Madrid acoge un tribunal popular “histórico” para documentar el apartheid de género impuesto por los talibanes en Afganistán

“Lo que le está ocurriendo a las mujeres en Afganistán no ocurre en ninguna parte del mundo, y está siendo normalizado y olvidado”. Con estas palabras, Shaharzad Akbar, expresidenta de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán y directora de la ONG Rawadari, subraya la importancia de la sesión especial del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) que desde este miércoles y hasta el viernes se celebrará en Madrid para denunciar la persecución de género contra las mujeres afganas. Durante tres días, supervivientes, activistas y juristas internacionales presentarán pruebas y testimonios ante un panel de expertos de este tribunal internacional de opinión, creado en 1979 para abordar violaciones graves de derechos humanos ignoradas por los Estados.

“Este tribunal es histórico porque constituye una oportunidad única para escuchar colectivamente las voces de las mujeres de Afganistán”, afirma en una conversación por teléfono Dorothy Estrada Tanck, miembro del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Discriminación contra las Mujeres y las Niñas. Según la experta, aunque el veredicto, que se conocerá en diciembre, no es vinculante, “permitirá documentar y analizar los testimonios, y con ello abrir la puerta para la rendición de cuentas por las graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos que siguen enfrentando todos los días las mujeres y niñas en ese país”.

Este tribunal es histórico porque constituye una oportunidad única para escuchar colectivamente las voces de las mujeres de Afganistán

Dorothy Estrada Tanck, miembro del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Discriminación contra las Mujeres y las Niñas

Desde el retorno de los talibanes al poder en Afganistán en agosto de 2021, las mujeres han sufrido una drástica regresión de sus derechos y libertades. El nuevo Gobierno afgano, dirigido por los talibanes, les ha prohibido la educación secundaria y universitaria, el trabajo fuera del hogar —salvo en el sector de la salud y ONG, pero con estrictas restricciones— y la participación política o social. Enfrentan, además, severas limitaciones de movilidad, ya que solo pueden viajar acompañadas por un hombre, e incluso han sido silenciadas públicamente, con la prohibición de que se escuche su voz en espacios públicos o de que sus rostros se vean en las calles.

“Mientras la dignidad y los derechos de las mujeres se restringen cada día, al mismo tiempo los talibanes han sido reconocidos por países como Rusia o incluso por Alemania, que ha pactado con ellos deportar a afganos”, explica Akbar en una conversación por teléfono.

“Situaciones reales”

El Tribunal Permanente de los Pueblos, con sede en Roma, es una iniciativa de la sociedad civil creada en 1979 como heredera del Tribunal Russell, que en los años sesenta denunció los crímenes de guerra en Vietnam y las dictaduras latinoamericanas. No tiene poder judicial ni emite sentencias vinculantes, pero sí una autoridad moral y simbólica reconocida internacionalmente. “Su veredicto se puede llevar al Consejo de Seguridad de la ONU, al Consejo de Derechos Humanos y ante la Unión Europea”, afirma Akbar, que cree que gran parte del trabajo de movilización comenzará una vez que se haga pública la sentencia. Aunque el gran objetivo, según la activista, es “que se conozcan las situaciones reales que están viviendo las mujeres de Afganistán”.

“Contaremos con testimonios de manifestantes, activistas o profesoras que han sido detenidas y torturadas y cuyas familias han sido amenazadas”, describe Akbar, que señala “la enorme valentía” de las personas que van a declarar. “Durante los días en los que se produjo el corte de internet en Afganistán, estuvimos completamente incomunicados con testigos de dentro del país, pero tuvimos una superviviente que viajó durante una hora y media hasta la frontera con otro país y compró una tarjeta SIM de ese país para conectarse a Internet”, recuerda la activista. “Cuando lo logró, dijo ‘debo testificar, quiero que mi testimonio se escuche en este tribunal”, rememora Akbar.

Contaremos con testimonios de manifestantes, activistas o profesoras que han sido detenidas y torturadas y cuyas familias han sido amenazadas

Shaharzad Akbar, directora de la ONG Rawadari

El proceso que llega ahora a Madrid es fruto de un año de trabajo de una coalición de cuatro organizaciones afganas: Rawadari, Afghanistan Human Rights and Democracy Organization (AHRDO), Organization for Policy Research and Development Studies (DROPS) y Human Rights Defenders Plus (HRD+). Cuenta, además, con la colaboración del Observatorio de Derechos Humanos del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), en cuya sede se celebrarán las sesiones. Cuatro fiscales afganos especializados en justicia internacional y violencia de género han elaborado el documento de acusación que se examinará durante las sesiones.

“Hemos compartido esta acusación con los talibanes para que tengan la oportunidad de venir y defenderse, pero hasta ahora no han respondido”, explica la directora de Rawadari. Para ella, una de las claves del juicio será “el testimonio de una erudita musulmana de Indonesia que hablará de cómo las políticas de los talibanes no están en consonancia con el islam”. “Es lo que más odian los talibanes, porque siempre dicen que no les importa el derecho internacional, porque es, según ellos, una imposición de Occidente, pero son muy cuidadosos al decir que todo lo que hacen es islámico”.

“Con el Tribunal se despierta y reaviva nuestra conciencia global sobre el apartheid de género en Afganistán, y también sobre la relevancia crucial de reafirmar y defender la igualdad de género en todo el mundo como derecho humano fundamental y como piedra angular de nuestro sistema internacional de normas y valores”, concluye Estrada Tanck.