Atreverse a elegir
Frente a la visión tradicional de cooperación al desarrollo, se propone un nuevo enfoque que aboga por involucrar al sector privado en la lucha contra la pobreza y por distribuir los fondos de ayuda, seleccionando a la población según su capacidad y ambición, y no su nivel de pobreza
Naciones Unidas ha llamado a las empresas del sector privado a sumarse para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y potenciar los escasos fondos de cooperación internacional. Seguramente en la concurrencia de todos los agentes estará la solución, pero existen dudas sobre el uso de los fondos públicos de ayuda al desarrollo. Si los recursos son tan limitados, surge una pregunta de índole económica y moral. ¿La ayuda al desarrollo se debe repartir de manera equitativa para no dejar a nadie atrás? O alternativamente, ¿se deben priorizar a ciertos grupos?
La respuesta tradicional de los gobiernos donantes y las organizaciones no gubernamentales es priorizar a los más pobres de entre los pobres. Así, los escasos fondos de ayuda al desarrollo se distribuyen en pequeñas cantidades sobre una población inmensa. Si se transfiriesen los 160.000 millones anuales de ayuda al desarrollo entre los 750 millones de personas que viven por debajo del nivel de pobreza extrema, cada una recibiría ayuda alimentaria, técnica y social por valor de 50 céntimos de dólar al día, sin tener en cuenta los gastos administrativos, logísticos, financieros y de personal que requeriría la ejecución del programa.
Hay otro aspecto que resta legitimidad a esta opción. Destinar la ayuda al desarrollo exclusivamente en función del nivel de pobreza de una persona puede ser una buena política social, pero no es una estrategia de desarrollo económico. ¿No debería priorizarse a los agentes más emprendedores, aquellos que tienen la ambición y la capacidad para salir de la pobreza y beneficiar a más personas a través de la creación de empleo y riqueza? Pero, si existen, ¿quiénes son estos agentes del cambio?
En todo el mundo, las personas más pobres viven en zonas rurales y se dedican principalmente a la agricultura de subsistencia. Sirvan como ejemplo Burundi, Malaui o Somalia, países donde tres de cada cuatro personas trabajan en la agricultura y más de dos tercios de la población vive por debajo del nivel de pobreza extrema, fijado por el Banco Mundial en 1,90 dólares por persona al día. Además, la población rural de estos países constituye el contingente menos interesante para la empresa privada, por su relativo aislamiento y bajo poder adquisitivo. Por ello, con frecuencia, su población no forma parte de las dinámicas del mercado, produciendo para el autoconsumo y el trueque.
Si la pobreza extrema se concentra en el área rural y la agricultura de subsistencia, es lógico buscar agentes de cambio con un impacto directo sobre esta población. La repuesta la podemos encontrar en países como España, donde las cooperativas han jugado un papel preponderante en el desarrollo económico, principalmente de las áreas rurales. Buen ejemplo es el Grupo Cooperativo Mondragón (Eroski, Fagor, Orbea, Orona), gran protagonista de la dinamización económica y social del País Vasco. Es llamativo que los países donde las cooperativas tienen un mayor peso económico como Alemania, Australia, Finlandia, Francia, Irlanda, Países Bajos, o Nueva Zelanda, son los países con mayor progreso social.
Las organizaciones de cooperación al desarrollo vinculadas a las organizaciones de productores, como Acodea en España, centran su trabajo en fortalecer las cooperativas agrícolas como agentes de cambio. A nivel mundial, el 20% de los agricultores y familias campesinas están organizados en asociaciones o cooperativas. Enfocando los recursos de cooperación en este grupo meta se consigue una primera priorización de los fondos de ayuda al desarrollo.
La innovación y el crecimiento económico requieren capital, infraestructuras y la capacidad empresarial que muchos pequeños agricultores solo pueden lograr unidos. Por ello, las cooperativas son incubadoras naturales de nuevos emprendimientos para las familias campesinas asociadas, ya que les permiten unir sus recursos y esfuerzos con un objetivo común. Pero de los miles de cooperativas y asociaciones de productores que existen, muchas carecen de la ambición para formular tal proyecto de cambio, así como del interés y la capacidad para llevarlo a cabo.
No dejar a nadie atrás parece moralmente lo justo, pero seleccionar rigurosamente a los agentes de cambio genera un mayor impacto social y desarrollo económico
El segundo nivel de priorización de los recursos de cooperación consiste, por tanto, en atreverse a seleccionar entre las cooperativas aquellas que pueden aprovechar los recursos de cooperación de forma eficaz. A través de una selección rigurosa, la cooperación puede trabajar con agricultores y cooperativas con capacidad y ambición para impulsar el desarrollo en sus comunidades y ofrecer alternativas laborales al resto de la población rural. Surge así una cooperación al desarrollo que se aleja de la idealización del pequeño productor como emprendedor, atendiendo a la realidad de que para muchos campesinos la agricultura es su única alternativa, al no poder permitirse el lujo del desempleo, y que muchos campesinos carecen de ambición o motivación por la actividad.
La idea es promover, a través del fortalecimiento de las cooperativas, un punto de inflexión entres las familias campesinas, para que tomen el desarrollo en sus manos suscribiendo una misma idea empresarial e invirtiendo en ella con su propio capital, apalancado en capital externo cuando es necesario, sin esperar a que otros actores externos les proporcionen las herramientas para su desarrollo. Se crea así una revolución silenciosa de transformación estructural donde los propios agricultores, a través de las cooperativas, impulsan el desarrollo económico y generan empleo en el área rural, permitiendo a muchas familias campesinas salir de la agricultura de subsistencia sin necesidad de migrar, al encontrar trabajo en la agroindustria y los servicios que las cooperativas crean en el medio rural.
Un ejemplo en Latinoamérica es la agri-agencia holandesa Agriterra, donde solo un tercio de las cooperativas evaluadas cumplían los requisitos para recibir apoyo técnico. Sin embargo, estas cooperativas obtuvieron un elevado impacto, consiguiendo movilizar 2,73 euros en préstamos de capital e inversión de entidades financieras y 0.53 euros en donaciones de entidades públicas y de cooperación por cada euro recibido en asistencia técnica. Esto permitió financiar la construcción de 16 agroindustrias y generar cientos de puestos de trabajo directos.
No dejar a nadie atrás parece moralmente lo justo, pero seleccionar rigurosamente a los agentes de cambio genera un mayor impacto social y desarrollo económico.
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