El insoportable peso del proceso penal para las víctimas de violación

A. intuía a lo que se enfrentaba cuando entró en la sala de vistas de la Audiencia de Barcelona para declarar como víctima de una agresión sexual en grupo. Su abogado la había preparado para un interrogatorio intenso, que la haría revivir el horror del 3 de febrero de 2019, cuando fue violada tres veces, de forma consecutiva, en una antigua nave industrial de Sabadell....

A. intuía a lo que se enfrentaba cuando entró en la sala de vistas de la Audiencia de Barcelona para declarar como víctima de una agresión sexual en grupo. Su abogado la había preparado para un interrogatorio intenso, que la haría revivir el horror del 3 de febrero de 2019, cuando fue violada tres veces, de forma consecutiva, en una antigua nave industrial de Sabadell. También el fiscal se había reunido con ella poco antes. Pero esa mentalización no impidió que, llegado el momento, la voz de A., que declara protegida por una mampara, se quebrara.

Las imágenes del juicio, que fue público, mostraron cómo ese mismo fiscal, que pide elevadas penas de prisión —de 37 a 41 años— y conoce el asunto porque lo impulsó desde el principio, llevó a cabo un interrogatorio áspero, con escasa empatía hacia la víctima e interrupciones: “¿Está segura de eso?”, “¿intentó escapar de la habitación?”, “¿recuerda la iluminación de la sala?”. Dicen sus compañeros, que le apoyan tras las críticas recibidas, que solo pretendía blindar la acusación, que no está acostumbrado a grandes juicios.

Los especialistas en violencias sexuales no dudan de la buena fe del fiscal, pero creen que su deslucida actuación muestra las dificultades del proceso penal para hacer aflorar la verdad y proteger, al mismo tiempo, a las víctimas de delitos sexuales. Estas soportan a menudo una carga excesiva y viven como una segunda violencia un sistema que las hace recordar una y otra vez el horror vivido.

La declaración de una víctima de violación como A. suele ser la principal prueba de cargo en el juicio, la “columna romana” de la acusación, cuenta Laia Serra, abogada especializada en violencias sexuales e investigadora. Y ese es el origen del problema. El proceso penal se vuelca sobre las espaldas de la mujer, lo que puede derivar en un proceso de victimización secundaria. “Se le pide tanta información y tan detallada que recibe una presión innecesaria. Hay datos, como los metros del local o si el agresor eyaculó, que se podrían saber con otras pruebas”, señala Serra.

El remedio: que las investigaciones previas sean más sólidas, buscar maneras de evitar que las mujeres tengan que repetir una y otra vez el relato y, llegado el juicio, que su declaración no deba ser extenuante. “Nuestro proceso penal está construido sobre la base de asegurar garantías para los acusados, pero no ha pensado tanto en garantizar los derechos de las víctimas”, ahonda Altamira Gonzalo, abogada especializada en violencia machista y vicepresidenta de la asociación de Mujeres Juristas Themis.

Que la víctima explique las circunstancias de la agresión, por duro que sea, forma parte de las reglas del juego procesal: el juicio se rige por el principio de contradicción, y la testigo debe contestar a las acusaciones, pero también a las defensas. Pero las expectativas sobre los recuerdos que puede aportar son demasiado elevadas. Lo corrobora la literatura científica. Psicología del testimonio, de Margarita Diges y José Joaquín Mira, apunta que las vivencias traumáticas, como una violación, generan una memoria fragmentada. “La víctima no puede recordar de la manera en que el fiscal quiere”, dice Serra.

El desconocimiento sobre los procesos mentales que experimentan las víctimas es general en los operadores jurídicos, opina también Alba Alfageme, psicóloga especialista en violencias sexuales y profesora de la Universidad de Barcelona. “Piensan que las contradicciones, los olvidos o los recuerdos espontáneos restan credibilidad. Sabemos que no es así”. Tanto Alfageme como Lucía Avilés, magistrada y fundadora de la Asociación de Mujeres Juezas, defienden que “no hay que dejar que recaiga todo el peso en la mujer”. Invitan a jueces y fiscales a “flexibilizar” sus planteamientos —en especial, su forma de conducir las preguntas— y reclaman mayor formación en técnicas de interrogatorio.

Elena (nombre figurado) recuerda las ganas de huir del juicio a su violador —”lo único que quería era salir de allí”—, que tuvo lugar en 2013. Desde que puso la denuncia hasta que testificó en el juicio, tuvo que relatar lo vivido casi una decena de veces. “Mientras lo explicas, te vienen recuerdos: el cuchillo en el cuello, mi hija en la habitación de al lado…”. Antes del juicio, le dolieron los comentarios de los Mossos d’Esquadra (su agresión tuvo lugar en Cataluña) sobre si en su país, que pide no revelar, “se acuestan tíos con sobrinos”. Y después de la condena, de 13 años y medio de cárcel, le duele que él esté en la calle y que nadie la avisara aunque tiene orden de protección. En definitiva, señala que las instituciones le han ido fallando a lo largo de todo el proceso.

Solo el 8% de las mujeres que fueron agredidas sexualmente fuera del ámbito de su pareja denunciaron al agresor, según la Macroencuesta de Violencia contra las Mujeres de 2019. Organizaciones como la Federación de Asociaciones de Asistencia a Víctimas de Violencia Sexual y de Género, FAMUVI, alertan de que esos porcentajes no van a mejorar mientras no lo hagan los procesos que afrontan las denunciantes. “Mientras no solucionen este problema y dejen de poner el foco en ellas, las mujeres no se atreverán a hacerlo”, señala Mariti Pereda, su presidenta.

¿Qué se puede hacer para que la víctima se sienta un poco más cómoda en el juicio? Para empezar, coinciden las fuentes consultadas, hay que explicarle previamente el porqué de las preguntas para que las afronte con más recursos. Un error que destacan en el caso de Sabadell es que se le preguntase a la víctima si estaba “segura” de sus manifestaciones, puesto que así se desconcentra, pierde el hilo. No hay que cuestionar, dicen, sino dar la oportunidad de explicarse. Hacer pedagogía y dar tiempo a las víctimas para responder son medidas, recuerda Avilés, que ya podrían ponerse en marcha sin necesidad de cambiar ninguna ley, pero “en líneas generales no se aplican”.

“Se acaba juzgando la conducta de las víctimas y no los hechos, y eso redunda en la revictimización”, zanja Alfageme. Y eso a pesar de que, según explicó el abogado de A., Jorge Albertini, para ella el interrogatorio fue más bien “una catarsis” y “una terapia”. Albertini admite que hubo “preguntas dolorosas”, pero aplaude la intervención del fiscal.

Herramientas

El funcionario ha recibido el apoyo de sus compañeros. La presidenta de la conservadora Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, asegura que en los casos de violación “a veces la única prueba de cargo es la declaración”, y por eso el fiscal es puntilloso, aunque siempre le mueve “la protección del más débil”. Existe también, dice, un factor humano: el talante de cada fiscal. Pero para las expertas eso debe ser secundario: “No es un tema de empatía o de tono, sino de tener herramientas profesionales para dirigir un interrogatorio: descifra su lenguaje visual, no la cortes, déjala que se explique”, dice Serra.

Altamira Gonzalo ve además necesario un relevo generacional: “A partir de unas edades, estamos educados en una mentalidad de desigualdad absoluta. Y esta manera de pensar se traslada en pleitos y sentencias”.