La Abogacía del Estado no cree que la Infanta haya cometido delito fiscal
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La Abogacía del Estado no cree que la infanta Cristina haya cometido delito fiscal. La letrada jefe en Baleares, María Dolores Ripoll, así se lo ha comunicado esta mañana al juez,José Castro, que instruye el caso Urdangarin. Los letrados del Estado no han reclamado que la Agencia Tributaria emita un nuevo dictamen sobre este extremo, como sí lo ha hecho el fiscal anticorrupción Pedro Horrach, quien ayer solicitó al juez una diligencia urgente para determinar...
La Abogacía del Estado no cree que la infanta Cristina haya cometido delito fiscal. La letrada jefe en Baleares, María Dolores Ripoll, así se lo ha comunicado esta mañana al juez,José Castro, que instruye el caso Urdangarin. Los letrados del Estado no han reclamado que la Agencia Tributaria emita un nuevo dictamen sobre este extremo, como sí lo ha hecho el fiscal anticorrupción Pedro Horrach, quien ayer solicitó al juez una diligencia urgente para determinar si cabe imputar a doña Cristina por un delito fiscal y otro de blanqueo de capitales.
La Abogacía del Estado está personada, legitimada, en la causa del caso Nóos para actuar sobre la defraudación fiscal –delito contra la Hacienda Pública- y no por el supuesto de blanqueo de capitales que la Audiencia de Palma intuyó en el auto de desimputación.
En el caso de un eventual “procedimiento del alzamiento del velo” –mecanismo para identificar a las personas responsables del control efectivo de empresas y sus fondos-, la Abogacía considera que Cristina de Borbón tampoco sería imputable por delito fiscal porque es Iñaki Urdangarin, su esposo, quien nutre de fondos a Aizóon y evita los pagos de IRPF.
La Agencia Tributaria y la Abogacía del Estado entregaron en enero de 2013 de manera conjunta con el Fiscal Anticorrupción un escrito denunciando a Iñaki Urdangarin como presunto autor de tres delitos fiscales, en 2007 y 2008.
La Agencia efectuaba un primer análisis, urgente, para evitar que venciera el plazo de prescripción –en junio de 2013-. Por ello, desde los servicios jurídicos estatales se considera que aun está pendiente un informe final, rutinario, de conclusiones sobre la defraudación fiscal delictiva.
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