El Gobierno cifra en 27.359 el número de fallecidos en residencias aunque no lo hace público porque cuestiona los datos de las comunidades

¿Sabremos algún día cuántas personas internas en residencias han fallecido por culpa de la covid-19? A juzgar por los datos que maneja el Gobierno, ese día aún queda lejos. Una periodista que interpeló este lunes sobre el asunto a Fernando Simón se había molestado en contar: hasta 18 veces se ha preguntado al Ministerio de Sanidad cuándo va a hacer públicos los fallecimientos en residencias, dato que el propio Pedro Sánchez se comprometió a divulgar hace un mes. El Gobierno sí maneja una cifra: 27.359 fallecidos, de los que 9.003 murieron con confirmación de covid-19 y otros 9.830 con síntomas...

¿Sabremos algún día cuántas personas internas en residencias han fallecido por culpa de la covid-19? A juzgar por los datos que maneja el Gobierno, ese día aún queda lejos. Una periodista que interpeló este lunes sobre el asunto a Fernando Simón se había molestado en contar: hasta 18 veces se ha preguntado al Ministerio de Sanidad cuándo va a hacer públicos los fallecimientos en residencias, dato que el propio Pedro Sánchez se comprometió a divulgar hace un mes. El Gobierno sí maneja una cifra: 27.359 fallecidos, de los que 9.003 murieron con confirmación de covid-19 y otros 9.830 con síntomas de estar contagiados pero sin realizarles un test que lo atestiguara. El resto fallecieron por otras causas. El problema es que no se fía de la cifra. En un documento usado en una reunión reciente, al que tuvo acceso EL PAÍS, Sanidad habla de “discrepancia” con el número que dan otras fuentes, de comunidades que “nunca” han notificado casos y de otras que no lo hicieron con la periodicidad exigida o fuera de plazo.

“La calidad de los datos ha dificultado su difusión”, reconoce el texto, que recoge cifras hasta el 21 de junio. Tan escasa ha sido esa calidad de los datos que en otra página del documento, una presentación con gráficos y resúmenes de la situación, se describen punto por punto los errores que impiden dar por buena la radiografía final. “Fechas incoherentes en el envío o reporte de la información”. “Informes con ausencia de datos en las causas de fallecimiento de residentes”. “Errores en la suma de residentes en los centros intervenidos”. “Discrepancia de datos evolutivos”. Esta última frase viene a resumir el hecho de que hay casos en los que el número de fallecimientos en lugar de aumentar con el paso de los días, disminuye. Y no ha ocurrido en una ocasión por un error puntual sino que el documento habla de “algunas comunidades” con este problema.

El Ministerio de Sanidad publicó una orden el 23 de marzo pasado en la que ordenaba el “suministro de información para todos los centros de servicios sociales de carácter residencial”, públicos o privados, de España. Las comunidades están obligadas a informar dos veces a la semana, cada martes y cada viernes, de los fallecimientos en las residencias de servicios sociales, tanto con covid-19 confirmado como con síntomas compatibles con la enfermedad. A raíz de los intentos de los medios de comunicación de recabar esos datos que no facilitaba el Gobierno se sabe que las cifras que ofrecen las comunidades no son homogéneas y que cada una decide cómo los facilita. Las hay, por ejemplo, que no cuentan como residentes fallecidos a los que murieron en hospitales. Unas suman los óbitos en residencias de ancianos y otro tipo de residencias (discapacidad o salud mental); otras distinguen entre unos y otros. Hay casos de cifras contradictorias entre consejerías de una misma comunidad.

Dos comunidades solo han comunicado datos al ministerio una vez en más de dos meses. Otra no lo ha hecho nunca, según el documento del Ministerio de Sanidad. Este, sin embargo, se resiste a entrar en confrontación con las autonomías y rehúsa señalar a las que incumplen sus normas. En el documento los nombres de las comunidades aparecen anonimizados. El ministerio reconoce que no cuenta con un sistema de información “fiable, accesible, sustentable, transparente, comparable e interoperable que responda a recomendaciones europeas”, en referencia al Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, en sus siglas en inglés).

Precisamente a este centro le reveló el Gobierno el dato de fallecidos en residencias que mantenía oculto en España. Fue el 8 de mayo y lo envió para una reunión el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias (CCAES) de Fernando Simón, según ha publicado El Confidencial, que ha accedido a los correos electrónicos intercambiados durante la crisis entre estos dos organismos. Dos días después Pedro Sánchez afirmaba sobre los datos de fallecidos: “Estamos trabajando en ese informe. Se hará público”. A preguntas de los periodistas este lunes, Simón eludió aclarar cuándo va a dar a conocer los datos el Gobierno. “Yo no soy la persona que tiene que hacer pública en España la cifra de fallecidos en residencias”, dijo, y añadió que el CCAES es “un simple transmisor de datos”. También negó que fuera correcta la cifra que recoge el documento del CCAES, 17.231 personas fallecidas hasta mayo: “Los datos no son esos. Hay que matizarlos”.

“Los centros residenciales de los servicios sociales no solo sufrieron el abandono del sistema sanitario público, sino además el del propio Ministerio de Sanidad”, se lamenta José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. “El ministerio reconoce lo poco amigable de la plataforma para el registro, la dificultad de acceso y la ausencia de depuración de datos por el sistema de información”, añade. “Todo ello ha producido una información de escasa fiabilidad evidenciada en lagunas de ausencia de datos, errores en las sumas en centros intervenidos y graves discrepancias entre cifras y en los datos evolutivos. Entre ellas, la más destacada, la de fallecimientos totales comparada con otras fuentes: 27.359 frente a 32.843″.