Los niños invisibles del plomo en el norte remoto de Chile

El día en que a Gaspar le salió una herida en el brazo, su familia pensó que sería una picadura de mosquito porque hacía mucho calor y el pequeño había pasado todo el día jugando en la calle. Sin embargo, pasaron semanas y la marca seguía sin curarse. Se puso roja, después negra, y creció hasta hacerse del tamaño de una moneda. Gaspar tenía tres años cuando tuvo que cambiar los columpios de su parque en Arica, una ciudad en el extremo norte de Chile, por las paredes de un hospital en Santiago, la capital, de donde salió dos años después y 65 sesiones de quimioterapia más tarde.

“Él nunca supo lo que tuvo, apenas le quedarán recuerdos. Pero para nosotros fueron tantas lágrimas, nos comió el miedo”, susurra Rebeca, abuela de Gaspar. Ella tiene 57 años, sufre alergias constantes, despigmentación de la piel en varias partes del cuerpo y es superviviente de cáncer de útero. “Como muchas mujeres en esta zona”, asegura esta mujer, totalmente desdentada.

No hubo que esperar mucho para que los cánceres y las malformaciones, las alergias y los tumores se convirtieran en la conversación del día a día

Rebeca tenía la dentadura completa y ninguna dolencia cuando llegó, en 1996, al barrio de Los Industriales, un proyecto de construcción de vivienda social empezado durante la dictadura de Pinochet. En las casas del distrito, las abuelas recuerdan cómo los niños llegaban a la hora de la cena cubiertos de arena. El polvo se les había metido en las uñas y en el pelo, tras pasar la tarde jugando y revolcándose en una montaña negra de polvo muy fino convertida en atracción y parque de juegos.

Lo que no se sabía entonces es que aquella colina guardaba un secreto mortal. Había llegado al lugar desde Suecia 10 años antes, en 1984, tras un acuerdo entre la empresa minera chilena Promel y la sueca Boliden. La empresa sueca pagó a Promel por hacerse cargo de cerca de 20.000 toneladas de residuos tóxicos procedentes de su actividad minera en el otro lado del mundo, con la promesa de que allí había altas concentraciones de oro y metales preciosos que serían aprovechados en Chile, cuyo motor económico es la minería. Además, según explica Rodrigo Pino, antropólogo de la Universidad Católica de Temuco, que lleva trabajando con la comunidad desde 2005, el pacto contemplaba que los desechos, que contenían altas concentraciones de arsénico, mercurio, cadmio y plomo, serían tratados antes de ser enterrados.

Casas en tierra contaminada

Pero nada se cumplió, y la montaña de residuos tóxicos quedó olvidada a las afueras de Arica, una ciudad que actualmente cuenta con 200.000 habitantes y hace frontera con Perú, allá donde termina el desierto de Atacama, con una geografía muy ventosa que facilita la propagación de la contaminación. A finales de los ochenta, empezaron a construirse barrios para familias vulnerables alrededor de la colina donde se encontraban los residuos, conocida entre los vecinos como Sitio F. No hubo que esperar mucho para que los cánceres y las malformaciones, las alergias y los tumores se convirtieran en la conversación del día a día. Todo el mundo parecía estar enfermo, relatan los vecinos.

Cuando las familias se dieron cuenta de que sus casas estaban levantadas en tierra contaminada, empezaron a protestar, y en 2012 lograron que el Gobierno de entonces, dirigido por el conservador Sebastián Piñera, aprobara la Ley 20.590 de Polimetales, que establecía controles sanitarios y el traslado de familias a zonas menos peligrosas, entre otras medidas. Desde entonces sí se logró realojar a familias a otras zonas más seguras de Arica, pero actualmente las viviendas de las zonas afectadas por la contaminación siguen estando habitadas.

A día de hoy la norma ampara a 14.000 personas, según datos del Gobierno, pero existen cientos de niños que, como Gaspar, nacieron después de 2012 y no cuentan con ningún tipo de protección pese a haber desarrollado patologías vinculadas con la alta presencia de metales pesados en su entorno.

En 2021, expertos de derechos humanos de la ONU lamentaron que “muchas personas han perdido la vida” debido a los residuos. ”Entre los efectos secundarios denunciados están el cáncer, los dolores articulares, las dificultades respiratorias, las alergias, la anemia, los abortos y los defectos de nacimiento. Algunas mujeres en edad reproductiva que jugaron en la pila de residuos cuando eran niñas no han podido concebir”, detalló el informe.

Otro caso de niños enfermos es el hijo de Cryshna, Amaru, que ya de recién nacido tuvo que ser hospitalizado durante semanas. Ahora tiene tres años y aún sigue pasando más tiempo en el médico que en casa, explica su madre. Tiene alergia a todo tipo de alimentos, al polvo, problemas de crecimiento y de desarrollo cognitivo, y hace poco la fiebre le subió tanto que empezó a convulsionar. “Es muy pequeño para estar tan enfermito, me dicen que es normal y no me dan más que paracetamol e ibuprofeno”, lamenta Cryshna, de 24 años.

Nuestros hijos viven con una bomba de tiempo en sus cuerpos y nadie hace nada

Luz Ramírez, fundadora de Mamitas del plomo

Quien también denuncia la falta de respuestas es Danae, madre soltera de 29 años, que nació enfrente del Sitio F y desde muy pequeña se acostumbró a escuchar historias de cáncer y muerte. Para cuando nacieron sus hijas, la enfermedad y el dolor estaban tan integrados en su lenguaje cotidiano que le pareció natural pasar horas en el hospital. Le preocupa especialmente la mediana de sus tres hijas, de nueve años: “Voy al psiquiatra y me manda hacer pruebas para catalogarla como Asperger, pero para cuando puedo juntar dinero y hacer todas las pruebas que me piden ya hay un especialista nuevo, que cambia el diagnóstico”.

Una bomba de tiempo

En su informe de 2021, los expertos de la ONU subrayaron que a “la comunidad se le ha negado el acceso a la justicia durante años, ha recibido escasa o nula reparación y aún hoy se ignora a quienes necesitan atención médica. Los efectos sobre los derechos humanos sufridos por la comunidad no harán más que acentuarse con el paso del tiempo”.

En su informe, también consideran que los Gobiernos sueco y chileno son responsables de este drama y recuerdan que en 2013, 796 residentes de Arica, entre ellos defensores de los derechos humanos, iniciaron acciones legales en Suecia contra Boliden, pero un tribunal de apelación consideró que los presuntos delitos habían prescrito y el Tribunal Supremo sueco no encontró motivos para abrir el caso.

En 2021, Boliden, en un comunicado “negó que su acción (al transportar estos residuos a Chile) fuera negligente” y subrayó que la justicia de su país había concluido que la empresa actuó “de manera responsable, informando a las autoridades pertinentes de Suecia y Chile y siguiendo todas las normas”.

Finalmente, los residuos fueron trasladados a un lugar cercano más alejado de las poblaciones y las casi 20.000 toneladas terminaron enterradas y selladas. “Deben tomarse medidas urgentes para devolver los residuos peligrosos a Suecia de forma segura para su correcta eliminación”, pidieron en su informe los expertos de la ONU.

Mientras tanto, la población local sigue aguardando e intentando defenderse por sí sola. Luz Ramírez y otras madres de niños que nacieron después de 2012, crearon ‘Mamitas del Plomo’, una fundación que quiere defender a quienes no son amparados por la Ley de Polimetales. La organización lleva años recogiendo información de exámenes médicos y patologías de los niños de las zonas más afectadas y pelea por la correcta aplicación de la normativa y su ampliación.

Existen cientos de niños que, como Gaspar, nacieron después de 2012 y no cuentan con ningún tipo de protección pese a haber desarrollado patologías vinculadas con la alta presencia de metales pesados en su entorno

En la última carta que recibieron del Palacio de la Moneda, sede de la presidencia chilena, fechada en julio de 2022, en respuesta a una de sus múltiples peticiones, el Gobierno progresista de Gabriel Boric aseguró estar “trabajando para erradicar toda práctica o política que posponga, obstaculice u omita las urgencias de las infancias y adolescencias”.

El responsable gubernamental del área de Medio Ambiente en Arica, Diego Arellano, autoridad encargada de coordinar y aplicar la Ley de Polimetales, explica que la idea es “escuchar a la gente y tratar de ir más allá de la ley con una visión integral”. En conversación con este diario, Arellano reconoce que, mientras en la agenda legislativa no exista la prioridad de extender los beneficios de la norma, lo único que la Administración puede hacer es examinar a los niños que presenten patologías en el Centro de Salud Ambiental, un ambulatorio para atender a las personas afectadas por la contaminación. Los vecinos denuncian, sin embargo, falta de expertos y largas listas de espera en un centro construido al calor de la Ley de Polimetales que se había establecido como provisional.

“Si llevamos casi 30 años con esta lucha, algo no funciona”, resume Pino. En 2007, la Corte Suprema chilena condenó al Estado a pagar unos 5,4 millones de dólares (4,1 millones de euros al cambio actual) a 356 habitantes de la zona, solo una parte de los afectados, para reparar el daño provocado por la contaminación, una decisión considerada insuficiente por los habitantes, que piden soluciones definitivas.

“Las autoridades saben que estos niños existen y saben lo que les puede pasar, saben que viven con una bomba de tiempo en sus cuerpos y que pueden morirse. Quieren hacerles invisibles, quitar importancia a lo que les pasa. ¿Cómo alguien que sabe lo que está pasando y no hace nada puede abrazar a sus hijos por la noche? Tenemos la información, tenemos los exámenes de nuestros hijos y de los de nuestras vecinas, se los hemos dado y el Gobierno no hace nada. Es cómplice de estos crímenes”, sentencia Ramírez.

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