Dimite la consejera de Educación de Canarias por “desencuentros” sobre el protocolo de vuelta a las aulas

La consejera de Educación y Universidades de Canarias, María José Guerra, presentó este domingo su dimisión después de que se produjera “una oleada de peticiones” por parte de su equipo dirigidas al presidente de la comunidad, Ángel Víctor Torres (PSOE), pidiendo que abandonara su puesto por “no ser la persona más idónea” para gestionar la educación en una situación de pandemia. “Estaba aquí para dar un servicio público, pero si la comunidad educativa no considera que deba ser yo, me retiro”, ha asegurado Guerra —c...

La consejera de Educación y Universidades de Canarias, María José Guerra, presentó este domingo su dimisión después de que se produjera “una oleada de peticiones” por parte de su equipo dirigidas al presidente de la comunidad, Ángel Víctor Torres (PSOE), pidiendo que abandonara su puesto por “no ser la persona más idónea” para gestionar la educación en una situación de pandemia. “Estaba aquí para dar un servicio público, pero si la comunidad educativa no considera que deba ser yo, me retiro”, ha asegurado Guerra —catedrática de Filosofía en la Universidad de La Laguna en excedencia— en declaraciones a este periódico. Horas antes de que presentase su dimisión, lo hacía el director general de Innovación educativa, Gregorio Cabrera, de su mismo departamento, por “desencuentros” con la consejera en el protocolo sobre la vuelta a las aulas, prevista para el próximo 1 de junio, por contener “instrucciones no consensuadas”.

Como en el resto de comunidades, Canarias pretendía tener la orden de desescalada educativa lista esta semana, pero se produjo un enfrentamiento irreconciliable entre la consejera y el director general de Innovación que lo ha impedido. Mientras Guerra pretendía que fuesen los profesores los que decidiesen qué alumnos podrían volver -con la vista puesta en los más desfavorecidos económicamente y con menos medios digitales en casa-, Cabrera apostaba por un regreso a las aulas “más masivo” en el que los propios estudiantes decidiesen si querían volver o no. De este modo, profesores de todos los departamentos estarían obligados a volver a los centros, cuando la consejera cree que deben ser los docentes los que deciden de qué materias se ofrecen clases presenciales de refuerzo.

“En Canarias tenemos institutos con hasta 2.000 alumnos y todavía no estamos preparados para asumir esa vuelta”, explica Guerra, que reconoce su temor a posibles contagios con centros atestados de alumnos. “Son adolescentes y están deseando volver a ver a sus amigos, muchos querrían volver y ahora no es asumible”, añade. Argumenta que todavía no se ha hecho una campaña para explicar a las familias cómo va a ser la nueva escuela y, de momento, solo han podido ver las imágenes de Francia y China. “Hay que repensar toda la actividad, la de los laboratorios, la de las aulas de tecnología... hay que ajustar todos los protocolos de prevención de riesgos laborales, y todo eso es un trabajo muy costoso que llevará todo el verano”, apunta. La orden contemplaba grupos de 10 y tutorías individualizadas.

Por su parte, Cabrera explicó en un mensaje que mandó la noche del domingo a los miembros de su equipo que el motivo de su marcha voluntaria fue el “desencuentro” con la estrategia diseñada por la consejera para la desescalada educativa, que pretendía dejar en manos de los docentes y en “su voluntad personal" ejecutar o no los planes de refuerzo previstos en los centros para los alumnos de 6° de Primaria, 4° de la ESO y 2° de Bachillerato, al mismo tiempo que trasladaba a los equipos directivos “toda la responsabilidad en la toma de decisiones”. “Hemos llegado a un punto de no retorno”, especificó Cabrera, que explicó en ese mismo escrito su intención de reincorporarse “en el menor tiempo posible” a su puesto de inspector.

El conflicto se remonta a finales de abril, cuando Cabrera ya anunció su deseo de no continuar como director general de cara al curso 2020-2021, según cuenta en su mensaje. Finalmente, aceptó permanecer hasta finales de julio, pero el protocolo aprobado por la consejera imposibilitó que se quedara por motivos “profesionales y personales”. A juicio de Cabrera, la prioridad debería haber sido la organización y puesta en marcha del próximo curso, pero aceptaron afrontar un proceso de desescalada que incluía actividad presencial docente a partir del 25 de mayo, previsto en la normativa estatal para todas aquellas comunidades en fase 2.

“Los mensajes de WhatsApp pueden ser armas de destrucción masiva y ayer hubo un incendio contra mí y yo decidí apartarme de forma voluntaria”, explica Guerra, que finalmente no firmó la orden para la vuelta a las aulas para que asuma la responsabilidad su sucesor en el cargo, el hasta ahora consejero de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena, que dirigirá ambos departamentos. “Sigo pensando que la decisión de qué hacer debe recaer en los equipos docentes; se trata de reconocer su profesionalidad y el margen de autonomía con el que cuentan para organizar”, añade. Por el contrario, su director general de Innovación, Gregorio Cabrera, consideraba que debía ser una orden de obligado cumplimiento para todos los centros.

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