El certificado covid se impone en el día a día de 21 países europeos

El certificado europeo covid —que acredita haber sido vacunado, disponer de un análisis negativo o haber superado la enfermedad— ha pasado, en poco más de un mes, de ser un documento útil para viajar a convertirse, de manera creciente, en un controvertido pero imprescindible salvoconducto para la vida cotidiana. Ya se han expedido más de 300 millones de certificados en toda la UE (13 millones en España) y 21 países ...

El certificado europeo covid —que acredita haber sido vacunado, disponer de un análisis negativo o haber superado la enfermedad— ha pasado, en poco más de un mes, de ser un documento útil para viajar a convertirse, de manera creciente, en un controvertido pero imprescindible salvoconducto para la vida cotidiana. Ya se han expedido más de 300 millones de certificados en toda la UE (13 millones en España) y 21 países lo exigen para acceder a conciertos, espectáculos, encuentros deportivos, bodas, bares o piscinas. Cada uno tiene su sistema y sus restricciones.

El certificado es requisito imprescindible para entrar en los cines de Francia, para visitar un museo en Viena, para darse un baño en una piscina italiana o para alojarse en cualquier hotel de Portugal. En Grecia los restaurantes se han clasificado en tres categorías que distinguen entre los que solo admiten personas con el certificado de vacunación, los que toleran también a personas con una prueba negativa y los que garantizan que todos los empleados del establecimiento han sido vacunados.

El aforo de recintos culturales o gimnasios se amplía en Rumania si los clientes acuden con el certificado de vacunación. Y lo mismo ocurre con el número de invitados permitidos a las bodas en Croacia. En Dinamarca es imposible asistir a un partido de fútbol con más de 2.000 espectadores sin aportar el salvoconducto de la covid-19. Y en Malta ni siquiera se puede entrar al país sin un documento que hace solo tres meses parecía solo una idea remota. Solo un puñado de países, con Alemania y España entre ellos, no han introducido de momento ningún uso adicional para el certificado. Otros, tienen una tasa de vacunación tan baja que no parecen en condiciones ni siquiera de planteárselo, como es el caso de Bulgaria (17,8%).

En España, solo Galicia lo ha impuesto para el interior de la hostelería y el ocio nocturno porque Andalucía, Cantabria y Canarias, que quisieron hacerlo, no recibieron el aval judicial pertinente.

La mutación del certificado en llave para el día a día ha provocado movimientos de protesta en países como Francia o Alemania, donde la población reacia a la vacunación se siente conminada a aceptarla so pena de convertirse en parias sociales. El debate parece llamado a arreciar aún más con el salto del certificado al ámbito laboral tras la decisión de algunos países de exigir la vacunación a sanitarios, docentes o profesionales en contacto con población vulnerable.

La Comisión Europea, presidida por Ursula Von der Leyen, celebra sin ambages el éxito del certificado como “un símbolo de una Europa abierta y segura”, según descripción de una fuente oficial del organismo. Y parece innegable que en apenas unas semanas desde su entrada en vigor el 1 de julio, el proyecto ideado por la Comisión para facilitar la movilidad entre los países de la Unión se ha convertido en uno de los documentos que a partir de este verano convendrá llevar siempre a mano.

El sistema ya está operativo en más de 30 países, incluidos los 27 socios de la Unión, más Suiza, Noruega, Islandia y el Vaticano. Bruselas aspira a que el pionero modelo europeo se erija como estándar internacional. “Estamos dando pasos para reconocer certificados expedidos por otros países, aunque para ello deben ser interoperables con sistema de la UE y permitir la verificación de su autenticidad, validez e integridad”, ha señalado esta semana el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders.

La puesta en marcha del certificado, sin embargo, ha desencadenado protestas entre la parte de la población que lo considera como una medida coercitiva para forzar la vacunación o como una invasión en su vida privada. Las manifestaciones en contra han arreciado, sobre todo, en Francia, el país que ha ido más lejos en la imposición del certificado como salvoconducto para numerosas actividades y que a partir de septiembre suspenderá de empleo y sueldo al personal del sector sanitario, sociosanitario y otros profesionales que se nieguen a vacunarse.

El eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar, negociador parlamentario del reglamento que estableció en tiempo récord el certificado digital, subraya que su objetivo exclusivo “es reactivar la circulación de personas en el seno de la UE y con países terceros y en ningún caso puede utilizarse para otros propósitos”. Durante la elaboración del reglamento se tomó en cuenta el riesgo de que provocase una discriminación entre las personas vacunadas y no vacunadas, sobre todo, en un momento en que la tasa de pinchazos por habitante era todavía muy baja. Por ello se añadió la posibilidad de incluir en el certificado la superación de la enfermedad o un análisis negativo, y se reguló su uso solo para los desplazamientos con cruce de fronteras.

Medidas inevitables

Pero López Aguilar, que preside la comisión parlamentaria que tramitó el reglamento, ve “inevitable que si la pandemia no da tregua, los Estados miembro aprovechen el certificado para adoptar medidas restrictivas en su legislación nacional, como ya ha ocurrido en Francia o Italia”.

Alberto Alemanno, profesor de derecho europeo en la escuela de negocios HEC de París, señala que “los certificados covid-19 pueden parecer la promesa de una solución mágica para recuperar la movilidad global y reabrir las economías, pero se corre el riesgo de que creen nuevas fronteras y nuevas formas de desigualdad”. Alemanno teme que el certificado introduzca un mecanismo de clasificación y exclusión de las personas basado “en delimitar qué cuerpos son seguros y cuales inseguros”.

La eurodiputada liberal holandesa Sophie in’t Veld, que estuvo muy involucrada en la negociación del reglamento, cree que “sin el certificado, la situación sería aún mucho peor en Europa”. La europarlamentaria lamenta, sin embargo, que las restricciones adicionales que toman como base el certificado “se estén adoptando a nivel nacional y no a nivel europeo, con una falta de armonización y un caos más propio del salvaje oeste”.

El riesgo, sin embargo, es que a falta de base legal europea o nacional, el sector privado introduzca sus propias normas y limite derechos fundamentales sin control político o judicial previo. “Muchas compañías ya están adoptando sus propias restricciones, desde no admitir clientes sin vacunar a obligar a sus trabajadores” advierte In’t Veld. El profesor Alemanno augura “una creciente resistencia, también a través de los tribunales, contra la naturaleza inherentemente discriminatoria de los certificados”.

De momento, sin embargo, los partidarios de explotar al máximo el certificado se han apuntado una importante victoria. El Constitucional francés validó el jueves la mayor parte de las medidas adoptadas por el gobierno de Emmanuel Macron, incluida la vacuna obligatoria para el sector sanitario y el certificado como requisito para acceder a bares, restaurantes o centros comerciales. París ya planea expedir el certificado también a los turistas extracomunitarios que visiten Francia y que puedan demostrar que se han vacunado con alguna de las vacunas autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento, lo que excluye la rusa Sputnik y las chinas, que son mayoritarias en países pobres.

López Aguilar, ex ministro de Justicia, señala que las medidas coercitivas francesas “en España requerirían una ley orgánica, porque afectan a derechos fundamentales”. Y advierte de que su aplicación a las bravas por parte del sector privado provocará “una espiral de impugnaciones que conducirá a un escenario de inseguridad jurídica”.

En España, cinco comunidades autónomas ya han reclamado al Gobierno que impulse una ley para imponer la vacunación obligatoria al personal sanitario. También lo han hecho las patronales de las residencias de mayores. En EE UU, algunas grandes compañías ya lo exigen a sus empleados e incluso despiden a los que se resisten. Varias fuentes reconocen que la tendencia cruzará el Atlántico, aunque advierten que en muchos países, incluida España, ese tipo de despido sería con toda probabilidad declarado ilegal por los jueces.

Para la eurodiputada Sophie in’t Veld, las medidas de coerción “son contraproducentes, cuanto más se presione a la gente, más resistencia habrá”. In’t Veld recuerda que “se puede prohibir que la gente entre en ciertos sitios pero no se puede prohibir la entrada en todos los sitios, así que sería mucho mejor persuadir a la gente de la necesidad de vacunarse”. La parlamentaria subraya el éxito de las campañas de inmunización acometidas desde los años sesenta, que alcanzaron coberturas de hasta el 95% sin necesidad de hacerlas obligatorias.

Empujón de Macron

Pero Macron, una vez más, ha mostrado que un empujón puede llevar a los ciudadanos más remolones a poner el brazo delante de la jeringa. A la mañana siguiente de que el presidente francés anunciase sus medidas draconianas para cerrar el paso a las personas no vacunadas, más de 1,3 millones de personas se registraron para recibir el pinchazo, cifra que marcó un récord desde el inicio de la campaña hace siete meses en Francia.

El eurodiputado López Aguilar está convencido de que “la mayoría de la gente está dispuesta a aceptar ciertos filtros y condiciones para intentar recuperar la vida normal que teníamos antes de la pandemia”. Pero avisa de que “hay una minoría que va a plantear mucha resistencia”. En Francia, las protestas se repiten cada sábado. Ayer fue la cuarta vez, y las manifestaciones sumaron unas 237.000 personas, 30.000 más que el sábado anterior, según el Ministerio del Interior. En Alemania, el pasado domingo hubo más de 600 detenidos en el transcurso de manifestaciones no autorizadas. La batalla política, social y judicial del certificado no ha hecho más que comenzar en Europa.