El Banco Europeo de Inversiones “espera la decisión de España” sobre el Castor

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) aportó en julio del año pasado 500 millones de euros a la financiación del proyecto Castor, un almacén submarino de gas estratégico que tenía como promotor al Ministerio de Industria español y del que se ocupaban las compañías ACS y Dundee Energy. La emisión de bonos fue calificada como "éxito" por el BEI. Ahora, casi un año después y con la actividad de la instalación ...

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) aportó en julio del año pasado 500 millones de euros a la financiación del proyecto Castor, un almacén submarino de gas estratégico que tenía como promotor al Ministerio de Industria español y del que se ocupaban las compañías ACS y Dundee Energy. La emisión de bonos fue calificada como "éxito" por el BEI. Ahora, casi un año después y con la actividad de la instalación paralizada por orden gubernamental desde el 26 de septiembre por la actividad sísmica que se generó en su entorno (Vinaròs, Castellón), este organismo asegura estar "esperando la decisión de las autoridades españolas".

Lo que Industria debe decidir es si reabre el almacén y permite que continúe con la inyección de gas colchón, o si lo cierra definitivamente. El ministro, José Manuel Soria, lleva meses retrasando esa decisión, que podría suponer el pago de una indemnización millonaria a sus propietarios (según cálculos de Industria, la instalación está valorada en 1.700 millones). Los alcaldes de los municipios de la zona, tanto los de Tarragona como los de Castellón, así como la Generalitat catalana, están apremiando al ministro ahora que se acaba de hacer público el informe del Instituto Geográfico Nacional (IGN) que relaciona los 500 seísmos con la actividad de inyección de gas.

El BEI "está informado de la suspensión de la inyección de gas en el proyecto de almacenamiento Castor en España", afirma a EL PAÍS una portavoz del organismo. "Estamos siguiendo muy de cerca los acontecimientos y entendemos que se están llevando a cabo estudios técnicos adicionales que después deberán ser revisados por las autoridades españolas", añade.

El proyecto Castor fue la primera operación en el marco de la iniciativa llamada "Mejora Crediticia de Bonos para la Financiación de Proyectos" del BEI. La emisión de bonos por valor de 1.400 millones de euros recibió el apoyo de una línea de tesorería de 200 millones de euros, lo que consiguió una calificación crediticia más atractiva para los inversores. El BEI anunció en julio pasado que también adquiriría bonos por valor de 300 millones en el mercado primario para "transmitir su confianza en el proyecto". El Banco Santander actuó como "coordinador global" en la operación Castor, según el BEI.

El Ministerio de Industria encargó inicialmente dos informes a dos organismos públicos: el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y el Instituto Geológico y Minero de España (IGME). El del IGN se ha conocido esta semana, después de que el Gobierno lo mandara al Congreso para atender la petición del diputado de IU Ricardo Sixto. Tardó casi cuatro meses en enviarlo. El informe tiene fecha de 17 de diciembre de 2013. El diputado lo solicitó en enero y llegó el 10 de abril.

La Generalitat catalana denunció ayer "la ocultación de información" por parte del Ministerio de Industria. Según relató ayer el Gobierno catalán, sus peticiones oficiales no solo no fueron atendidas, sino que el ministro Soria llegó a contestar que los informes estaban "en elaboración" cuando el del IGN ya había sido terminado y entregado. 

El segundo informe, el del IGME, se terminó en noviembre, según ha podido saber este diario, pero fue devuelto al instituto y la versión definitiva se entregó en febrero. Industria todavía lo mantiene secreto. Sus conclusiones son muy similares a las del IGN, según partes del informe a las que ha tenido acceso EL PAÍS: la relación entre la inyección de gas de Castor y los seísmos queda clara y se llega a identificar la falla responsable. Los expertos del IGME la bautizan "falla Castor".

Tras conocerse el informe del IGN, Soria, que hasta entonces no había desvelado la identidad de los "expertos internacionales" a los que ha pedido una tercera evaluación, precisó esta semana que se trata de la Universidad de Stanford y el MIT, en Estados Unidos. Su departamento no precisa cómo se ha contratado a estos expertos ni las fechas en las que se hizo el encargo.