El Gobierno de Boris Johnson irrita a la industria turística con su confusión de mensajes
Miles de británicos reservan vuelos a destinos incluidos en la “lista ámbar”, en los que figura España
Los primeros análisis realizados por algunos medios británicos y por consultorías especializadas en turismo, después de que el Gobierno de Johnson levantara el pasado lunes la prohibición absoluta de viajar al extranjero, dibujan un juego del gato y el ratón. Cerca de 270.000 personas habrían volado a lo largo de la semana a destinos incluidos en la ”lista ámbar”, como España, Francia o Italia, según cálculos exp...
Los primeros análisis realizados por algunos medios británicos y por consultorías especializadas en turismo, después de que el Gobierno de Johnson levantara el pasado lunes la prohibición absoluta de viajar al extranjero, dibujan un juego del gato y el ratón. Cerca de 270.000 personas habrían volado a lo largo de la semana a destinos incluidos en la ”lista ámbar”, como España, Francia o Italia, según cálculos expuestos por el diario The Daily Telegraph. Downing Street ha intentado desesperadamente desanimar las ansias de sol de los ciudadanos con una cadena de mensajes confusos que ha irritado a la industria turística.
A medida que avanzaba con éxito la campaña de vacunación, el Gobierno de Johnson alimentaba las expectativas de un futuro horizonte de vacaciones, cuyas reglas de viaje serían anunciadas el 17 de mayo. Llegó el lunes, y resultó ser un jarro de agua fría para todos. El sistema de semáforo diseñado por el Ministerio de Transportes restringía a una mínima “lista verde” los 12 destinos a los que los británicos podían viajar sin restricciones. Portugal y Gibraltar son los únicos territorios europeos de un grupo que incluye a Australia, Nueva Zelanda, Israel, Singapur y las islas Malvinas. Prácticamente, la mayoría de socios de la UE entran por defecto en la “lista ámbar”, donde las cortapisas que supone desplazarse han dejado en suspenso los planes de muchos ciudadanos de escaparse a mejores climas.
Cualquier británico que viaje a España, por ejemplo, sabe que estará obligado, a su regreso, a cumplir con un proceso que implica costes personales y económicos. Deberá pagar una PCR, realizada en las 72 horas previas a su vuelo de vuelta, y demostrar que el resultado es negativo. Antes de poner un pie en el avión, tendrá que haber contratado por internet dos PCR más, que realizará ya en suelo británico. Porque al llegar al Reino Unido tendrá inevitablemente que guardar una cuarentena de diez días, y someterse a dos pruebas del virus en la segunda y octava jornada. A pesar de los convenios realizados de modo acelerado entre aerolíneas y turoperadores con algunos laboratorios, el precio mínimo de todas esas pruebas sube a algo más de doscientos euros por persona.
Asociaciones como Balpa, uno de los principales sindicatos de pilotos, han acusado al Gobierno de Johnson de un “exceso de precaución” que está poniendo en riesgo los ingresos, trabajos y esperanzas de un sector multimillonario. “Prácticamente todos los destinos turísticos más codiciados de Europa, como España, Francia o Grecia, están en la categoría ámbar, que resulta igual de perjudicial que la categoría roja [donde el viaje está absolutamente prohibido, salvo excepciones muy limitadas] en lo que a los viajeros se refiere, con esa potencial cuarentena obligatoria a su regreso”, ha dicho Brian Strutton, el secretario general de Balpa.
Mensajes confusos
El ministro británico de Transportes, Grant Shapps, contribuyó a la confusión el viernes, al sugerir que el Reino Unido ampliaría pronto la lista verde de países donde es posible viajar libremente, pero seguía exigiendo a los británicos “sentido común” para planificar sus vacaciones. “Hemos abandonado una situación en la que todo estaba prohibido, todo era ilegal —a la que nos hemos acostumbrado durante el último año— para pasar a otra en la que simplemente pedimos a los ciudadanos que sean sensatos”, decía Shapps en Sky News. Sin embargo, apenas unas horas antes, su colega de Gabinete, el ministro de Sanidad, Matt Hancock, seguía trasladando en la Cámara de los Comunes el mensaje de que los viajes a los países en la lista ámbar solo debían realizarse por motivos muy concretos. “Creo que se ha expresado con una claridad absoluta. No debe viajarse a los países en el grupo ámbar o rojo salvo que concurran circunstancias excepcionales”, advertía Hancock.
El Gobierno de Johnson ha anunciado su intención de revisar el listado de países incluidos en cada grupo cada tres semanas. Es decir, para principios de junio debería dejar claro si mantiene su rigidez con destinos como España, cuyo Gobierno ha anunciado ya vía libre a partir del lunes para la entrada de británicos, o apuesta por mantener durante algo más de tiempo las restricciones.
La oposición laborista ha decidido hincar el diente en la confusión generada por Downing Street, y exigir unas reglas de viaje más claras. Pero también más estrictas. “Llevamos un año con nuestras fronteras abiertas, y es justo ahora que comienza a extenderse la variante india del virus por nuestro país cuando el primer ministro decide debilitar aún más nuestros sistemas de control”, acusaba el líder de la oposición, Keir Starmer, a Johnson, durante la sesión de control del pasado miércoles en la Cámara de los Comunes. “Está muy claro, no se debe viajar a un país de la lista ámbar salvo en circunstancias extremas, como la enfermedad grave de algún familiar. En ningún caso para disfrutar de unas vacaciones”, respondía el primer ministro británico, con una afirmación que se contradecía con la realidad legal. Johnson cuenta con el apoyo de su grupo de asesores científicos, conscientes del enorme esfuerzo que el Reino Unido ha tenido que hacer para salir de una ola que comenzó en Navidades y devastó al país. “Cuando viajas al exterior, no es lo mismo zambullirse en una laguna en la que nade un tiburón que hacerlo en otra la que nadan cien. Las posibilidades de que acabes siendo atacado aumentan”, explicaba Jonathan Van-Tam, el vice médico jefe de la sanidad pública de Inglaterra, con una metáfora desafortunada a oídos de la industria turística.
Las maniobras del Gobierno de Johnson son una respuesta a las decisiones adoptadas por la UE, que ha comenzado a anunciar la apertura de sus fronteras este verano a los ciudadanos que hayan recibido tratamiento completo de vacunación. Los británicos han comenzado a programar sus viajes al exterior, y Downing Street teme que su policía de fronteras sea incapaz de gestionar un sistema de control tan exhaustivo. La ministra del Interior, Priti Patel, ha advertido a los potenciales viajeros británicos que cuenten con que alguien “llamará a su puerta” cuando regresen al Reino Unido, para comprobar si cumplen la cuarentena. En los últimos días, según el propio Gobierno, se han realizado ya más de 30.000 de esas visitas. Decía Winston Churchill que, en Inglaterra, cuando alguien llama a la puerta a las tres de la madrugada, solo puede ser el repartidor de leche. Quizás lo de la madrugada sea excesivo, pero el Ejecutivo de Johnson ya ha decidido hace tiempo que la pandemia ha desbordado hasta las tradiciones más británicas.