El inicio del curso universitario en el Reino Unido pone en guardia a los científicos

Es un duelo a tres bandas y el Gobierno de Boris Johnson se resiste a perderlo. Por un lado, el sindicato británico de estudiantes universitarios, UCU (en sus siglas en inglés), que alerta de que las universidades pueden ser a la segunda ola del coronavirus lo que las residencias de mayores fueron a la primera; por otro, unas instituciones académicas que dependen para su financiación de un elevado núme...

Es un duelo a tres bandas y el Gobierno de Boris Johnson se resiste a perderlo. Por un lado, el sindicato británico de estudiantes universitarios, UCU (en sus siglas en inglés), que alerta de que las universidades pueden ser a la segunda ola del coronavirus lo que las residencias de mayores fueron a la primera; por otro, unas instituciones académicas que dependen para su financiación de un elevado número de matriculaciones y contratos de alojamiento; y en tercer lugar, un Ejecutivo consciente del prestigio internacional de su educación superior que considera clave en la “nueva normalidad” algún modo de regreso presencial a las aulas. Cerca de 2,3 millones de alumnos acceden cada año en el Reino Unido a la Educación Superior. Casi 150.000 de ellos proceden de países de la UE. Otros 350.000 acuden de distintas partes del mundo.

UCU ha acusado al Gobierno de Johnson de haber realizado una planificación pobre e incompleta de la reapertura universitaria. No existe, afirma el sindicato, un sistema adecuado de localización y rastreo de infectados; no se ha previsto la realización sistemática de test a los alumnos y el profesorado; no se ha tenido en cuenta el reciente incremento de contagios entre jóvenes y, para agravar aún más la situación, la calificación subjetiva —y arbitraria, para sus críticos— de las notas de selectividad de este año (la pandemia impidió que se realizaran los exámenes) ha aumentado el número de alumnos que pueden aspirar a una educación superior. “La movilidad prevista de más de un millón de universitarios por todo el país es una receta para el desastre, y convertirá a unas instituciones pobremente preparadas [para la reapertura] en las nuevas ’residencias’ de la segunda ola”, ha dicho Jo Grady, la secretaria general de UCU. El sindicato cuenta en su batalla con el respaldo de The Independent Sage, un comité científico paralelo al comité de expertos que asesora a Downing Street (Grupo Asesor Científico para Emergencias, SAGE, en sus siglas en inglés). Dirigido y coordinado por David King, ex asesor científico jefe del Gobierno, su absoluta independencia de intereses políticos ha hecho que su voz sea cada vez más tenida en cuenta en el debate público. Ha exigido que todos los cursos se realicen online en la medida en que sea posible, que las relaciones sociales entre alumnos se reduzcan a “burbujas residenciales” y que se realicen obligatoriamente test de manera regular en el campus.

El Gobierno británico ha publicado una guía precisa con las medidas de seguridad que considera necesario establecer en el ámbito universitario, pero deja la decisión última en manos de las propias instituciones académicas. “Se trata de instituciones autónomas, y confiamos en su buen juicio a la hora de establecer medidas preventivas que se ajusten a las recomendaciones oficiales”, asegura el documento publicado por el Ministerio de Educación. “Apoyamos las clases presenciales solo cuando sean posibles y se sigan las medidas de seguridad propuestas (...) y mantendremos nuestras recomendaciones bajo una revisión constante”, ha dicho un portavoz ministerial.

Debajo del aparente debate sobre el riesgo para la salud que puede suponer la reapertura de las universidades se encuentra otro debate más prosaico: el riesgo de quiebra de muchas instituciones académicas que llevan décadas compitiendo entre ellas en un sistema de libre mercado. “La razón práctica por la que las universidades han puesto sus prioridades por delante de la salud pública y del bienestar de los alumnos reside en que el Gobierno del Reino Unido, fiel a las dinámicas del mercado, se niega a garantizar una financiación que asegure la supervivencia de estas instituciones”, ha denunciado Simon Marginson, profesor de Educación Superior de Oxford, en la página web del Consejo para la Defensa de las Universidades Británicas.

Una parte cada vez más importante de los ingresos necesarios para subsistir proviene del alumnado extranjero, atraído por el prestigio de la educación universitaria del Reino Unido. La pandemia supondrá una reducción drástica de este cupo, que las universidades quieren compensar a toda costa. La necesaria reducción de clases presenciales (Cambridge fue la primera universidad en anunciar que sus clases magistrales, las que reúnen mayor número de alumnos por aula, serían online) ha desincentivado a muchos aspirantes que, por muchas garantías que ofrezca la educación virtual, creen que la calidad educativa se verá mermada.

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