Hacienda elude responsabilidad ante el juez por el error de las fincas de la Infanta
La Agencia Tributaria justifica en "errores de tratamiento informático de transmisión"
La Agencia Tributaria de Cataluña ha confirmado que la infanta Cristina no tiene ninguna relación con la venta de 13 fincas que le fue atribuida por valor de 1,43 millones de euros, como hace constar en un informe que ha entregado al juez instructor del caso Nóos, José Castro. El delegado de la agencia en Cataluña remitió al juez un informe de 68 páginas para justificar que se hubieran incluidos errores sobre el supuesto patrimonio de la infanta Cristina.
En el escrito se asume que se atribuyeron por equivocació...
La Agencia Tributaria de Cataluña ha confirmado que la infanta Cristina no tiene ninguna relación con la venta de 13 fincas que le fue atribuida por valor de 1,43 millones de euros, como hace constar en un informe que ha entregado al juez instructor del caso Nóos, José Castro. El delegado de la agencia en Cataluña remitió al juez un informe de 68 páginas para justificar que se hubieran incluidos errores sobre el supuesto patrimonio de la infanta Cristina.
En el escrito se asume que se atribuyeron por equivocación las 13 ventas de inmuebles a la hija del Rey. “Resulta claro que no tenía ninguna relación“ con las ventas que se le adjudicaron en las reseñas de escrituras y fichas del catastro. Los expertos señalan que el repetido error informático, sobre el número del DNI, razón social o NIF, puede nacer en el origen, traslado e incorporación de los datos. Hacienda tiene claro que la hija menor del Rey es completamente ajena a esas operaciones inmobiliarias y lo justifica en "errores de tratamiento informático de transmisión".
El responsable de los inspectores de Hacienda en Cataluña asume, por el lugar de residencia y actividad de los duques de Palma, que le remitieron al juez información aportada por otros y que no contenía, porque no se requirió, dicen, un “estudio, análisis, opinión ni juicio técnico jurídico tributario“. Hacienda recalca que en otras tres ocasiones anteriores sí le reclamaron concretamente estos análisis u opiniones. La Agencia Tributaria no investigó el patrimonio de la hija del Rey, solo trasladó, asegura, datos que otros tenían y anuncia al juez la voluntad de colaborar.
Tras las comprobaciones realizadas por Hacienda en las últimas semanas, la agencia recalca que doña Cristina nada tenía que ver con las anteriores operaciones inmobiliarias, por lo que no ha sido necesario iniciar ningún procedimiento de inspección para determinar un supuesto incremento patrimonial por parte de la Infanta.
En 11 de las 13 operaciones de compraventa inmobiliarias, "la causa de la imputación errónea fue consecuencia de que la información recibida en la Agencia Tributaria con origen en Notarios y Registradores, figuraba erróneamente atribuida al DNI 14 sin letra de control. Esto provocó la imputación al único DNI 14 que figuraba en la base de datos". Así se aludió al DNI Infanta Cristina.
En los otros dos casos, "se produjo un error en el proceso desarrollado por la Agencia Tributaria al incorporar estas operaciones en sus bases de datos".
La Agencia Tributaria ha confeccionado este informe después de que el magistrado solicitase una corrección de los puntos sobre los que hubiera advertido errores y "explicando de manera comprensible y documentada las razones a que obedece la disparidad".
Un anterior informe enviado al juez Castro, la Agencia Tributaria señalaba que la Infanta había realizado diversas operaciones entre 2005 y 2006, poco después de que adquiriera junto con su marido, Iñaki Urdangarin, el palacio de Pedralbes en Barcelona, en octubre de 2004. Así, en febrero de 2005 constan dos ventas en la zona de la playa de San Juan de Alicante (una por valor de 162.283 euros y otra por 6.000 euros). A finales de ese mismo año, se le atribuía la venta de una casa y cuatro pequeñas fincas en Valenzuela de Calatrava (Ciudad Real).
Al año siguiente, en 2006, el primer informe sostenía que doña Cristina vendió en marzo de 2006 una propiedad en Calella (Barcelona) por 450.000 euros y otras cinco en Pilar de la Horadada (Alicante) ese mismo mes, unos días más tarde.