Ganar la batalla de la opinión

En junio de 2009, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, en una sentencia de gran trascendencia jurídica y política, avaló la Ley de Partidos, impulsada por el PP y el PSOE y, con ello, la ilegalización de Batasuna al considerarla parte de ETA. Aquella batalla la perdió Batasuna y la sentencia contribuyó a su decisión de rechazar la violencia de ETA y presionar para su cese definitivo.

Tres años después, en circunstancias diferentes, el mismo Tribunal de Estrasburgo ...

En junio de 2009, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, en una sentencia de gran trascendencia jurídica y política, avaló la Ley de Partidos, impulsada por el PP y el PSOE y, con ello, la ilegalización de Batasuna al considerarla parte de ETA. Aquella batalla la perdió Batasuna y la sentencia contribuyó a su decisión de rechazar la violencia de ETA y presionar para su cese definitivo.

Tres años después, en circunstancias diferentes, el mismo Tribunal de Estrasburgo ha dictaminado en contra de la doctrina Parot, decidida por el Tribunal Supremo español, que desde 2006 ha penalizado a 60 de los 700 presos etarras que podían haber sido excarcelados, por la aplicación retrospectiva de la ley.

La doctrina Parot, promovida por el PSOE y el PP, encontró reservas, ya entonces, en juristas prestigiosos que la consideraron “inconstitucional” por su carácter retrospectivo. A las reservas doctrinales se han unido, recientemente, las políticas. De modo que, hoy, tras el cese definitivo de ETA el 20 de octubre de 2011, solo el Gobierno del PP —el PSOE se ha descolgado— defiende tal doctrina. Pero, con tal firmeza que ha hecho caso omiso de la resolución y la va a recurrir ante la Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo, corriendo el riesgo de ser desautorizado.

El Gobierno del PP no se ha limitado a acatar la sentencia. Ha reaccionado contra este fallo del tribunal europeo, que puede beneficiar a algunos presos etarras, de modo tan negativo como lo hizo con la del Tribunal Constitucional que implicó la legalización de Sortu, la marca política de la izquierda abertzale.

La política antiterrorista del Gobierno del PP está cada vez más condicionada por la presión de la derecha mediática, de las élites de algunas asociaciones de víctimas del terrorismo y de su electorado más conservador. Niega, en la práctica, que estemos en un tiempo nuevo, como dijo Rajoy el 20 de octubre de 2011. Contribuye a ello actitudes como la del diputado de Amaiur Xabier Mikel Errekondo, que ayer fue incapaz de condenar el asesinato del edil del PP Miguel Angel Blanco, en el 15º aniversario de aquel crimen de ETA, cuando se lo reclamaron.

Pero el PP siempre defendió doctrinalmente que al terrorismo no se le podía ganar de cualquier modo. Así, la guerra sucia, practicada cuando gobernó la UCD y el PSOE, y a la que se refería el PP, fue un retroceso en la lucha contra ETA. Y, aunque no es lo mismo, retorcer la ley, como reprocha el Tribunal de Estrasburgo al Supremo, tampoco es buen procedimiento para combatir el terrorismo.

El Gobierno del PP empeora las cosas al revolverse contra la sentencia. Al aplaudir con entusiasmo la sentencia del tribunal europeo que avaló la ilegalización de Batasuna y al negarse a acatar esta sentencia del mismo tribunal porque beneficia a presos de ETA utiliza un doble rasero perjudicial porque acrecienta el desapego de una amplia opinión vasca hacia las instituciones españolas que creen que se está en un tiempo nuevo. El Gobierno parece olvidar que ganar la batalla de la opinión, sobre todo en el País Vasco, es clave en la lucha contra el terrorismo, como demostró hace 15 años la gran movilización social contra ETA.