El Gobierno encarga un estudio para la supresión de los aforamientos
La ministra de Justicia anuncia el propósito del Ejecutivo de "racionalizar" este privilegio
El Gobierno socialista está dispuesto a abordar la supresión de los aforamientos. El Ministerio de Justicia ha encargado un estudio interno sobre cómo "racionalizar" este privilegio, en palabras de la ministra, Dolores Delgado, del que disfrutan en España unas 250.000 personas, desde policías a políticos y jueces. La titular de Justicia ha desvelado este propósito en el Pleno del Congreso, en respuesta a una interpelación de ...
El Gobierno socialista está dispuesto a abordar la supresión de los aforamientos. El Ministerio de Justicia ha encargado un estudio interno sobre cómo "racionalizar" este privilegio, en palabras de la ministra, Dolores Delgado, del que disfrutan en España unas 250.000 personas, desde policías a políticos y jueces. La titular de Justicia ha desvelado este propósito en el Pleno del Congreso, en respuesta a una interpelación de Ciudadanos que reclama la supresión completa de los aforamientos. Delgado se ha mostrado partidaria de hacerlo para cumplir con el principio de igualdad de los españoles ante la ley, aunque ha resaltado que eliminarlos por completo requiere una reforma constitucional y la coyuntura política no parece la más favorable.
"El Gobierno ha encargado a la Sección Procesal de la Comisión General de Codificación un estudio riguroso para proceder a la supresión de aforamientos en su caso, manteniendo excepciones que consideramos", ha apuntado la ministra de Justicia. La idea del Gobierno, según fuentes de Justicia, es estudiar la posibilidad de reducir al mínimo el número de aforados, que considera "excesivo". A la vez, se pretende "racionalizar" el régimen de aforamiento para limitarlo a los delitos relacionados directamente con el ejercicio del cargo. Es decir, que si se mantiene el aforamiento para los ministros, este sea solo para hechos cometidos en su tarea como miembro del Gobierno, no para supuestos delitos cometidos en su vida privada.
Además, Justicia advierte de que la eventual supresión de los aforamientos, no va a afectar nunca a las condiciones de la inviolabilidad y la inmunidad, que seguirán existiendo para los políticos.
Delgado ha argumentado por qué el PSOE y el Gobierno están de acuerdo en eliminar este régimen especial por el cual algunas personas, por razón de su cargo, son juzgadas por un tribunal distinto del que le correspondería a un ciudadano normal en caso de ser imputadas. "La supresión de todos los aforamientos políticos en España llevaría el principio de igualdad de los españoles ante la ley, del artículo 14 de la Constitución, a un escenario verdadero en el siglo XXI y, al mismo tiempo, haría un llamamiento claro a la independencia del Poder Judicial, pilar básico del Estado”, ha reflexionado la ministra. Así, ha recordado que en España hay varias decenas de miles de aforados, mientras en Italia y Portugal solo lo están los presidentes, en Francia el presidente y los ministros, mientras que en EE UU o Alemania directamente la figura no existe.
"Estoy por tanto con usted", le ha dicho la ministra al diputado de Ciudadanos Ignacio Prendes, "en la necesidad de afrontar y retomar la cuestión de los aforamientos: por el principio de igualdad, porque todos somos iguales ante la ley. Pero también por el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley". Delgado ha llegado a afirmar, lo que ha provocado una protesta del PP, que en caso de no existir esta figura en España "el señor [Pablo] Casado estaría imputado". El líder del PP aguarda a que el Tribunal Supremo decida qué hace con el caso de las irregularidades de su máster, mientras están ya imputados varios alumnos y profesores por tribunales ordinarios en la misma causa.
En todo caso, la ministra ha puesto cautela —"realismo", ha dicho— en la posibilidad de conseguir la supresión de todos los aforamientos, porque algunos están regulados por la Constitución. Es el caso, por ejemplo, del presidente del Gobierno y los ministros y de los diputados y senadores. Y una reforma constitucional que los eliminara, en estos momentos, resulta compleja. Además, para suprimirlos habría también que reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, que regula los aforamientos del cuerpo judicial, y los diversos Estatutos de autonomía que recogen los aforamientos de diputados y presidentes autonómicos.
El diputado de Ciudadanos le ha pedido "compromisos concretos", más allá de "buenas palabras", y "que el principio de igualdad se haga carne". Ignacio Prendes ha recordado que la reforma constitucional podría tener votos suficientes toda vez que en los acuerdos de investidura que Ciudadanos firmó con PP y PSOE la medida estaba incluida. Es decir, que en principio PP y PSOE estarían de acuerdo. Asimismo, la supresión de los aforamientos ya se está tramitando en Murcia y Cantabria.
En España existen unos 250.000 aforados en distintos grados, desde policías a políticos o jueces, de los que el grueso, algo más de 232.000, son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estatales o autonómicos, según los datos que ofreció el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, en su comparecencia en marzo de 2017 en la comisión de Justicia del Congreso. Otros cinco son de la Familia Real y el resto (17.603) pertenecen a instituciones del Estado y de las Comunidades Autónomas.