Un sumiller para la hamburguesería

Cada vez que uno de nuestros próceres nos anuncia que ha encontrado una solución a alguno de los problemas de la justicia es como para echarse a temblar, porque indefectiblemente el supuesto lenitivo recae sobre las anchas y ya magulladas espaldas de los ciudadanos. Tan imaginativos remedios, curiosamente, suelen postergar lo justo para refugiarse en lo legal, olvidando o despreciando la máxima de Montesquieu: “Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa”.

Seguro que recuerdan aquella célebre apertura del año judicial en la que el presidente del Supremo, ...

Cada vez que uno de nuestros próceres nos anuncia que ha encontrado una solución a alguno de los problemas de la justicia es como para echarse a temblar, porque indefectiblemente el supuesto lenitivo recae sobre las anchas y ya magulladas espaldas de los ciudadanos. Tan imaginativos remedios, curiosamente, suelen postergar lo justo para refugiarse en lo legal, olvidando o despreciando la máxima de Montesquieu: “Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa”.

Seguro que recuerdan aquella célebre apertura del año judicial en la que el presidente del Supremo, Carlos Dívar, anunció que la Sala de lo Contencioso del alto tribunal tenía bloqueados más de 6.000 millones de euros en litigios pendientes, que había varios miles de millones más en las otras salas, y que esos fondos, al encontrarse congelados, no revertían al circuito económico, lo que cercenaba múltiples expectativas. Quizá ya no se acuerden, pero un par de meses más tarde, Dívar, como Saulo de Tarso al caer del caballo en el camino de Damasco, debió tener una revelación sobrenatural. La panacea alumbrada por el presidente del Supremo pasaba por “confiar más en los jueces y eliminar tantos garantismos”. Es decir, impedir que los ciudadanos pudieran recurrir, cuando precisamente esas garantías jurídicas y procesales sirven para que la ciudadanía pueda acceder a la justicia y paliar la arbitrariedad de los poderes públicos; entre ellos, los jueces.

Ahora, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, con el encanto de un vendedor de cerillas quemadas, nos quiere colar su piedra filosofal, una ley de tasas que —una vez más— desprecia lo justo y se refugia en lo legal. Necesita dinero y por este procedimiento espera conseguir 306 millones, en lugar de los 164 millones que fueron recaudados el año pasado, aunque el coste de los juzgados y tribunales en 2011 ascendió a 1.313,8 millones.

Porque las tasas judiciales fueron eliminadas en 1986, con Felipe González en el Gobierno, para propiciar que todos los ciudadanos pudieran obtener justicia independientemente de su situación económica o posición social. Y en 2002, durante el segundo mandato de Aznar, se reintrodujeron poco menos que de tapadillo, porque únicamente afectaba a las personas jurídicas, es decir, empresas y sociedades, pero no a los ciudadanos de a pie, sin que en la exposición de motivos de la ley se hiciera la más mínima referencia a la oportunidad de la medida.

Ahora, otro Gobierno del PP, con Gallardón como baluarte, pretende pegar una patada a las nubes y propone unas tasas disparatadas especialmente en la segunda instancia (la apelación ante una decisión contraria a tus intereses) o en la casación (el recurso ante el Tribunal Supremo). Imagine, por ejemplo, que usted lleva a juicio a unos grandes almacenes porque no le han instalado bien el mobiliario de la cocina de su casa y les reclama 3.050 euros y el juez de primera instancia no le da la razón. Si usted cree que la sentencia es injusta y quiere que otro tribunal revise el caso, deberá pagar 800 euros de tasas solo para poder recurrir. Probablemente, por ese montante, más gastos de abogado y procurador, usted decida que no merece la pena seguir, si encima piensa que si vuelve a perder le condenarán a pagar las costas y los honorarios del abogado de la parte contraria. Lo que es seguro, es que si son los grandes almacenes los que han perdido, abonarán los 800 euros para poder seguir litigando.

El Ministerio de Justicia ha dado traslado del anteproyecto al Consejo del Poder Judicial. La vocal Margarita Robles, ponente del informe, ha concluido que la medida obedece a exclusivos motivos de oportunidad política y económica y que puede afectar a la tutela judicial efectiva, ya que considera que limita o impide el acceso a la justicia a los pobres mientras deja vía libre a los ricos y a las grandes corporaciones. La portavoz del Consejo, Gabriela Bravo, también ha rechazado el proyecto por considerarlo “poco compatible” con el Estado de derecho. No obstante, el discurrir del informe no será plácido por el Consejo, y es posible que no se llegue a aprobar, pues los vocales conservadores respaldan en bloque la posición del ministerio.

Se apruebe o no el informe, tasas tan desproporcionadamente elevadas en un servicio tan esencial y básico como la justicia suponen algo parecido a que para pedir un simple refresco de cola en la hamburguesería del barrio te obliguen a contratar los servicios de un auténtico sumiller francés.

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