Olivier de Schutter: “Un impuesto del 2% a los multimillonarios proporcionaría protección social a 820 millones de personas en países de bajos ingresos”

Olivier de Schutter (Ixelles, Bélgica, 57 años) cree que es posible que los más de 800 millones de personas que, según Naciones Unidas, viven con menos de 2,15 dólares al día (1,83 euros), mejoren sus condiciones de vida. Según el Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos de la ONU, se requeriría para ello voluntad política para gravar a los multimillonarios y aplicar otras medidas como impuestos sobre la aviación, el transporte marítimo o las transacciones financieras. “El dinero está ahí”, ha asegurado a EL PAÍS durante una entrevista este viernes en Madrid, donde participó en la conferencia Más Allá del Crecimiento, celebrada en el Congreso de los Diputados.

Pregunta. En un mundo con más de 800 millones de personas viviendo en extrema pobreza, ¿cuál es la estrategia prioritaria para acabar con ella?

Respuesta. La más urgente es que los países de bajos ingresos puedan financiar su protección social porque no tienen suficiente margen fiscal para proporcionar a su población seguridad económica frente a los riesgos de la vida como el desempleo, la discapacidad, la enfermedad o el pago de las pensiones. Costaría unos 308.000 millones de dólares (263.417 millones de euros) al año dotar de un suelo básico a los 26 países más pobres, el doble de la Ayuda Oficial al Desarrollo de 2019. Es inasumible para ellos solos, pero sí para la comunidad internacional. El dinero está ahí. Falta voluntad política. Y es la mejor inversión que podemos hacer.

P. Muchos gobiernos están recortando las partidas de ayuda al desarrollo. ¿Qué consecuencias tiene en la lucha contra la pobreza?

R. Es un desastre que afectará a millones de personas y quiero destacar que España no ha retrocedido en sus compromisos. Pero la ayuda al desarrollo no es la única herramienta. En mi último informe a la ONU propuse mecanismos de financiación innovadores para compensar esta caída. Entre ellos, se encuentra el impuesto a los multimillonarios, un mecanismo propuesto por Brasil cuando presidió el G-20.

P. ¿Cómo habría que gravar a los multimillonarios?

R. Un impuesto del 2% sobre la riqueza de los multimillonarios, unas 3.000 personas en todo el mundo, sería más que suficiente para proporcionar protección social a todas las personas de los países de bajos ingresos, 820 millones de personas en los 26 países más pobres. Y los multimillonarios ni siquiera lo notarían.

P. ¿Qué otras medidas se pueden aplicar?

R. Los impuestos solidarios, como los tasas sobre la aviación, sobre el transporte marítimo o sobre las transacciones financieras. En mi último informe muestro que, con la voluntad política necesaria, podríamos movilizar recursos suficientes para apoyar la universalización de la protección social en todo el mundo. El dinero está ahí.

P. También propone el decrecimiento como fórmula para la reducción de la pobreza. ¿Por qué?

R. El decrecimiento es una reducción planificada democráticamente de la producción y el consumo hacia un modelo más sostenible, que permite a la sociedad decidir dónde invertirá, qué producirá y qué necesidades satisfará. No es lo mismo que una recesión económica, en la que se reduce el consumo y la producción y la gente puede sufrir privaciones y sacrificios. Entendido así, el decrecimiento puede ser una solución para reducir la pobreza, porque implicará una distribución más equitativa de la riqueza y los ingresos y cerrará la brecha entre ricos y pobres.

cuanto más meritocrática es una sociedad, más vergonzoso es ser pobre: si no triunfas en un sistema basado en el mérito, se considera que no lo mereces

P. ¿Cree que hay discursos que conducen a la aporofobia?

R. Una de las razones principales por las que la gente no logra escapar de la pobreza es la discriminación. Se enfrentan a estereotipos negativos en su contra. No es solo una experiencia subjetiva, es exclusión real. Y constituye un obstáculo para acceder al empleo, a la vivienda, a la educación o a la protección social. Si un empleador no te contrata porque has estado mucho tiempo en paro, o porque no tienes el acento adecuado, no tienes una buena dentadura o porque no dominas ciertos códigos culturales o sociales, ya partes con desventaja. Si un casero no quiere alquilar a alguien que depende de ayudas sociales o tiene ingresos irregulares, es un obstáculo más. Si un niño es acosado en la escuela porque viene de una familia de bajos ingresos, tendrá dificultades de aprendizaje y probablemente abandonará los estudios. Y si las personas pobres son humilladas cuando solicitan prestaciones sociales, muchas ni siquiera reclamarán sus derechos. La aporofobia no solo es injusta: es una traba estructural para salir de la pobreza.

P. ¿Se puede combatir cambiando la narrativa?

R. Con demasiada frecuencia los políticos culpan a las personas pobres de su situación: deberían formarse, educar mejor a sus hijos, cumplir con citas médicas… Eso es perverso. Debemos entender la pobreza como el resultado de una sociedad que no es lo bastante inclusiva, no como un problema individual. Y paradójicamente, cuanto más meritocrática es una sociedad, más vergonzoso es ser pobre: si no triunfas en un sistema basado en el mérito, se considera que no lo mereces. Esa visión es peligrosa. Quienes triunfan suelen hacerlo porque tenían una familia acomodada, buena educación y redes sociales que les apoyaron.

P. ¿Está creciendo la aporofobia en el Norte Global?

R. Sí, porque los sistemas de bienestar están bajo presión y se imponen condiciones más duras a quienes reciben ayudas. Se percibe a los pobres como competidores, estafadores o incluso una clase peligrosa. El auge de la extrema derecha en Europa y Estados Unidos ha convertido a los pobres, al igual que a los migrantes, en chivos expiatorios.

La mayoría de las personas hambrientas lo son porque son pobres

P. Como presidente del Panel Internacional de Expertos en Sistemas Alimentarios (IPES-Food), ¿qué cambios estructurales son necesarios para acabar con el hambre?

R. Lo esencial es comprender que la mayoría de las personas hambrientas lo son porque son pobres, no por catástrofes naturales ni conflictos. Son pobres porque los salarios son demasiado bajos, porque la protección social es insuficiente y porque los pequeños agricultores no reciben un precio justo por sus productos. El hambre no es un problema técnico, es político, y puede erradicarse.

P. ¿Y en la franja de Gaza, donde ya hay zonas en las que se ha declarado oficialmente la hambruna?

R. Gaza es un caso especial, la hambruna se debe al bloqueo de la ayuda humanitaria. Pero en la mayoría de los países no falta comida, falta poder adquisitivo.

P. Usted ha calificado lo que ocurre en Gaza como genocidio.

R. Soy abogado. El genocidio se define por dos elementos. Uno, políticas que pueden adoptar la forma de asesinatos o imposición de condiciones de vida insostenibles para la población. Y el segundo elemento es subjetivo: la intención de destruir a un grupo definido por su religión, su etnia, su nacionalidad u otras características. Y lo que está ocurriendo en Gaza es un genocidio porque las condiciones a las que están siendo sometidos los palestinos revelan cada vez más la intención de destruir a un grupo concreto definido por su etnia y su religión. El genocidio puede adoptar diferentes formas y la forma que estamos viendo en Gaza es un uso indiscriminado de la fuerza contra una población civil indefensa. Al menos dos tercios de las 65.000 personas que han sido asesinadas en Gaza desde el 7 de octubre de 2023 son mujeres o niños. Y eso va de la mano de un discurso cada vez más frecuente en Israel que deshumaniza a los palestinos y considera a toda la población de Gaza cómplice de los atentados terroristas del 7 de octubre.

P. ¿Qué debería hacer la comunidad internacional para detenerlo?

R. Hasta ahora, las medidas son simbólicas. Incluso el reconocimiento del Estado palestino lo es. La UE debería imponer sanciones económicas reales: dejar de importar bienes y servicios de Israel. La UE es el principal socio comercial de Israel: el 32% de sus exportaciones van a Europa, unos 16.000 millones de euros al año. Eso sí ejercería presión. Pero medidas así serán bloqueadas, previsiblemente, por países como Alemania o Italia.