El Gobierno descarta dejar la elección del Poder Judicial en manos de los jueces como piden PP y Ciudadanos

El Gobierno no se plantea cambiar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que 12 de ellos sean elegidos directamente por los jueces, como exige el PP para sentarse a negociar la renovación de este órgano, cuyos miembros están en funciones desde diciembre de 2018. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha descartado esta posibilidad este lunes en s...

El Gobierno no se plantea cambiar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que 12 de ellos sean elegidos directamente por los jueces, como exige el PP para sentarse a negociar la renovación de este órgano, cuyos miembros están en funciones desde diciembre de 2018. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha descartado esta posibilidad este lunes en su primera comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso. El ministro, que ha defendido la “doble legitimación” que ofrece el modelo actual (los jueces proponen los nombres de aspirantes y, con esa lista, el Congreso y el Senado eligen a los vocales), no se ha cerrado a debatir cambios en este sistema, pero una vez que el actual consejo esté renovado.

La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los jueces elijan sin control parlamentario a 12 de los 20 vocales (el resto se elegirían a propuesta de los partidos) es la condición fundamental que había puesto hasta ahora el PP para negociar la renovación del órgano de gobierno de los jueces, aunque el presidente del partido, Pablo Casado, sumó ayer una batería de nuevas condiciones sin relación directa con el ámbito judicial tras su reunión con el presidente del Gobierno. El PSOE no es partidario del sistema de elección que propone el PP (y que también defiende Ciudadanos) porque considera que esta debe seguir dentro del ámbito parlamentario, pero el ministro de Justicia aceptó ayer estudiar modificaciones una vez superado el escollo de la renovación pendiente.

Campo, que fue vocal del CGPJ que hasta ahora tiene el récord de demora en la renovación (de 2001 a 2008, los dos últimos años en funciones), advirtió al PP que renovar el órgano de gobierno de los jueces es un “mandato constitucional”. “Después entraremos en debates sobre los mecanismos de selección y sobre todo lo que quieran”, afirmó el ministro que, recordó que el modelo vigente está avalado por una sentencia del Tribunal Constitucional.

El portavoz del PP en la Comisión de Justicia, Luis Santamaría, aseguró que su partido “no va a entrar en el mercadeo de nombres” que, a su juicio, implica el modelo actual de elección del CGPJ, en el que los populares han participado hasta ahora. El Gobierno de Mariano Rajoy presentó en 2012 un proyecto similar al que ahora defiende el PP, pero finalmente renunció y, un año más tarde, llevó las riendas para conformar el Consejo que actualmente está en funciones, en el que 13 miembros (incluido el presidente Carlos Lesmes) fueron nombrados a propuesta del PP. Los populares tampoco impusieron este cambio cuando, a finales de 2018, negociaron con el PSOE la renovación del Consejo para llevar al presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, a la presidencia. El pacto entre los dos principales partidos terminó saltando por los aires cuando Marchena renunció después de que se filtrara un mensaje enviado por el portavoz del PP en el Senado en el que se jactaba de que el acuerdo alcanzado permitiría a los populares seguir controlando “por detrás" la Sala de lo Penal.

La primera comparecencia de Campo ante la Comisión de Justicia se prolongó durante cuatro horas. El ministro hizo constantes llamadas al "debate" y al "consenso" y tanto PP como Ciudadanos le llegaron a agradecer "el tono" de sus intervenciones. Pero los mensajes que lanzaron unos y otros evidenciaron enormes diferencias en algunos de los proyectos clave que el Gobierno quiere abordar. En otros, Campo y los portavoces de algunos grupos se mostraron optimistas.

Las investigaciones penales, en manos de los fiscales. El Gobierno va a retomar el plan de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) para dar a los fiscales la dirección de la investigación penal. Ha sido uno de los anuncios que ha hecho el titular de Justicia, que se ha comprometido a llevar al Consejo de Ministros para su aprobación antes de final de año el anteproyecto de reforma de la Lecrim.

La modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que los fiscales dirijan las investigaciones penales, como se hace en otros países europeos, es una idea que han compartido en los últimos años PP y PSOE. Y uno de los ideólogos del primer proyecto fue el actual ministro de Justicia, que dirigía la Secretaría de Estado de Justicia cuando el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero envió al Congreso un proyecto de ley para abordar esta reforma. Ese proyecto lo retomó el Ejecutivo de Mariano Rajoy, que encargó a un grupo de expertos, encabezados por el ahora presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, un proyecto en el que el PP, por primera vez, asumía la instrucción de los fiscales. Pero la reforma se ha ido aplazando por la inestabilidad política.

La instrucción de los fiscales ha sido una reivindicación histórica de muchos juristas para dar la dirección de la instrucción penal a quienes ya llevan el peso de la investigación. Sus defensores sostienen también que ayudaría a evitar disfunciones que ahora lastran la cooperación jurídica internacional, por la diferencia de competencias entre fiscales españoles y los jueces y los fiscales europeos.

El ministro Campo se ha marcado ahora esta reforma como una prioridad para avanzar hacia un proceso penal “moderno, democrático y plenamente adaptado a los principios constitucionales”. La actual norma, que data de 1882, está “desbordada por la realidad procesal”, ha afirmado el ministro, que ha calificado este proyecto de “reto nacional” y se ha comprometido a abordarlo “escuchando a todos” y atendiendo a la experiencia de juzgados y tribunales y la jurisprudencia del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. La reforma obligará también a modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

La reforma de la Lecrim forma parte forma parte de la columna vertebral del proyecto de Campo para su ministerio: el Plan de Justicia 2030, un conjunto de medidas destinadas a modernizar la justicia para “convertirla en un verdadero servicio público”. El proyecto bebe del plan que ya se puso en marcha en tiempos del ministro Francisco Caamaño, de cuyo equipo formaba parte el ahora ministro. Se trata, ha explicado Campo, de garantizar “el derecho a una justicia de calidad, eficaz y sin dilaciones indebidas” a través del impulso a “las soluciones extrajudiciales para la resolución de conflictos” y “reformas procesales para afrontar los pleitos en masa”.

El delito de sedición. El ministro no se ha referido en su primera intervención ante la Comisión de Justicia a la reforma del Código Penal para modificar el delito de sedición por el que nueve líderes independentistas fueron condenados a entre 9 y 13 años de cárcel. Pero sí lo ha hecho en el turno de contrarréplica después de que PP, Ciudadanos, Vox y Junts per Catalunya, entre otros, se refirieran a este asunto. Campo no ha dado pistas de qué quiere modificar el Gobierno, pero ha asegurado que al delito de sedición “hay que darle una vuelta”. “Ya veremos en qué términos, para ajustar los ataques a la Constitución, al orden público, a la paz pública que se puedan producir”.

Los tres partidos de derecha han reprochado al Ejecutivo querer abordar la reforma legal para beneficiar a los líderes del procés. “Quieren hacer una reforma a la medida de los condenados”, ha sostenido el portavoz del PP, Luis Santamaría, que ha abogado por agravar las penas de los delitos de rebelión y sedición, penalizar la convocatoria de referendos ilegales y reformar la ley para impedir que prófugos de la justicia puedan presentarse a elecciones. “Ahí es donde nos encontrarán”, ha añadido el diputado popular.

En las antípodas de los tres partidos de la derecha, el diputado de Junts per Catalunya Jaume Alonso Cuevillas, abogado del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y otros líderes independentistas, ha reclamado directamente al Gobierno “valentía” para no quedarse en “suavizar” el delito de sedición sino para ir un paso más allá y derogarlo.

Atención a víctimas de violencia sexual. Durante su comparecencia, Campo ha avanzado también este lunes que se va poner ya en marcha un plan de guardias de 24 horas para los médicos forenses dependientes de su departamento y que se revisarán con carácter urgente los protocolos de intervención en casos de violencia sexual. “Las mujeres que han sido agredidas sexualmente no pueden esperar y tenemos que ponerlas en el centro del diseño del sistema”, ha señalado el ministro, que se ha comprometido también a reforzar las oficinas de asistencia a las mujeres víctimas de violencia de género. El ministro ha avanzado también que espera “culminar pronto” el anteproyecto de ley orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia, una iniciativa conjunta de los ministerios de de Justicia y Sanidad.