La justicia reintegra la autonomía de Alicia, una mujer con discapacidad intelectual que es el “sostén” de su familia

Han pasado 13 años desde que la justicia incapacitó a Alicia (nombre ficticio). Esta mujer, que tiene una discapacidad intelectual moderada reconocida, se quedó embarazada cuando tenía 27 años. El progenitor del bebé la había abandonado, así que los padres de Alicia temieron que tras el nacimiento pudiera intentar manipular a Alicia o aprovecharse de la situación. Para intentar protegerla, el padre de Alicia promovió la incapacitación de su hija, una acción que limitaba sus facultades para obrar libremente. Lo hizo sin el consentimiento de Alicia, que lamenta que él actuara así. Tiempo después...

Han pasado 13 años desde que la justicia incapacitó a Alicia (nombre ficticio). Esta mujer, que tiene una discapacidad intelectual moderada reconocida, se quedó embarazada cuando tenía 27 años. El progenitor del bebé la había abandonado, así que los padres de Alicia temieron que tras el nacimiento pudiera intentar manipular a Alicia o aprovecharse de la situación. Para intentar protegerla, el padre de Alicia promovió la incapacitación de su hija, una acción que limitaba sus facultades para obrar libremente. Lo hizo sin el consentimiento de Alicia, que lamenta que él actuara así. Tiempo después, el padre falleció y su madre enfermó. Alicia tomó las riendas de la familia. Además de trabajar limpiando calles y habitaciones de hotel y de educar a su hija, de 12 años, también empezó a cuidar de su madre, de 73 años, de dos hermanos y de sus sobrinos. Se convirtió en el “principal sostén de la familia”. Así la define una sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid, que hace un mes revirtió la incapacitación decretada en 2007 al apreciar, en una resolución infrecuente, que ya es firme, que alguien con su esfuerzo y “habilidades para autogobernarse” no debe ser considerada así. El Consejo de Ministros aprobó en verano una reforma civil y procesal, pendiente ahora de tramitarse, para suprimir la incapacitación judicial de las personas con discapacidad.

Solo su familia conoce esta situación de Alicia, que no quiere mostrarse ni decir su nombre real ni la localidad vallisoletana donde reside. Prefiere la discreción absoluta. Usa gafas, tiene el pelo negro y sonríe mucho, tanto que la mascarilla roja se le eleva sobre los pómulos delante de un café. Tiene motivos de celebración: la Audiencia Provincial de Valladolid ha reconocido que “atiende” a su madre y a su hija “con la mayor diligencia” apoyada por los ingresos que obtiene gracias a trabajos como camarera de hotel o barrendera. También recibe una prestación de unos 300 euros mensuales. Todo porque ha adquirido “capacidades y responsabilidades” que le han permitido acceder al mercado laboral u obtener el permiso de conducir motos y coches. Nunca ha tenido accidentes ni multas.

La decisión judicial admite “cierto riesgo”, pero aun así ha rechazado los argumentos de la Fiscalía y del forense, que insistieron en que “sus facultades mentales siguen ligeramente disminuidas por su retraso mental [término que los colectivos que luchan por los derechos de las personas con discapacidad tratan de desterrar] como lo estaban cuando se dictó la sentencia de incapacitación”. El ministerio público señalaba que esta circunstancia le impedía “gobernarse con plena autonomía” y la hacía “vulnerable”, especialmente en lo patrimonial.

La Audiencia, en cambio, ha ensalzado sus aptitudes para gestionar su vida con el valor extra de la “conciencia” de su discapacidad intelectual antes de acometer decisiones de relieve, como cuando se asesoró sobre qué coche comprar antes de proceder a ese desembolso económico. Su abogada, Alejandra Pizarro, explica que una de las claves del asunto reside en los automóviles. Su defendida adquirió uno hace un tiempo y lo remplazó a principios de 2020. En ambos casos lo hizo sin la firma de su madre, quien legalmente debería autorizar estas acciones. La solvencia para hacer todos los trámites de compra y la elección más concienzuda evidencia, para Pizarro, la independencia de Alicia y lo ha convertido en uno de sus principales argumentos en los tribunales.

Un camino complicado en los tribunales

La jurista relata la dura travesía legal. Primero hubo que demandar a su madre, que era la figura sobre la que descansaban las responsabilidades de Alicia. La mujer colaboró, sabedora de que algún día su hija necesitaría el reconocimiento formal de la autonomía que exhibía cotidianamente. Comenzó así un proceso que se topó hace más de un año con el juzgado de primera instancia número 13, del área de Familia, de Valladolid, un muro que parecía insalvable porque sintieron que no recibieron la atención necesaria. “Estos temas sensibles y subjetivos requieren más tiempo para su correcta valoración, como pide el Supremo, no son formalidades. Se deshumanizan por el colapso de los tribunales”, critica la letrada. Su cliente se indigna y lo resume en una frase: “La juez no nos escuchó”.

El “lapidario” informe forense emanó, añaden, de una entrevista de apenas cinco minutos en dos sesiones. Insuficiente, dicen, para calibrar las facultades de Alicia, que apeló y encontró comprensión en los tres magistrados de la Audiencia Provincial. Pizarro empezó a cambiar de perspectiva: por fin vislumbró posibilidades de éxito. La sesión de evaluación en ese juicio de apelación duró dos horas y esta vez sus familiares pudieron intervenir para defenderla. La decisión es firme desde este martes.

La sentencia se lleva el aplauso de asociaciones que defienden a personas con discapacidades intelectuales, como la Fundación Down España. Agustín Matía, su gerente, celebra una noticia “nada habitual” y “muy loable” porque afirma que las sentencias de incapacitación tienden a ser muy rígidas. La resolución, apunta, “marca camino al sentido que ha definido el artículo 12 de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, cuando ha planteado que se elimine la figura legal de la incapacitación legal”, un factor que implica “la muerte civil de la persona incapacitada”. Lo ocurrido, espera Matía, puede animar a que otros sigan su ejemplo. Cristóbal Fábrega, fiscal de Jaén especializado en discapacidades, tilda de “simbólicos” los casos similares al de Alicia, sobre los que reitera que apenas hay registros.

Alicia, a sus 40 años, respira feliz. “Ahora puedo hacer lo que me dé la gana”, dice. Pero con cabeza, como siempre. Aunque su hija preadolescente, que le dio un fortísimo abrazo cuando supo el desenlace judicial, le insiste para que se cambien de casa, Alicia no abandonará el hogar porque siente una responsabilidad con el resto de la familia. La mudanza tendrá que esperar. Alicia, más que nunca, manda en casa.