Una oportunidad para la inclusión de las personas con discapacidad

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La pandemia del coronavirus ha exacerbado las desigualdades preexistentes y ha golpeado de manera especialmente severa a los grupos sociales más vulnerables, entre ellos el de las personas con discapacidad. La covid-19 ha hecho aún más evidente la discriminación estructural que sufren y, por eso, este 3 de diciembre la Organización de las Naciones Unidas celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad poniendo el foco en la necesidad de que los planes de reconstrucción sean inclusivos y accesibles para no dejar a nadie atrás.

Desde la declaración oficial de la pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el pasado 11 de marzo, han sido muchos los llamamientos por parte de las organizaciones de personas con discapacidad para que los planes de contención de la pandemia tengan en cuenta las necesidades específicas de este colectivo formado por más de 1.000 millones de personas en todo el mundo y que, sin embargo, sigue siendo de los más marginalizados de la sociedad. El propio Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, hizo un llamamiento para que los Gobiernos estableciesen las medidas necesarias para favorecer una respuesta inclusiva a la covid-19 que fue respaldado por 138 países y en el que subrayaba cómo la pandemia había afectado de manera desproporcionada a las personas con discapacidad, tanto directa como indirectamente.

La nueva normalidad ha traído consigo nuevos hábitos como el uso de mascarillas, la higiene de manos o el distanciamiento social que suponen nuevas barreras para quienes se apoyan en la lectura de labios para comunicarse, tienen movilidad reducida o necesitan la asistencia de una persona para desenvolverse en su día a día. Cualquier gestión de crisis no es realmente inclusiva si las medidas que recomienda no son realistas para las personas con discapacidad. Por eso, es imprescindible que estas estén directamente implicadas en el diseño de todos los planes de prevención, mitigación y reconstrucción de la pandemia. Ellas son quienes mejor pueden aconsejar a las autoridades políticas porque son quienes mejor conocen sus necesidades y solo a través de su participación es posible garantizar una inclusión plena y efectiva en la respuesta general a la covid-19.

Afortunadamente, poco a poco, la comunidad internacional se ha ido haciendo eco de sus demandas y gran parte de los protocolos para emergencias de salud pública han ido incorporando ajustes razonables para garantizar que los derechos de las personas con discapacidad no sean vulnerados. Sin embargo, aún falta mucho por hacer. Muchos gobiernos e instituciones ya han introducido subtítulos o lengua de signos en sus mensajes difundidos a través de vídeo, por ejemplo. En cambio, los contenidos adaptados a personas con discapacidad intelectual en versiones de lectura fácil y pictogramas siguen siendo escasos, y la mayor parte de la información que se distribuye digitalmente a través de imágenes o gráficos no incluye una alternativa textual que describa su contenido para las personas ciegas.

El uso de mascarillas, la higiene de manos o el distanciamiento social que suponen nuevas barreras para quienes se apoyan en la lectura de labios para comunicarse, tienen movilidad reducida o necesitan la asistencia

Estas barreras de comunicación también están presentes en los centros de atención sanitaria donde con frecuencias se añaden barreras de accesibilidad física que dejan a las personas con discapacidad en una situación de total vulnerabilidad. Además, numerosas organizaciones han denunciado que, ante la saturación de los servicios de salud y la falta de recursos, ha habido discriminación en su acceso a los tratamientos médicos por considerarse sus vidas menos valiosas.

El informe Disability rights during the pandemic realizado por siete organizaciones internacionales de derechos humanos pone de relevancia el enorme fracaso mundial en la protección de los derechos de las personas con discapacidad durante esta pandemia. En él han participado más de 2.100 personas procedentes de 134 países y la gran mayoría han reportado importantes violaciones de derechos humanos. Una situación que se ha visto especialmente agravada en los países con menos recursos donde, además, vive el 80% de las personas con discapacidad que hay en el mundo y el acceso a la atención sanitaria de calidad es muy limitado.

Iniciativas de cooperación para el desarrollo como el proyecto europeo Bridging the Gap, cuya gestión lidera la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), han reorientado su plan de trabajo para apoyar a los gobiernos y a las organizaciones de personas con discapacidad de sus países socios en la implementación de medidas que garanticen una respuesta inclusiva a la pandemia. Pero más allá de proyectos y programas dedicados a esta temática, el componente de discapacidad debe ser incluido de manera transversal en todos los planes de contingencia de la pandemia o correremos el riesgo de dejar a muchas personas por el camino.

Ahora que el mundo empieza a planificar el nuevo escenario post covid-19 tenemos una oportunidad única de llevar a la práctica todas las lecciones aprendidas e incluir la perspectiva de discapacidad como un eje fundamental, no solo en los planes de reconstrucción, sino en todas las intervenciones de política pública. Porque, tras esta crisis, vendrán otras, y también tendremos que enfrentarnos a la emergencia climática. Y porque la inclusión de las personas con discapacidad es una cuestión de derechos humanos y un requisito imprescindible para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

Carmen Serrano es responsable de Comunicación de Bridging the Gap, liderado por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP).

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