“¿Será verdad que merezco esto?”: violencia sexual en República Centroafricana
Cristine tenía 15 años cuando fue violada por el líder de un grupo armado, mientras huía de la guerra en su país. Ahora, tiene 18 años y es madre de una niña de dos. En RCA es difícil el acceso a la atención sanitaria y psicológica de las víctimas
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Cristine tenía solo 15 años cuando fue violada por el líder de un grupo armado, mientras huía de la guerra en su país, República Centroafricana (RCA). Ahora, tiene 18 años y es madre de una niña de dos, fruto de abusos posteriores. Desde entonces, convive con graves problemas psicológicos que le impiden continuar con su vida cotidiana.
“Estaba pasando por la calle empezaron a llamarme, yo me negué a ir. Entonces me dijeron que si me negaba me matarían. Sacaron un cuchillo y unas pistolas, no tenía otra opción, acepté porque eran muchos hombres, pero fue su jefe el que los había enviado para que fueran a llamarme porque quería tener relaciones sexuales conmigo. Fue sin preservativo, tuve demasiado miedo de quedarme embarazada, de hacer eso… pero me forzaron. Era un hombre muy mayor, yo tenía solo 15 años. No es normal que un hombre mayor se acueste con una niña de 15, pasé demasiado miedo”, cuenta Cristine con voz temblorosa mientras juega nerviosamente con sus dedos.
A lo largo de la historia, la violencia sexual se ha utilizado de manera recurrente como una de las armas de guerra más cruentas y, lamentablemente, una de las menos castigadas. En numerosos países de África subsahariana en los que en la actualidad existen conflictos bélicos activos, como República Centroafricana o República Democrática del Congo, las milicias siguen cometiendo impunemente este tipo de crímenes.
Tras ocho años de conflicto en RCA, la esperanza de una posible paz germinaba ante las elecciones nacionales celebradas en diciembre de 2020. Desgraciadamente, los comicios han sumido al país en una nueva ola de ataques. Desde el pasado mes de enero, el resurgimiento de la violencia y la reorganización de los grupos armados han aumentado gravemente el riesgo para las mujeres y las niñas de ser víctimas de violencia sexual.
La impunidad
Una de las principales características de la violencia sexual en contextos de conflicto a nivel global, y particularmente en RCA, es la impunidad. Aunque en los últimos años se han producido avances a nivel legal, la realidad es que la falta de mecanismos judiciales para condenar estos crímenes y la dificultad para cuantificarlos acaba con el desamparo casi total de las víctimas, impidiendo su recuperación y alentando a los abusadores a seguir cometiendo este tipo de actos.
Desde hace unos años, se han logrado algunos avances, como el establecimiento de un Tribunal Penal Especial en 2015 con jurisdicción sobre violaciones graves de Derechos Humanos o la condena a 18 años de cárcel del expresidente congoleño Jean Pierre Bemba por lo que la Corte Penal Internacional (CPI) calificó como “violaciones cometidas con sadismo” en RCA y otros crímenes de guerra. A pesar de que esta condena supuso un gran avance en el reconocimiento de la violación como crimen de guerra y marcó un hito en la batalla contra la violencia sexual, Bemba fue puesto en libertad dos años más tarde para regresar a su país natal.
En 2016, se produjo en RCA el primer caso registrado por la ONU en el que algunos miembros de grupos armados fueron condenados por la violación de una niña de 16 años en Bambari, aunque tan solo acabaron recibiendo condenas mínimas de prisión y una multa.
Recibir asistencia, una misión imposible
Independientemente del país en el que ocurra, la violencia sexual es un tema tabú y, después de sufrir una agresión, la víctima se siente avergonzada y evita denunciar o exponerse a ser rechazada por su entorno. Al rechazo social y familiar hay que sumar las secuelas físicas y psicológicas con las que estas niñas y mujeres tienen que convivir.
Cuando llegó al campo de refugiados de Gado, en Camerún, Cristine tenía miedo de relacionarse con chicos. Aunque ha recibido asistencia médica y psicológica en ocasiones puntuales, su estado ha empeorado en los últimos años. Sufre crisis constantes y huye de su casa, en la que vive junto a su madre y su hija, para aparecer varias horas después sin ropa en medio de la calle.
“‘Estás loca, no eres normal, no eres normal para poder vivir con el resto de gente aquí', me decían. La gente quería hacerme ver que yo no formo parte del mundo normal del resto de personas, yo soy la loca para ellos. Eso me entristece muchísimo, me frustra, me siento acorralada y todo eso lleva una y otra vez a mi cerebro a pensar en lo que me pasó”, relata.
En RCA, el difícil acceso a la atención sanitaria y psicológica es una de las principales barreras a las que las víctimas tienen que hacer frente. En el último año, esta situación se ha visto agravada a causa de la covid-19. Según un informe del Secretario General de Naciones Unidas en 2017, en RCA solo un 32% de las supervivientes de violencia sexual recibió asistencia de emergencia dentro de las 72 horas posteriores a ser agredidas.
“‘Estás loca, no eres normal, no eres normal para poder vivir con el resto de gente aquí', me decían. [...] Eso me entristece muchísimo, me frustra, me siento acorralada y todo eso lleva una y otra vez a mi cerebro a pensar en lo que me pasóCristine, víctima de abusos sexuales en RCA
“A veces me enfada, pienso en por qué esa gente me hizo eso que me ha llevado a estar en este estado. ¿Será verdad que merezco esto? ¿Será verdad? ¿Por qué soy yo la que ha merecido esto? Si veo a otras chicas que están contentas, tranquilas, nadie las llama locas, pueden estar hablando con otras personas como si nada. Cuando las veo, me siento triste y me pregunto por qué yo no soy así”, afirma Cristine.
¿Protección o abuso de poder?
Uno de los principales órganos de protección para la población civil es la MINUSCA, misión de mantenimiento de la paz de la ONU en la República Centroafricana. Una de sus tareas fundamentales es colaborar con las autoridades locales en la detección de casos de violencia sexual y el posterior procesamiento de los responsables.
Resulta irónico que la MINUSCA sea, desde sus inicios en 2014, una de las misiones internacionales más controvertidas, debido a numerosos escándalos por el mal comportamiento de sus soldados, a pesar de su compromiso por restablecer la paz y proteger a los civiles. Soldados de varias nacionalidades, tanto africanos como europeos, han sido acusados por las organizaciones humanitarias que trabajan en el terreno de haber agredido sexualmente a mujeres y menores de edad.
Uno de los mayores escándalos en el país dinamitó tras las declaraciones de Anders Kompass, director de operaciones de campo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra. Kompass decidió filtrar a un tribunal francés documentos que demostraban los abusos sexuales a menores centroafricanos vulnerables por parte del personal de paz de Naciones Unidas. Poco tiempo después, fue suspendido de empleo por la filtración de este material confidencial.
Según Kompass, decidió sacar a la luz la información ante la incapacidad de la ONU para detener estos delitos. Poco tiempo después, esto sería corroborado por una investigación independiente, encargada por la ONU en 2016, que concluyó que la organización había cometido serios errores en la gestión de denuncias de delitos sexuales en la misión en República Centroafricana. Finalmente, Kompass fue readmitido por la organización.
“Nunca es demasiado tarde”
En el seno de la comunidad internacional, parece ir tomándose conciencia de la necesidad de erradicar la violencia sexual como arma de guerra. En el Derecho Internacional Penal, se ha tipificado este tipo de violencia como un crimen de guerra y un crimen contra la humanidad, recogiendo una amplia definición que incluye desde la violación o la esclavitud sexual hasta el matrimonio forzado como una forma de violencia sexual.
En el seno de la comunidad internacional, parece ir tomándose conciencia de la necesidad de erradicar la violencia sexual como arma de guerra
A pesar de la existencia de estos mecanismos, la realidad es que la violencia sexual contra las mujeres y niñas sigue siendo a día de hoy una potente arma de guerra y que la abrumadora impunidad que rodea a este delito seguirá representando un obstáculo para la reconstrucción de República Centroafricana y la tan ansiada consolidación de la paz.
En Camerún, el Servicio Jesuita a Refugiados (SJR), junto con Fundación Entreculturas y la Fundación Alboan, lleva a cabo un proyecto de atención a mujeres y niñas víctimas de violencia sexual que se encuentran en contextos de desplazamiento forzado, refugio o migración. Actualmente, Cristine es una de estas chicas a las que el SJR acompaña en su proceso de formación y reinserción, a través del cual ha podido volver a estudiar y recibir atención psicológica profesional.
“En nuestro mundo actual hay muchas niñas y mujeres como yo que sufren, hay que enseñarles que la vida no es fácil, pero que no es tarde, nunca es demasiado tarde para una persona. Habrá personas que digan que es tarde para ti, que estás acabada y la desesperanza llegará, pero solo tenemos que tener paciencia hasta que las cosas lleguen poco a poco”, concluye Cristine emocionada.
Laura Lora es responsable de comunicación de la campaña La LUZ de las NIÑAS de la Fundación Entreculturas.
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