al tanto de lo ocurrido y que también alertó al Consejo Superior de Deportes y a la Federación Española de Baloncesto (FEB). El Comité Asesor para la Prevención, Detección y Actuación frente al Acoso y Abuso Sexual abrió un expediente en el que Jorge G. M. admitió que había sido llamado a declarar ante un juez y que concluyó que las posibles medidas disciplinarias por el caso recaían en la federación gallega por tratarse de un árbitro de baloncesto infantil.

La Federación Gallega de Baloncesto, sin embargo, no tomó ninguna medida para apartar provisionalmente a Jorge G. M mientras se aclaraba su situación judicial y evitar que estuviese en contacto con menores. El presidente de la entidad desde 2006, Francisco Marín, justifica la decisión en que, a su juicio, el expediente no especificaba “cuál era el asunto de su declaración en el juzgado”. “Hemos actuado con contundencia y prudencia”, defiende. “Yo en mi caso tengo que ser prudente, no puedo ir acusando, tiene que ser demostrado”.

La federación ha ofrecido el asesoramiento de sus servicios jurídicos para las posibles víctimas que quieran acudir a los tribunales (tres ya han consultado con ellos, informa), pero su presidente no ve posible que la entidad inicie acciones legales por su cuenta: “No sabíamos nada de lo que había pasado. Nunca nadie denunció nada, es un tema que nos sorprendió”. Anima a las afectadas a acudir a la Fiscalía.

La familia de una niña que jugaba al baloncesto hace 20 años asegura, no obstante, que ya entonces alertó verbalmente a la federación gallega del alarmante comportamiento del árbitro con las menores. A esta jugadora de solo 13 años Jorge G. M. le enviaba mensajes a su móvil “diciendo que quería quedar con ella”, afirma la familiar de la niña, que no olvida la “cara de terror” de la cría. “Le enseñé el teléfono a la federación de Vigo y avisé también a la federación gallega”, añade. Según su relato, el ahora condenado por pederastia fue apartado del arbitraje durante unos cuatro meses, aunque siguió pisando las canchas haciendo fotos: “Le dije a todo el mundo que con los años todo saldría, pero nunca pensé que tardaría tanto. Ellos [por la federación] lo sabían y miraron para otro lado”. El presidente de la federación gallega asegura no haber encontrado rastro de esa supuesta sanción en sus archivos ni directivos de aquella época que recuerden la queja por los mensajes telefónicos.

Lucía G. L. explica que decidió no denunciar a Jorge G. M. porque no podía demostrar lo que le había pasado y sabía “el poder que él tenía” en el mundo del baloncesto. “Tuve que soportar que me siguiera arbitrando y tuve que seguir viéndole comportarse como la persona superagradable que le cae bien a todo el mundo”, lamenta sobre una persona que se relacionaba incluso con su familia. “Cuando vi la noticia [de su condena] por el caso del colegio me sentí muy culpable. Lo que se me pasó por la cabeza es que tenía que haber denunciado, que si lo hubiera hecho él tendría antecedentes”.

“Muchas víctimas y muchos verdugos”

La madre de las dos escolares de las que abusó revela con mucho dolor lo sola que se ha sentido en su lucha para sentar a Jorge G. M. en el banquillo. Cuando sus hijas le contaron lo que les hacía el hombre que ejercía desde hacía más de 20 años como administrador en el colegio, dice que le pidió a la asociación de madres y padres del centro que investigara si había otras quejas similares. Las pequeñas aseguraban que este hombre, que en la escuela tenía fama de “persona afable, atenta y cariñosa”, las sobaba.

Su petición fue ignorada, sostiene, y fue ella la que actuó. Acudió a hablar con el ahora condenado para reprocharle su comportamiento y advertirle de que no se volviera a acercar a las menores. Grabó la conversación, que luego sirvió de prueba en la causa judicial. Cuando se enteró de que él había vuelto a manosear a una de las niñas, esta vez metiéndole la mano por debajo de la ropa, lo denunció ante la dirección del centro y les avisó de que sus hijas aseguraban que había más víctimas.

El colegio concertado realizó una investigación interna de seis días, concluyó que los testimonios de las menores tenían “total credibilidad” y despidió a su empleado. Era febrero de 2020. “Me dijeron que consideraban solucionado el problema, que denunciarlo fuera lo tenían que hacer los padres y que no se lo iban ni a comunicar a la Xunta. Lo vi muy grave, porque este señor trabajaba con niños. Era como saber que un terrorista va a atentar y callarse”, declara la madre, quien atribuye a los rumores que empezaron a correr sobre los motivos del despido de Jorge G. M. y a las presiones de las familias que el centro acabara poniendo los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Menores.

La dirección del colegio niega haber dudado sobre si acudir o no a la justicia. “Se envió inmediatamente a Fiscalía, no hubo ninguna duda ni se quiso tapar nada”, señalan fuentes de la escuela, que explican que no le comunicaron a la Xunta lo ocurrido porque no son un centro de titularidad pública. La Consejería de Educación confirma que no fue alertada y que la normativa estatal no obliga a hacerlo cuando se trata de una escuela concertada.

El estallido de la pandemia y el cambio del fiscal encargado de la investigación amenazaban con retrasar la causa, así que, para evitarlo y aconsejada por personas conocedoras de los entresijos de la tramitación judicial, la madre de las pequeñas puso una denuncia en el juzgado de guardia el 19 de mayo de 2020. La Fiscalía pidió ocho años de cárcel para Jorge G. M. pero el caso no llegó a ir a juicio en la Audiencia Provincial de Pontevedra. El pasado junio el acusado confesó los hechos y llegó a un acuerdo con el ministerio público que le permitió rebajar la condena a dos años y eludir la cárcel con la condición de que no delinca en el próximo lustro.

La madre de las víctimas explica que aceptó el pacto para evitarle a sus hijas tener que volver a declarar en sala y además en presencia de su abusador, una exigencia que la ley de protección de la infancia aprobada el pasado abril ha eliminado. Había conseguido lo que quería: que con esos antecedentes penales el encausado no volviese a trabajar con niños. “Si llego a saber todos los casos de testimonios de mujeres que salen ahora, hubiera ido a juicio y lo hubiera metido en la cárcel. Me duele pensar que podía haber hecho más y, sin embargo, me quedé en el medio porque antes nunca nadie lo denunció”, señala con rabia y tristeza. “En esta historia hay muchas víctimas y muchos verdugos. Toda la sociedad lo ha permitido”.