La condena a excargos del PNV rompe puentes entre los partidos vascos

La reciente sentencia del caso de Miguel, la mayor trama de corrupción vinculada a excargos del PNV, ha dinamitado las relaciones entre los partidos vascos. El PP, que considera insuficiente las disculpas públicas pedidas por el PNV, ha exigido la dimisión del lehendakari, Iñigo Urkullu, y ha sugerido al PSE-EE que plantee una moción de censura. EH Bildu ha anunciado una batería de iniciativas parlamentarias porque “nadie se cree”, dice, que la cúpula del PNV no conociera las irregularidades del que fuera s...

La reciente sentencia del caso de Miguel, la mayor trama de corrupción vinculada a excargos del PNV, ha dinamitado las relaciones entre los partidos vascos. El PP, que considera insuficiente las disculpas públicas pedidas por el PNV, ha exigido la dimisión del lehendakari, Iñigo Urkullu, y ha sugerido al PSE-EE que plantee una moción de censura. EH Bildu ha anunciado una batería de iniciativas parlamentarias porque “nadie se cree”, dice, que la cúpula del PNV no conociera las irregularidades del que fuera su número dos en Álava.

Las diferencias entre el PNV y EH Bildu afloraron por primera vez en la Ponencia de Autogobierno (ambos pactaron las bases del nuevo Estatuto vasco pero el PNV se desmarcó luego de la deriva soberanista) y se ampliaron durante la negociación de los presupuestos, en la que, además, Elkarrekin Podemos ha sustituido al PP como apoyo para superar la minoría parlamentaria del Gobierno formado por PNV y PSE-EE. Esas diferencias entre los partidos vascos se están haciendo ahora insalvables tras hacerse pública la sentencia del caso De Miguel.

El fallo condena a 13 años y tres meses de cárcel a Alfredo de Miguel, ex número dos del PNV en Álava y principal acusado de dirigir una trama de cobro de comisiones ilegales, y a entre seis y siete años y medio a sus dos principales colaboradores, todos ellos excargos internos del partido de Andoni Ortuzar y con responsabilidades públicas.

La sentencia ha roto los escasos puentes que quedaban entre los partidos. A falta de un semestre para que Euskadi se sumerja en la campaña de las elecciones autonómicas —las elecciones serán en junio o en octubre—, la corrupción ya está también en la agenda política vasca. En una comunidad en la que el principal eje de confrontación giraba en torno al nacionalismo y en las derivadas de las cinco décadas de violencia de ETA, la corrupción se ha colado en el debate. Aunque la sentencia concluye que los acusados actuaron para su “enriquecimiento personal” y no del partido, EH Bildu y el PP creen insuficiente la autocrítica del PNV por unos hechos que se produjeron entre los años 2005 y 2009.

Petición de dimisión

La escalada verbal entre los partidos crece casi a diario. El PP de Alfonso Alonso ha exigido la dimisión del lehendakari, Íñigo Urkullu, por ser el presidente del partido durante aquellos años. Además, ha solicitado al PSE que lidere una moción de censura, como hizo Pedro Sánchez en Madrid contra Mariano Rajoy tras la sentencia del caso Gürtel. En aquella ocasión, la Audiencia Nacional sí certificó que el PP se había financiado con una caja b.

Las demandas de moción de censura o la petición de dimisión no tienen ningún viso de ser efectivas, ni de tener consecuencias en el escenario político nacional, donde el PNV es relevante para una posible investidura de Sánchez y para su gobernabilidad.

El PNV y el lehendakari sí se enfrentan a un duro final de legislatura, sobre todo en el Parlamento vasco. La posibilidad de que la oposición se embarque en una ofensiva parlamentaria, con preguntas en los plenos de control o iniciativas para criticar su actuación, y retome la petición de una Fiscalía especializada en corrupción, puede abrir un hueco en la credibilidad de los nacionalistas vascos.

Así como el PSE-EE y Elkarrekin Podemos, con declaraciones críticas pero medidas, han desvinculado la corrupción del partido de Ortuzar, el coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, contribuyó a la escalada verbal al ampliar el espectro de los casos de corrupción. “En Euskadi también hay corrupción, en la sanidad” y en algunos Ayuntamientos, “y se lo llevan crudo”, criticó el líder soberanista.

En una acusación directa a Urkullu, la coalición abertzale sostiene que “nadie se cree” que la cúpula del PNV no estuviera al corriente de lo que se cocía en Álava, la provincia en la que el cabecilla de la red, Alfredo de Miguel, actuaba de forma ilícita desde el partido y desde la Diputación Foral, en la que ocupaba un cargo ejecutivo.

Consciente de que la sentencia va a ser el principal obstáculo para seguir creciendo tras dos legislaturas y de que supone un auténtico torpedo en la línea de flotación de su credibilidad, el PNV también ha elevado el tono, desde su inicial petición de disculpas hasta entrar en el cuerpo a cuerpo. “Que EH Bildu no se ponga en la presidencia del tribunal inquisitorial porque, si aquí ha habido corrupción, es la del impuesto revolucionario, del que se ha beneficiado activa y pasivamente. Lecciones de ellos, no”, lanzó Ortuzar. “No quiero entrar en el ‘y tú más’, pero pido mesura en las declaraciones”, reclamó con poco éxito el dirigente del PNV.

La última decisión del tribunal de dejar a los condenados en libertad hasta que el Supremo resuelva los recursos, va a mantener viva la llama del caso. Con todos ellos en la calle la mecha sigue encendida para los partidos de la oposición que ven en la sentencia un filón para desgastar al partido de Ortuzar.