Las mujeres violadas en la República Democrática de Congo depositan su esperanza en la nueva primera ministra

Los 20 años de vida de la congoleña Anita Ombeni no han sido nada fáciles y, en los últimos tiempos, ha empeorado. En junio de 2023, los combates entre rebeldes armados y fuerzas estatales en la provincia oriental de Kivu Norte la obligaron a huir de su pueblo, Rumangabo. Al cabo de tres meses, en el campamento de desplazados de Kayembe, en Goma, donde ella y miles de personas más han buscado refugio, falleció su único hijo y fue violada en dos ocasiones. “Pero todo esto debería terminar ahora que tenemos a Suminwa”, señala la joven, sentada frente a su tienda de campaña para desplazados, asintiendo con la cabeza.

El 1 de abril, el presidente de la República Democrática de Congo (RDC), Félix Tshisekedi, nombró a la poco conocida Judith Suminwa primera jefa de Gobierno del país, confiándole el cumplimiento de sus promesas electorales de dar prioridad al empleo, la juventud, las mujeres y la unidad nacional. En declaraciones realizadas tras su nombramiento, la nueva primera ministra afirmaba: “Los retos son inmensos y prometo afrontarlos con plena responsabilidad para conseguir una RDC desarrollada, unida y en paz”.

Pero para los miles de víctimas de violaciones, en su mayoría mujeres y niñas agredidas sexualmente durante el conflicto armado por las riquezas minerales del país, una mujer al frente del Gabinete tiene dos objetivos primordiales: poner fin a los incidentes de violación cada vez más frecuentes e impartir justicia. “Es una mujer. Entiende nuestra necesidad de seguridad y la exigencia de que se haga justicia por los crímenes que se han cometido contra nosotras”, afirma Ombeni.

El país centroafricano lleva más de 25 años asolado por los combates entre al menos 122 grupos rebeldes que se disputan el control de sus inestables provincias orientales y sus riquezas minerales, y actualmente vive una de las crisis de desplazamiento interno más importantes del continente. Los militantes han utilizado la violación y otras agresiones sexuales como instrumentos para marcar territorio, tomar represalias y aplastar la resistencia. “En el este de la RDC, la amenaza de violación a punta de pistola sigue siendo una horrible realidad cotidiana que ensombrece la vida de las mujeres y las niñas, impidiendo sus actividades esenciales de subsistencia y sustento”, señaló la representante especial sobre violencia sexual en conflictos de Naciones Unidas, Pramila Patten, el 23 de abril, al dar a conocer el decimoquinto informe de la organización sobre este tema.

Proliferación de armas

Ombeni es una de las víctimas de los 733 casos de violación documentados por Naciones Unidas en la RDC en 2023, lo que supone un aumento del 4,5% respecto a los 701 casos de violencia sexual relacionada con el conflicto del año anterior. Según la ONU, la inmensa mayoría de las víctimas son mujeres y niñas.

Nos dijeron que eligiéramos entre ser violadas o morir

Anita Ombeni

Recordando los detalles de aquella mañana de septiembre, Ombeni relata que se aventuró en el cercano bosque de Kibuma en busca de leña, y que regresaba al campamento con otra mujer desplazada cuando dos hombres vestidos con el uniforme del Ejército y con cuchillos en la mano les dieron el alto. “Nos dijeron que eligiéramos entre ser violadas o morir. Nos negamos”, cuenta Ombeni con tristeza. “Pero vi cómo apuñalaban a la otra mujer hasta matarla”, añade, avergonzada. “Nunca supe si eran del Ejército o milicianos progubernamentales, o incluso del M23″, señala, refiriéndose a los rebeldes apoyados por Ruanda cuya reaparición en noviembre ha empeorado la ya grave situación humanitaria y de seguridad en el este de la RDC.

Aunque la mayoría de los casos de violación son obra de agentes no estatales, las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo (FARDC), desplegadas en las regiones asoladas por el conflicto para contrarrestar la amenaza de los rebeldes del M23, y la Policía Nacional Congoleña, así como agentes estatales, han resultado ser responsables de centenares de casos de agresión sexual.

Passy Mubalama, de Aid Profen, una organización que defiende los derechos de las mujeres en el este de la RDC, afirma: “Por desgracia, la presencia de hombres armados en los emplazamientos de desplazados ha incrementado la violencia contra las mujeres”. Por eso, Mubalama espera que la nueva primera ministra expulse a “cualquier portador de armas que deambule por el campamento de desplazados”. Según el informe de 2023 de la ONU, la proliferación ilícita y la disponibilidad generalizada de armas pequeñas y ligeras “han facilitado las agresiones sexuales y contribuido a la creación de un entorno propicio para la perpetración impune de actos de violencia sexual”.

La presencia de hombres armados en los emplazamientos de desplazados ha incrementado la violencia contra las mujeres

Passy Mubalama, de la ONG Aid Profein

La segunda violación de Ombeni tuvo lugar apenas unos días después, cuando se vio obligada por el hambre a regresar al bosque en busca de comida para ella y su hijo. Su agresor fue un hombre solo, enmascarado y armado. “Sobrevivir en el campamento es muy duro. Nos abandonan a nuestra suerte. Nos empujan hacia el camino de los violadores”, se lamentaba.

Reforma judicial

Aunque Ombeni denunció ambos incidentes al jefe de su campamento, asegura que no se tomó ninguna medida en busca de justicia.

Furaha Julienne, de 40 años, otra víctima de violación, afirma que tampoco se hizo nada después de que denunciara un abuso sexual en noviembre al jefe del campamento de Kanyaruchinya, en el norte de Goma. Julienne, expulsada de Katale, su aldea en el territorio de Rusthuru, tras perder a su marido en medio de la guerra en noviembre de 2022, señala que la falta de medidas para identificar a sus violadores y la lentitud con la que se hace justicia, si es que llega a hacerse, fomentan estos delitos.

“Como mujer, la nueva primera ministra tomará más medidas para reforzar la capacidad del sistema judicial para que pueda hacer frente a todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas”, dice convencida a este diario esta madre de nueve hijos. Solo en 2022, los tribunales de la RDC procesaron y condenaron a 22 miembros de las FARDC, 11 de la Policía Nacional, y 18 civiles. Pero Julienne afirma que estas cifras no reflejan la realidad porque no evidencian hasta qué punto están fuera de control las violaciones en su país.

Como mujer, la nueva primera ministra tomará más medidas para reforzar la capacidad del sistema judicial para que pueda hacer frente a todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas

Furaha Julienne, víctima de violación

Según la ONU, solo una mínima parte de las víctimas denuncian estos delitos debido a problemas arraigados como el miedo a las represalias, el estigma y la escasez de infraestructuras. La organización subraya que “es necesario reforzar las capacidades forenses, las investigaciones y los procesos de rendición de cuentas que garanticen la protección de las víctimas y los testigos”.

Nelly Lumbulumbu, coordinadora de la Plataforma de Mujeres Juristas, compuesta por abogadas, señala que las numerosas lagunas en la búsqueda de justicia por parte de las víctimas comienzan con “la impunidad de muchos violadores. Muchas mujeres y niñas víctimas callan en lugar de denunciar las violaciones, porque temen represalias si no encarcelan a los violadores”, dice en una entrevista telefónica. Un ejemplo de ello es el caso de Eugène Diomi Ndongala, presidente del partido Democracia Cristiana, que fue condenado en 2019 a 10 años de cárcel acusado de violar a una menor, pero fue puesto en libertad sin cumplir su condena.

“La nueva primera ministra debería acabar con la corrupción en la justicia. Muchos supuestos violadores son liberados después de dar dinero. Las víctimas de violación no tienen medios económicos para enfrentarse a los violadores en los tribunales”, afirma la abogada. “No hay nada que Suminwa no pueda hacer respecto a todo esto”, afirma Lumbulumbu, incluida la creación de un tribunal especial en el este del Congo, con la misión principal y única de condenar a quienes cometan violaciones en tiempos de guerra y de paz.

Poner fin a la guerra

Según Angélique Nyirasafari, líder de la Plataforma de Mujeres Mineras, una organización local que apoya a las mujeres que trabajan en las minas, el fin de las violaciones en la RDC solo será posible si se pone fin a la guerra. “El restablecimiento de la paz debe ser la principal prioridad de la nueva primera ministra, ya que la mayoría de los casos de violación son cometidos por rebeldes”, explica. “Se utiliza como arma. Violan a las mujeres para neutralizar o destruir a los hombres. Algunos también violan por venganza”, afirma.

Augustin Kapila, secretario general del partido en el poder, declara a este diario que es necesario “poner fin al activismo de los grupos armados en el territorio de la RDC”. “Debe aplicarse la pena de muerte y los violadores deben cumplir su condena”, señala el político, y añade que las expectativas de las víctimas respecto a Suminwa son “realistas”. “Se acerca un nuevo amanecer de liderazgo femenino en la RDC, y hay algunas razones para esperar que Judith Suminwa aporte soluciones contra las violaciones. El jefe del Estado parece ser un defensor de la masculinidad positiva, y colocar a una mujer en el cargo de primera ministra no es una elección trivial”, concluye.

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