La historia detrás del asesinato de Sergio Rojas

Unas tres horas después del anochecer del lunes 18 de marzo de 2019, Antonio Moreno oyó disparos procedentes de la casa de su vecino en Yeri, una remota población del territorio indígena bribri de Salitre (Costa Rica). Moreno esperó fuera hasta que la única unidad de policía de la zona llegó al escenario del crimen, al cabo de dos horas. Los agentes hallaron a un hombre de 59 años tendido en su dormitorio con siete heridas de bala de nueve milímetros en la espalda. También identificaron 10 agujeros de bala repartidos por la casa. Costa Rica no tardó en enterarse del asesinato de Sergio Rojas, el líder indígena más destacado de la historia reciente del país. El presidente Carlos Alvarado calificó su muerte de “trágica para la comunidad bribri, los pueblos indígenas y toda Costa Rica”.

Han pasado más de dos años desde aquello y el asesinato de Sergio Rojas sigue siendo un misterio sin resolver, cada vez más envuelto en la polémica. En septiembre de 2020, el equipo especial de investigación criminal supervisado por la Fiscalía anunció el sobreseimiento y archivo del caso alegando ausencia de pruebas suficientes tras 18 meses de trabajo.

A raíz de la airada protesta pública, el diminuto juzgado de Buenos Aires, la pequeña capital de Puntarenas que alberga las únicas instituciones estatales de los alrededores de las comunidades indígenas en las que vivió y murió Sergio Rojas, declaró que reanudaría la investigación. En enero de 2021, una comisión de derechos humanos de la Asamblea Legislativa de San José instó al Gobierno central a reabrir el caso.

La oposición acusa al Gobierno de no aplicar el mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de proteger a los líderes indígenas como Rojas. El Ejecutivo central también ha recibido críticas por no aplicar la Ley Indígena de 1977, una disposición legal difícil de llevar a la práctica, que otorga a la población autóctona la propiedad exclusiva de la tierra dentro del territorio indígena.

El Gobierno de Alvarado espera formalizar el complejo proceso de recuperación de tierras, hasta ahora sin éxito. No obstante, su posición parece estar del lado de la causa de Rojas, que anima a la población local a tomarse la justicia por su mano. Una respuesta escrita de los funcionarios del Ministerio de la Presidencia que han participado en las iniciativas gubernamentales de reanudación del diálogo con los líderes indígenas afirma: “La lucha de Sergio Rojas representa una reivindicación histórica y legítima”.

Los partidarios de Rojas sostienen que la inacción del Gobierno no les deja otra opción que ocupar por la fuerza las propiedades habitadas por los que ellos consideran no indígenas

Los partidarios del líder asesinado sostienen que la inacción del Gobierno no les deja otra opción que ocupar por la fuerza las propiedades habitadas por los que ellos consideran no indígenas. “No me detendré ante nada para continuar el legado de Rojas”, declara Felipe Figueroa, nuevo jefe del movimiento de recuperación de tierras iniciado por su predecesor en Salitre. “Estamos preparados, con armas si es necesario”, proclama Jeffrey Villanueva, otro líder indígena inspirado por Rojas, en la vecina Térraba. En el lado opuesto, los que han perdido sus tierras también se sienten abandonados por el Ejecutivo. “Mi lucha es contra el Gobierno por no indemnizarme como promete la ley”, denuncia William Vega, considerado no indígena y al que 15 hombres con machetes le arrebataron su propiedad hace ocho años.

En el juzgado de Buenos Aires se acumulan centenares de casos de cada una de las partes en conflicto. Antes del comienzo de la pandemia había más de 150 indígenas investigados por delitos relacionados con la recuperación de tierras, entre ellos homicidio en grado de tentativa, apropiación indebida y asalto armado. El número de no indígenas también investigados era similar.

Los Gobiernos indígenas autónomos de Salitre y Térraba, que son las instituciones locales encargadas de la gestión de la tierra, están siendo procesados por corrupción. En el río Térraba, la controvertida construcción de la central hidroeléctrica de El Diquís, una infraestructura que suponía el proyecto energético más importante de Centroamérica, hoy abandonada, sigue siendo un caso oscuro que involucra a varios líderes indígenas. Incluso Sergio Rojas, en el momento de su muerte, había pasado siete meses en la cárcel y estaba siendo investigado por malversación de fondos durante su mandato como jefe del Gobierno autónomo de Salitre.

Sin embargo, la verdadera lucha tiene lugar lejos del juzgado y todavía más lejos de San José, la capital del país. El conflicto más visible se desarrolla entre vecinos indígenas y no indígenas. Y los primeros no están unidos en su búsqueda de justicia. Hay una creciente tensión entre los continuadores del legado de Rojas y los que no lo comparten, en un ambiente de desconfianza que dura décadas. El 19 de febrero de 2020 Jerhy Rivera, otro líder indígena que luchó al lado de Rojas, fue asesinado en las calles de Térraba.

“Mientras el Gobierno dé soluciones rápidas y concretas, los pueblos indígenas no necesitarán recuperar la tierra por sus propios medios”, afirmaban los funcionarios del Ministerio de la Presidencia. La pandemia está poniendo al Ejecutivo al límite. Lejos de la capital, las guerras por la tierra continúan.

“Habrá más violencia”

José Moreno, de 52 años, acompañado por uno de sus hijos, identifica los agujeros de bala en la casa de Sergio Rojas una semana después del asesinato. “Sergio era mi vecino y yo estaba en casa la noche en que lo asesinaron. Oí varios disparos y salí inmediatamente. Entonces oí tres más. Llamé a la policía”. Moreno forma parte del consejo de ancianos que decide quién es indígena y quién no en Salitre. En 2012, junto con su amigo Sergio Rojas, participó en las reclamaciones de tierras “por los mismos medios que los conquistadores”. “La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictaminado que la mayoría de los líderes necesitamos protección. El Estado no la proporciona y ahora Sergio está muerto”. Moreno está decidido a seguir reclamando tierras. “Quieren hacernos callar, pero no nos detendremos. Aplicaremos la Ley Indígena de 1977 por nuestra cuenta. Quizá la justicia de este país nunca llegue para Sergio, pero la justicia llegará. Habrá más violencia y más heridos en las dos partes”.

“Yo soy el próximo Sergio Rojas”

Felipe Figueroa, de 57 años, camina hacia su casa de vuelta del colegio donde enseña lengua bribri. Es miembro del consejo de ancianos de Salitre y el nuevo líder del movimiento iniciado por Sergio Rojas para reclamar tierras. “Yo soy el próximo Sergio Rojas. No me detendré ante nada para continuar su legado”. Figueroa afirma que su predecesor y sus partidarios han recuperado la mitad de las tierras de Salitre que, según cree, pertenecen al pueblo bribri. “Hace 10 años, el 60% de nuestro territorio estaba en manos no indígenas. Ahora es solo el 30%”. En su opinión, tomar la tierra por la fuerza es lo único que pueden hacer. “Los territorios indígenas son exclusivamente para los indígenas, pero como no hay voluntad política de aplicar la ley, tenemos que recuperar lo que nos pertenece legítimamente. Cuando has agotado las vías legales, la huelga es el último recurso. Desde mi punto de vista, la recuperación de tierras es nuestra versión de la huelga. Es arriesgada y peligrosa, pero es la manera de alcanzar nuestros derechos”.

“Quería que llevasen a Sergio Rojas ante los tribunales”

Desde su casa en el territorio de Salitre, Doris Ortiz, de 65 años, y su marido dirigen una organización dedicada a verificar las solicitudes personales de reconocimiento de la condición de indígena. “Tengo el poder de decidir si alguien es indígena, pero hoy en día no existe lo que se dice un indígena puro. Ha habido mestizaje generación tras generación”. Algunos miembros de la comunidad creen que Doris y Manuel no son indígenas. Por ello, sus tierras han sido objeto de diversas ocupaciones forzosas por parte de seguidores de Sergio Rojas “armados con machetes, cuchillos, palos y piedras”, denuncia Ortiz. Su marido sufrió ataques físicos y el grupo sigue ocupando su antiguo hogar. “Nuestros abuelos nos enseñaron disciplina, paz y respeto. No aceptamos esta violencia. Yo no quería que Sergio Rojas muriera; quería que lo llevasen ante los tribunales”.

“Los hombres que contratamos para trabajar en casa nos obligaron a abandonarla”

Junior Jara es un estudiante de Salitre de 22 años. “Me considero bribri”, afirma el joven. Sin embargo, como su progenitora es indígena pero no bribri, él no es considerado verdadero miembro de este pueblo. “Hace poco nos mudamos a una casa que compró mi madre. Cuando hubo que arreglar el baño, ella llamó a gente de aquí para que viniese a ayudar. Dejamos a los operarios solos en casa y la ocuparon. Cuando volvimos, nos echaron cuchillo en mano. Los hombres que contratamos para trabajar en casa nos obligaron a abandonarla”. Ahora, en la vivienda que les arrebataron vive una familia bribri. “Los ocupantes me dicen que tienen más derecho que nosotros porque son bribri”. En su hogar actual, un nuevo vecino, hermano de uno de los hombres instalados en su casa anterior, acosa a la familia Jara con amenazas verbales y físicas, y el ruido constante de la música a todo volumen. “Soy el único de mi equipo de fútbol que no tiene una madre bribri. A pesar de ello, somos amigos. No les guardo rencor”.

Jonathan Espinosa, de 61 años, domina visualmente los territorios indígenas desde su explotación agrícola de Buenos Aires, donde forma parte del Gobierno local. “¿Para qué queremos toda esta tierra si nadie va a utilizarla? Tenemos que parar esta locura y esta violencia. Por una parte, mi Gobierno es culpable de dar apoyo a los grupos indígenas que toman las tierras por la fuerza; por otra, el sistema de ADI es corrupto. La única manera de acabar con la violencia y la corrupción es que el Gobierno central venga aquí y escuche a la gente”. Las ADI de Térraba y Salitre están siendo investigadas por la Fiscalía de Buenos Aires por acaparar tierras y poder en manos de unas pocas familias de la élite, malversar fondos y obstaculizar el acceso de la comunidad a los recursos necesarios para participar de hecho en las decisiones sobre las tierras.

“La gente llegó armada con cuchillos y machetes”

William Vega, de 60 años, en la cocina de su casa, sostiene la escritura de la finca de 100 hectáreas en la que cultivó café, bananas y aguacates y crio cerdos durante 28 años. Vega es considerado no indígena y le compró las tierras a otro agricultor no indígena que las había adquirido antes de la ley de 1977. “Mis manos fueron hechas para trabajar el campo. Soy un hombre pacífico, pero hace ocho años, 15 hombres se apoderaron de mis tierras armados con cuchillos y machetes. Se instalaron allí y me dijeron que me fuera”. Vega rechazó una parcela que el Gobierno de Costa Rica le ofreció a cambio y sigue reclamando la indemnización en metálico prometida a los no indígenas propietarios de tierras. “Mi lucha es contra el Gobierno por no pagar como establece la ley, no contra los indígenas”. Hasta hoy, no ha recibido compensación alguna.

“Estamos preparados, con armas si es necesario”

Jeffrey Villanueva, de 44 años, muele granos de cacao en la casa familiar en el territorio Térraba, donde dirige una empresa de ecoturismo. “Llevamos el cuidado de la tierra en nuestros genes. Nos dedicamos a cultivar lo necesario para vivir y no con fines comerciales. Estamos intentando demostrar que el río Térraba está enfermando debido a las plantaciones de piña de Del Monte”. Frustrado por la inacción del Gobierno para ayudarles a recuperar las tierras que creen que son legalmente suyas, Villanueva forma parte de un grupo que ha elaborado listas de las personas que considera indígenas y de fincas ocupadas por no indígenas que tiene la intención de tomar por la fuerza. Hasta el momento, ha recuperado dos fincas, una de la cuales perteneció al tatarabuelo de Villanueva. “Proyectamos recuperar otras 16 explotaciones. Estamos preparados, con armas si es necesario. Esperamos no tener que usarlas, pero el trato que recibimos los indígenas es inhumano”.

Jeffrey Villanueva sostiene la lista de miembros de la población que, según él y un consejo de ancianos, poseen linaje teribe legítimo. Para ser incluido en la lista, detalla, “hay que tener pureza de sangre teribe por línea materna o paterna a lo largo de seis generaciones”. “Además, la persona tiene que ser aceptada por la comunidad, participar de las tradiciones y la cultura, y defender los derechos del pueblo teribe. Los teribes puros son más altos y fuertes que otros grupos indígenas y se miran a los ojos”, añade. La base de datos genealógica creada por Villanueva fue aprobada oficialmente por un decreto del Gobierno del presidente Carlos Alvarado en agosto de 2019. La lista ayuda a decidir quién se queda en Térraba y quién es obligado a marcharse.

Villanueva se reúne periódicamente con representantes gubernamentales de San José y les comunica las tierras que su equipo se propone recuperar. “Le digo al Gobierno que, si no nos ayuda a hacerlo de manera pacífica, seguiremos utilizando la fuerza”. Su próximo objetivo es la finca y la casa de su vecino Donald Guadamos. A la pregunta de cómo se repartirían esas tierras, Villanueva responde: “Las tierras de Donald son mías. Pertenecían a mi bisabuelo, así que son mías por derecho”.

“No tengo miedo”

Donald Guadamos, de 49 años, vive en la zona desde que tenía cinco años y se considera indígena, pero no está en la lista oficial de teribes. “Nadie puede quitarme lo que siento: soy indígena. Este es mi hogar. He vivido aquí toda mi vida. Mis hijos nacieron aquí”. Su padre compró la casa y las 107 hectáreas de tierra circundante que dan al río a un no indígena el año en que nació Donald, antes de la ley de 1977. La propiedad linda con la del líder indígena Jeffrey Villanueva, que afirma que la tierra de su vecino le pertenece. El siguiente proyecto de Villanueva es tomar por la fuerza la finca de Guadamos. “No tengo miedo. Oímos a mucha gente que habla, pero no hace nada. Creo que habría personas que vendrían a protegerme si llegase alguien a echarme de mi tierra”. Guadamos estaría dispuesto a irse si le compensaran adecuadamente. “Si la ADI nos ofreciera dinero para que nos marcháramos, lo aceptaríamos”.

“El asunto de la identidad indígena es una cortina de humo para tapar la corrupción”

Marbeju Vargas, de 46 años, en su casa de Térraba con su hermana Ana Laura, de 42. “Mi hermana tiene síndrome de Down. Cuando mi madre murió, fui a la ADI a pedir ayuda, pero me la negaron. Dicen que no soy indígena”. Marbeju sostiene que la comunidad en la que vive se gobierna con nepotismo y corrupción. “Aquí todo lo controlan tres clanes familiares: los Nájera, los Villanueva y los Rivera. Solo ellos reciben dinero para proyectos de infraestructuras sin que tengan que rendir cuentas. Son ellos los que se benefician de las recuperaciones de tierras. Las cosas se hacen en su beneficio, no en el de la comunidad. Ellos dicen que defienden nuestra tierra, nuestra cultura y nuestros derechos, pero es mentira. Fuera de su círculo de poder, tienes que valerte por ti mismo”. Según Vargas, hablar abiertamente de política en Térraba es peligroso. “La gente no dice nada por miedo a complicarse la vida. Pero el asunto de la identidad indígena es una cortina de humo para tapar la corrupción. Eso de la pureza de sangre es una completa estupidez”.

“Nacimos guerreros”

Asdrúbal Rivera, de 45 años, trabajó 10 años en San José antes de volver a su Térraba natal para ayudar a recuperar territorios que su familia considera sagrados. “Cuando nací, enterraron mi cordón umbilical en estas tierras para simbolizar una conexión eterna. Nuestro objetivo es preservar la tierra, no sacar provecho de ella. Para nosotros, perderla significa perder nuestra identidad”. A principios de la década de 1990, muchas escuelas e iglesias católicas de Térraba prohibieron las lenguas y los rituales indígenas. “Experimenté el racismo desde muy pequeño. Luego, cuando vivía en la capital, me di cuenta de que nuestros ancianos y nuestra cultura estaban muriendo. No podía quedarme de brazos cruzados”. A su regreso en 2000, Asdrúbal creó un grupo dedicado a preservar la cultura teribe. “Volví y el 90% de nuestras tierras estaban ocupadas por no indígenas. Nos dimos cuenta de que, si seguíamos esperando al Gobierno, moriríamos en la espera, como nuestros ancianos”. Siguiendo el ejemplo de Sergio Rojas, el grupo empezó a recuperar tierras, al final por la fuerza. “A veces no hay alternativa. Nacimos guerreros”.

“Nuestra cultura nos permite recibir fondos públicos sin rendir cuentas”

Genaro Gutiérrez, de 65 años, todavía está siendo investigado por corrupción durante sus tres mandatos como presidente de la ADI de Térraba. A pesar de ello, sigue conservando el poder político a través de su hija de 26 años, Daniella, que lo sucedió en la presidencia. Una de las polémicas más notorias de su tiempo en el cargo tiene que ver con su gestión de las ayudas del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, un programa que otorga compensación económica a las familias que destinan parte de su propiedad a la conservación medioambiental. “La policía tiene todas las facturas. No es verdad que pusiera parte del dinero a nombre de personas que habían muerto, pero sí que mi familia recibió el 10% de los fondos, o probablemente menos, quizá el 2%”. Otros vecinos acusan a Gutiérrez de vender la condición oficial de indígena a familias de la zona y de cobrar por expedir permisos para el suministro de electricidad, gas y agua. “Nuestra cultura permite que la gente reciba fondos públicos sin rendir cuentas, pero yo no haría nada contra mi pueblo”.

Además de convertirse en presidenta de la ADI tras los tres controvertidos mandatos de su padre, Genaro Gutiérrez, Daniella también heredó de él el cargo de secretaria general de la CONAI, la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas. La joven estudia Derecho en San José: “La ley existe, pero el Gobierno no obliga a cumplirla. Es un asunto complicado. Hay no indígenas que afirman que son indígenas para poder reclamar la tierra. Y al revés, hay indígenas que dicen que no lo son para poder vender la tierra en la que viven”.

La participación de Genaro Gutiérrez en el fallido intento de construir el proyecto hidroeléctrico más grande de Centroamérica, El Diquís, en territorio teribe, todavía lo persigue. “El Diquís solo hizo un estudio de viabilidad, nada más”. En una segunda entrevista, Gutiérrez confesó: “Sí, me convertí en vicepresidente de una empresa llamada Dikis, propiedad del inversor noruego Helge Haaversen Samuelsen. Lo hice sin consultar a la comunidad y mientras me oponía públicamente a la construcción de la presa como presidente de la ADI. La empresa demandó al Gobierno costarricense por 200 millones de dólares, y en ese momento yo la dejé. La demanda fue desestimada. Nunca recibí dinero de Dikis”,

“Todo el mundo tiene una interpretación de la ley a medida para ayudar a su parte”

Jean Carlo Céspedes, de 37 años, es uno de los dos jueces de la zona que presiden los casos de derechos territoriales indígenas. “La cuestión fundamental en los derechos sobre la tierra es si una persona es o no indígena. En cada territorio hay varias organizaciones que pretenden certificar la identidad indígena. Al mismo tiempo, todo el mundo tiene una interpretación de la ley a medida para ayudar a su parte”. Céspedes se mudó a Buenos Aires para entender mejor la complejidad de las disputas por la tierra. “Hay tensiones por el uso de la tierra. Los propietarios no indígenas suelen cultivarla con fines comerciales, mientras que los indígenas quieren conservarla. Si las recuperaciones violentas continúan y perdemos las tierras cultivadas, aumentará la pobreza”. El juez está casado con una de las hijas de uno de los mayores propietarios de tierras no indígena de la zona y en la actualidad es objeto de una investigación judicial, acusado de parcialidad en varios casos relacionados con la tierra.

“Estoy en el centro de una tormenta perfecta”

Alcalde de la ciudad desde 2016 y primo de Sergio Rojas, José Rojas-Méndez, de 45 años, es el primer alcalde indígena de la historia de la zona. “Estoy en el centro de una tormenta perfecta”, afirma. Rojas-Méndez nació de padre indígena y madre blanca. “Mi vida es un ejemplo de las complejidades de la identidad indígena, cuya esencia a menudo se pierde entre lo que se reconoce oficialmente y lo que hay en el corazón de las personas. Pero yo nací en una comunidad indígena en la que mi familia desempeñaba un papel activo”. Cuando se establecieron los límites indígenas oficiales en Salitre, su pueblo quedó fuera y, en consecuencia, los líderes declararon a su familia no indígena. Ahora que es el alcalde elegido por los indígenas, ha vuelto a ser reconocido como tal. “Viva aquí 10 años”, bromea, “solo entonces podrá formarse una opinión”.

Rojas-Méndez, en su despacho, sostiene una carta que sus hijos le escribieron por la mañana. “Mi obligación es con toda la comunidad, no solo con los indígenas”. El alcalde afirma que el Gobierno central no entiende la complejidad de los problemas. “Actualmente, solo los grupos más locuaces públicamente reciben ayuda del Gobierno. Esto crea conflictos”.

Parte del problema es la educación. “Hay grandes lagunas en el conocimiento de las leyes y los derechos sobre la tierra. Por eso la gente infringe la ley sin saberlo, ya sea en las ventas de tierras o en disputas territoriales que luego los tribunales tardan muchos años en resolver”. Rojas-Méndez piensa que su obligación es actuar como mediador. “Ambas partes serán escuchadas. Algunos líderes indígenas llevan 30 años intentando hablar con la alcaldía. Yo estoy aquí para cambiarlo”.

“No nos queda nada”

Isabel Vargas-Cascante, de 65 años, muestra las imágenes que grabó durante una de las tres recuperaciones violentas llevadas a cabo contra su familia por seguidores de Sergio Rojas. La pareja compró tres fincas a un agricultor no indígena en 1997. “El 20 de julio de 2012, al volver del mercado, descubrimos a 40 personas dentro de nuestra casa. Nos dijeron que ya no éramos propietarios de nada. Cuando llamamos a la policía, no nos prestaron ninguna ayuda”. Al cabo de un mes, 20 personas del mismo grupo ocuparon su segunda finca. “Empecé a grabar, cosa que no les hizo ninguna gracia. Me tiraron al suelo y me golpearon con un palo. Guardé las fotos de los moratones. Les pedimos que nos devolvieran el ganado, pero nos dijeron que ahora era suyo para comer”. El 20 de diciembre de 2012, el grupo volvió por la tercera finca. “Vinieron nuestros ancianos para intentar negociar, pero también los agredieron”. Vargas-Cascante y su marido se trasladaron a una pequeña comunidad a las afueras de Buenos Aires. “Perdimos nuestros medios de vida. No nos queda nada”.

“Otro asesinato”

El 25 de febrero de 2020, alrededor de 200 ciudadanos se congregaron en una vigilia en el centro de San José para llorar la muerte de Jerhy Rivera, un líder indígena asesinado el día anterior en Térraba. Rivera, que durante una década había participado activamente en la recuperación de tierras al lado de Sergio Rojas, recibió cinco disparos por la espalda durante una pelea callejera por una propiedad recuperada recientemente. Dos sospechosos fueron detenidos, pero un juez de Buenos Aires los dejó rápidamente en libertad con el argumento de que los disparos se efectuaron “en defensa propia”. El asesinato de Rivera se produjo solo 11 meses después del de Sergio Rojas.

“Me encantaría ver mi comunidad limpia de no indígenas”

Digna Rivera, de 71 años, es la madre de Jehry Rivera y participó en el conflicto de recuperación de tierras de febrero de 2020 que desembocó en el asesinato de su hijo. Diez meses antes, Rivera había declarado en una entrevista: “Tenemos que encontrar la manera de defendernos nosotros mismos del sistema. Incluso la ADI es un instrumento para controlar a los grupos indígenas. En última instancia, el Estado es el responsable de este conflicto”. Además de Jehry, Rivera tiene tres hijos y 10 nietos vivos y orgullosos de su herencia indígena: “Los verdaderos teribe son puros de sangre y saben vivir de la tierra”, dictamina la anciana. En memoria de su hijo, sigue abogando por la recuperación de tierras en Térraba. “Me encantaría ver mi comunidad limpia de no indígenas”.

“Todos los costarricenses tenemos sangre indígena”

Gerardo Gómez, de 51 años, se mueve en motocicleta desde su finca hasta la pequeña tienda de comestibles de su propiedad que regenta con su mujer en el centro de Boruca. “En mi tienda compran tanto indígenas como no indígenas. Esta es una comunidad pacífica”. Sus tierras, en las que cultiva bananos y cría vacas, se encuentran en territorio oficialmente considerado indígena. “Si me ofreciesen una indemnización, me marcharía, pero compré la tierra legalmente hace 16 años. Nadie me ha dado problemas, aunque si lo hiciesen, sé que la ADI no me ayudaría, porque no soy indígena”. Gómez ha vivido toda su vida en Boruca. “Si usted y yo nos pinchamos el dedo, saldrá la misma sangre. Sé que muchos que se consideran indígenas puros quieren separarse, pero olvidan que todos los costarricenses tenemos sangre indígena”.

“Los agricultores blancos tenemos que defendernos entre nosotros”

“En mi familia siempre hemos sido agricultores. Mi padre compró nuestra primera parcela en 1964”. Hace 14 años, Luis Mora, de 56 años, compró otras 254 hectáreas a su primo, al que en origen se las había vendido una indígena. “La mujer aprovechó el cambio de propiedad para presentar una demanda legal contra mí a través de la ADI local”. Tras 10 años de litigio, el tribunal dictaminó que la tierra tenía que ser devuelta a la familia indígena. En un acuerdo extrajudicial, la ADI ofreció a Mora seguir cultivándola otros tres años. Ahora ese plazo está a punto de acabar. “El verdadero ladrón es la persona que vende algo y luego dice que quiere recuperarlo sin pagar. Si el Gobierno me ofreciese un precio justo, me iría”. Mora ha establecido un pacto de defensa con otros agricultores no indígenas de Boruca por si las recuperaciones de tierras empiezan a llevarse a cabo por la fuerza. “Me he quedado sin nada. ¿A cuántos otros les va a pasar lo mismo? Los agricultores blancos tenemos que defendernos entre nosotros”.

“Los ingenieros aparecieron un día y desmontaron mi tejado”

Cristino Lázaro, de 85 años, es un ecologista de Brunca. En 1958, la construcción de la Carretera Interamericana dividió su territorio. “Fue un caos enorme. Los ingenieros aparecieron un día y desmontaron mi tejado. Tuve que construir una casa nueva”. En su condición de líder de una sucursal regional del Consejo Indígena del Pacífico Sur, Lázaro ha dedicado su vida a entender y reducir los efectos perjudiciales del desarrollo en las zonas boscosas de Costa Rica. “La carretera tuvo un gran impacto en las tierras. Antes de su construcción, todo era bosque. Muchos trabajadores recogían nuestra leña, dejaban el ganado suelto por nuestras tierras y se mezclaban con nuestra gente. Se perdieron gran parte de nuestra cultura y nuestros medios de vida”. Desde 1970, Lázaro ha catalogado más de 250 yacimientos arqueológicos alrededor de Buenos Aires y sigue ofreciendo asesoramiento sobre impacto ambiental a los miembros de las comunidades. “Tengo que luchar constantemente contra la ADI. Si necesitamos que algo se haga, tiene que pasar a través de ellos, pero solo prestan atención a la economía, no al medio ambiente”. Hoy en día, Lázaro sigue viviendo junto a la Interamericana.

La quema de las tierras recuperadas es una táctica de intimidación utilizada en las disputas territoriales. “He recuperado tierras indígenas a pesar de la profunda hostilidad de mi propia gente”, relata Wilson Movisca. “Estas tierras pertenecían originalmente a mi tía, pero en 1939 las registraron como propiedad de la empresa Hermanos Ramírez. La compañía desbrozó el terreno, se llevó la madera y puso ganado a pastar. En marzo de 2018, tras la muerte de los hermanos Ramírez, decidí recuperar las tierras que sentía que eran mías por derecho. Construí una casita en una elevación y empecé a cultivar plataneros, café y yuca. Pero la ADI piensa que las tierras pertenecen a la comunidad. La asociación quemó mi finca esta mañana. No paran de invadirla y amenazarme”, explica su versión. Denora Estrada, hermana de Movisca, se queja de que la policía tarda mucho en responder a las peticiones de ayuda.

Este es un reportaje de investigación original basado en más de 75 entrevistas en profundidad con todas las partes en conflicto en Buenos Aires, Salitre, Térraba, Boruca, Curré y San José. El proyecto ha sido producido por DAWNING en colaboración con Newton Europe. La iniciativa está fundamentada en los métodos de las ciencias sociales y en la ética. Se trata de un reportaje no partidista ni ideológico, en la tradición del periodismo de interés público.

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