La Infanta cree que dar las declaraciones de la renta al juez vulnera su intimidad
Los abogados de doña Cristina creen que es "una injerencia" entregar al juez las declaraciones de la renta
La infanta Cristina se ha negado a través de sus abogados a que la Agencia Tributaria entregue al juez José Castro, instructor del caso Nóos,sus diez últimas declaraciones de la renta. La hija del Rey y esposa de Iñaki Urdangarin considera que dicha entrega supone “una injerencia al derecho fundamental a su intimidad”. El instructor solicitó esta documentación tras imputar a doña Cristina de Borbón por supuesta corrupción en el caso en el que está siendo investigado su esposo junto a su exsocio Diego Torre...
La infanta Cristina se ha negado a través de sus abogados a que la Agencia Tributaria entregue al juez José Castro, instructor del caso Nóos,sus diez últimas declaraciones de la renta. La hija del Rey y esposa de Iñaki Urdangarin considera que dicha entrega supone “una injerencia al derecho fundamental a su intimidad”. El instructor solicitó esta documentación tras imputar a doña Cristina de Borbón por supuesta corrupción en el caso en el que está siendo investigado su esposo junto a su exsocio Diego Torres.
El juez pretende profundizar en la posible relación de la hija del Rey con los hechos delictivos de la causa, en el plano de cooperación con los negocios bajo sospecha del yerno de don Juan Carlos. Además de las declaraciones al fisco de la Infanta y su esposo, el instructor reclamó días atrás toda la información mercantil de la sociedad Aizoon de la que son propietarios Iñaki Urdangarin y Cristina de Borbón.
La defensa de la también duquesa de Palma ha presentado un recurso en el que considera que la diligencia del juez Castro solicitando las diez últimas declaraciones de la renta es “superflua” y de “nula utilidad”, porque se inicia sin sólidos indicios de criminalidad. Así, opina que una diligencia puramente de investigación prospectiva como califica a esta debe ser vetada.
“La afectación de la intimidad”, se asegura en el escrito, “consistente en la incorporación a un proceso penal de las declaraciones del IRPF de una persona solo puede acordarse legítimamente por el órgano instructor ante la existencia de sólidos y claros indicios de criminalidad en esa persona”.
Según los abogados, en el auto en el que la Infanta fue citada a declarar como imputada, el juez explicaba su intención de interrogarla sobre su intervención en el Instituto Nóos y la empresa Aizoon, así como sobre el manejo y destino de los fondos obtenidos a través de ambas, pero nada decía de “cuestiones tributarias”.
“No se expone ni una sola razón por la que la diligencia acordada sería oportuna, esto es, necesaria y pertinente”, alegan los abogados Miquel Roca y Jesús María Silva, representantes jurídicos de la Infanta. Los letrados, que creen que el juez atiende las suposiciones del seudosindicato ultraderechista Manos Limpias, explican también que es público y notorio, porque ha salido publicado en medios, que la infanta Cristina y su esposo están sujetos al régimen económico-matrimonial de separación de bienes y presentan sus declaraciones tributarias por separado.
El duque de Palma ya presentó otra acción de rechazo a la diligencia de investigación complementaria. Hacienda, a través del Abogado del Estado, recuerdan los defensores de la Infanta, rechazó que ella fuera parte implicada en los tres supuestos delitos fiscales de los que se acusan a Iñaki Urdangarin.
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