La factura de respirar
Encarna Contreras se conecta a una máquina cuando duerme porque padece apnea Su vida depende de la electricidad
Encarna Contreras duerme conectada a una máquina. Hace cuatro años le diagnosticaron apnea del sueño con riesgo de muerte súbita. Desde entonces su factura de la luz se ha disparado, aunque ella no sabe cuánto se debe a la subida del precio de la electricidad y cuánto a lo que consume su aparato cada noche. “Lo único que sé es que me están llegando recibos de hasta 200 euros cada dos meses. Eso es una barbaridad para una casa sin calefacción en la que solo vivimos mi hija y yo”, relata. Al principio no tenía problemas para pagar los recibos, pero hace dos años perdió su trabajo y ahora, tras a...
Encarna Contreras duerme conectada a una máquina. Hace cuatro años le diagnosticaron apnea del sueño con riesgo de muerte súbita. Desde entonces su factura de la luz se ha disparado, aunque ella no sabe cuánto se debe a la subida del precio de la electricidad y cuánto a lo que consume su aparato cada noche. “Lo único que sé es que me están llegando recibos de hasta 200 euros cada dos meses. Eso es una barbaridad para una casa sin calefacción en la que solo vivimos mi hija y yo”, relata. Al principio no tenía problemas para pagar los recibos, pero hace dos años perdió su trabajo y ahora, tras agotar la prestación por desempleo, vive con una pensión de prejubilación de 426 euros mensuales. Y debe dos recibos: uno de 118 euros y otro de 158.
Encarna, que vive en Gavà (Barcelona), es una de las más de 300 personas que acudieron la semana pasada a la convocatoria de la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), integrada por colectivos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y la Confederación de Asociaciones Vecinales de Cataluña (Confavc), para ocupar una oficina de Endesa en Barcelona. Pedían a la eléctrica que detenga “los cortes indiscriminados” de suministro. Consiguieron, al menos, que la empresa instalara cinco puntos de atención en la región para estudiar casos graves. Y ayer esta misma compañía firmó con el Ayuntamiento de Barcelona un convenio para no cortar la luz ni el gas a los clientes que determinen los servicios sociales municipales, que se harán cargo de sus facturas.
El Gobierno catalán aprobó en diciembre un decreto que impide a las compañías suspender el suministro hasta abril a personas que no puedan pagar sus recibos de luz o gas y que no superen un límite de renta mínimo (569,12 euros mensuales para hogares de una persona, que se incrementa porcentualmente en función del número de miembros de la familia). Pero en la práctica muy pocos ciudadanos han solicitado esta moratoria. “Quien no puede pagar en enero, normalmente tampoco puede pagar en abril. Y si en abril no pagas toda la deuda que has acumulado durante el invierno, te cortan el suministro. Por eso tan pocos lo han solicitado: no arregla el problema, solo lo aplaza. Lo que pedimos es una tregua real que condone la deuda a las personas más vulnerables”, explica Eloi Badia, portavoz de la APE. “Ni siquiera sabemos con exactitud cuántas han pedido la moratoria porque los cauces para hacerlo no están centralizados y cada afectado recurre a los servicios sociales de su municipio. Nosotros calculamos que la cifra no supera el medio centenar. En Terrasa, por ejemplo, con 200.000 habitantes, solo la han solicitado 14 familias, cuando el Ayuntamiento calcula que podrían necesitarlo cerca de mil”, dice Badia.
Jordi Giró, presidente de Confavc, apunta que la Administración debería obligar a las eléctricas a establecer un fondo social. Y extender también las medidas de protección al suministro de agua. “Es un servicio esencial que también debería garantizarse, no solo la luz y el gas. De la misma manera que cada vez hay más cortes de luz por impagos, también hay más cortes de agua”, sostiene Giró. La Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento calcula que unos 300.000 abonados ven interrumpido cada año en España el servicio, un 30% más que hace cuatro años.
Un ejemplo es Matías, un ciudadano barcelonés de 58 años que se ha quedado sin agua esta misma semana. Como Encarna, cobra 426 euros mensuales por prejubilación, vive solo con un hijo y se le acumulan los recibos. Ya sufrió un corte de luz hace tres meses y ahora ha estado un día sin agua. Debía cuatro recibos, por un total de 166 euros, que no pudo abonar a tiempo, y el miércoles le suspendieron el suministro. Un día antes la corporación de municipios del Área Metropolitana de Barcelona acordó prohibir a las compañías de agua cortar el suministro a clientes con dificultades económicas en toda la zona. A Matías le devolvieron el agua el jueves a pesar de que no había pagado su deuda. “Por suerte, estuve solo un día sin ducharme”, dice Matías. “Se agradecen iniciativas como esta, pero esto no se arregla con parches”, advierte Giró.