El Constitucional admite el recurso contra la congelación de las pensiones
El Gobierno tiene 15 días para defender de la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por los partidos de la oposición contra la no revalorización de las pensiones anunciada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en noviembre. El Gobierno anunció entonces que no actualizaría las pensiones de acuerdo al Índice de Precios al Consumo, que subió un 2,9%, incumpliendo así lo prometido al inicio del año y una promesa más del programa electoral del PP. Ahora, el tribunal le da 15 días para que presente alegaciones...
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por los partidos de la oposición contra la no revalorización de las pensiones anunciada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en noviembre. El Gobierno anunció entonces que no actualizaría las pensiones de acuerdo al Índice de Precios al Consumo, que subió un 2,9%, incumpliendo así lo prometido al inicio del año y una promesa más del programa electoral del PP. Ahora, el tribunal le da 15 días para que presente alegaciones en defensa de su decisión.
La medida de Rajoy tuvo como consecuencia la respuesta en bloque de la oposición que decidió recurrir la iniciativa al Constitucional, en un recurso firmado por los grupos parlamentarios del PSOE, de CiU, PNV, Izquierda Plural y UPyD.
El recurso se basa en la consideración de que el decreto vulnera el artículo 9.3 de la Constitución que dicta la imposibilidad de adoptar medidas con carácter retroactivo. Con su decreto, el Gobierno echó atrás el compromiso a los pensionistas de una subida y una actualización comprometida en función del IPC final en noviembre.
Los grupos que presentaron el recurso defendieron que a los pensionistas se les mantenga el poder adquisitivo y criticaron la medida por considerarla injusta y contraria a los derechos adquiridos de los jubilados.
El Gobierno justificó la no subida de las pensiones contributivas conforme a la desviación del IPC en 2012 (2,9 %) en la necesidad de cumplir con el compromiso de reducción del déficit público y en las tensiones de tesorería de la Seguridad Social. La actualización de la subida de las pensiones habría supuesto para el Ejecutivo un desembolso de alrededor de 3.800 millones de euros.