Adiós a los aforamientos en Canarias
El BOE publica el nuevo Estatuto de Autonomía, que reconoce reivindicaciones históricas de las islas
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias —el tercero, después de los de 1982 y 1996—, el primero de España que suprime el aforamiento de los parlamentarios autonómicos y de los miembros del Gobierno regional. Una nueva norma, acogida con gran entusiasmo entre los partidos, que también declara a La Graciosa como la octava isla del archipiélago y que modifica el sistema electoral, al aumentar a 70 el número de escaños de la Cámara autonómica, frent...
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias —el tercero, después de los de 1982 y 1996—, el primero de España que suprime el aforamiento de los parlamentarios autonómicos y de los miembros del Gobierno regional. Una nueva norma, acogida con gran entusiasmo entre los partidos, que también declara a La Graciosa como la octava isla del archipiélago y que modifica el sistema electoral, al aumentar a 70 el número de escaños de la Cámara autonómica, frente a los 60 actuales, a la vez que baja la barrera para conseguir un diputado al 15% insular y al 4% regional.
La nueva ley reconoce, además, derechos demandados históricamente por el archipiélago, como el anclaje del Régimen Económico y Fiscal en el mismo, así como el reconocimiento como aguas canarias a las que rodean las islas.
La sensación general de los partidos canarios ante la entrada en vigor de la norma, después de haber sido aprobada por el Senado el pasado 24 de octubre, es de satisfacción cuando no de euforia. "Un hito histórico", manifiesta el secretario general de los socialistas canarios, Ángel Víctor Torres. "Estamos muy satisfechos con el resultado", reconoce el portavoz de Coalición Canaria en el Parlamento, José Miguel Ruano.
En la misma línea se manifiestan otros representantes políticos de las islas, como la secretaria general del PP, María Australia Navarro. Para la popular, la nueva norma deja patente "la identidad canaria, pero con alma española". Con algo menos de alegría lo recibe la portavoz parlamentaria de Podemos en Canarias, Noemí Santana, que crítica que el Estatuto "no profundice en problemas como la vivienda, la educación pública o la sanidad".
El fin del aforamiento es el elemento que más controversia ha generado en el primer día de vigencia de la norma. Aunque todos los partidos consultados valoran positivamente el carácter pionero de la iniciativa, su posible aplicación automática al presidente de Canarias, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), por el denominado caso grúas —presuntamente dio un préstamo como alcalde de La Laguna para evitar la quiebra de la firma municipal del servicio de retirada de vehículos—, ha centrado el debate en las últimas semanas y horas. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias, adonde se remitió el caso del presidente por ser aforado, no ha decidido aún sobre si ve indicios suficientes para proceder o no a una investigación sobre él.
La duda ahora es si el TSJC debería trasladar las diligencias al Juzgado de Instrucción de La Laguna, en el que la jueza pidió en agosto que se investigara a Clavijo. La portavoz de Podemos en el Parlamento regional muestra su postura a favor y recuerda que "no es poco que una juez y una fiscal vean indicios de delito; es para estar muy preocupados como lo está él". El secretario general de los socialistas canarios va más allá y lamenta que el presidente "no hubiera pedido ninguna agilización formal del caso en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en septiembre y octubre, y ahora que se publica el Estatuto aparecen las prisas y acusaciones veladas de que el Gobierno de España está detrás del retraso de la Fiscalía. Si cree que es así, que lo demuestre". Considera que una vez entra en vigor el Estatuto, el aforamiento desaparece "ipso facto".
El nacionalista José Miguel Ruano muestra su respeto a lo que pueda decidir el TSJC en relación a Clavijo y pone el énfasis en los aspectos que considera más relevantes del Estatuto, como el que permite la participación de Canarias en determinadas competencias estatales, entre ellas la política aeroportuaria, la sanidad exterior o la gestión de costas.
La desvinculación del sistema de financiación autonómica de los fondos del Régimen Económico y Fiscal (dirigidos a compensar los costes de la lejanía de las islas); el reconocimiento del carácter de región ultraperiférica de Canarias; o la posibilidad de convocar elecciones anticipadas, son algunos de los otros hitos más significativos introducidos por la norma.