El ataque con ácido a Saida y esas otras agresiones de género que se alimentan de la pandemia

Una tarde de 2016, cuando Saida estaba terminando sus oraciones de la tarde, escuchó la voz de su marido pidiéndole que bajara a la calle. Para su sorpresa, él no estaba solo. La esperaba junto a otros dos hombres que, tras recibir la orden de su esposo, la rociaron con ácido, destrozando su ropa y derritiendo la piel de su cuerpo. De nada sirvió que la mujer permaneciera durante casi cuatro meses en un hospital recibiendo cirugías y tratamientos. Tras el ataque, perdió tanto la oreja como el ojo izquierdo, dejando atrás su vida, tal y como la conocía, para siempre. Saida, de 28 años, es una de las 29 mujeres que aparecen en un informe publicado el 28 de octubre por la organización Human Rights Watch (HRW) acusando al Gobierno del país de no ofrecer apoyo ni recursos suficientes para frenar la creciente violencia contra las mujeres.

Los ataques con ácido son una forma de violencia particularmente extrema en un patrón de violencia de género generalizada dirigida a mujeres y niñas en Bangladés. El texto publicado demuestra que muchas están sufriendo agresiones machistas, incluidas palizas y otros ataques físicos, abuso verbal y emocional y control económico, durante meses o incluso años antes de un ataque con ácido, sin apenas recibir ayuda.

En el caso de Saida, durante los 12 años que estuvo casada antes del ataque, su esposo la golpeaba regularmente y le vertió químicos en los ojos en tres ocasiones, dejándola temporalmente sin visión cada vez. En una de las entrevistas, ella mencionó que su cónyuge “intentaba matarla”.

Como ha sucedido en otras partes del mundo, la violencia contra las mujeres y niñas ha aumentado todavía más con la llegada de la pandemia del coronavirus. El programa de derechos humanos y servicios legales de BRAC, una importante organización no gubernamental en Bangladés, ha documentado un aumento de casi el 70% de los incidentes denunciados en marzo y abril de 2020, en comparación con el mismo período del año pasado.

Los incidentes denunciados en marzo y abril de 2020 han aumentado casi un 70% en comparación con el mismo período del año pasado

HRW denuncia que al mismo tiempo que crecía esta violencia, se interrumpió el acceso a los recursos legales y las medidas de protección urgentes, lo que puso de relieve las faltas de un sistema que ya estaba fallando.

Como explica a Planeta Futuro Meenakshi Ganguly, directora del sur de Asia de HRW, una destacada activista de los derechos de las mujeres comentó durante una de las entrevistas que muchos bangladesíes “todavía creen que la violencia doméstica es una violencia tonta”. Ganguly dice que el maltrato cotidiano “está tan normalizado que muchas mujeres y niñas en Bangladés no esperan que las tomen en serio si se quejan, o ni siquiera saben que tienen derecho a presentar una denuncia, a buscar reparación. Entonces, por supuesto, deben superar obstáculos inmensos solo para denunciar la violencia y buscar seguridad”.

El confinamiento en Bangladés duró del 26 de marzo al 31 de mayo. Durante este tiempo, Ganguly señala que, en lugar de extender los servicios adicionales a las mujeres y niñas que se enfrentaban a un aumento de la violencia doméstica, lo que hizo el Gobierno fue restringir los servicios críticos. Los servicios de los tribunales para las víctimas de violencia de género se cerraron temporalmente. Algunos refugios gubernamentales dejaron de acoger a supervivientes. Las ONG informaron de un aumento de las llamadas de mujeres que decían que se enfrentaban a la violencia en el hogar, pero que literalmente no tenían adónde ir. “Estas fisuras en el sistema, exacerbadas por la respuesta del Gobierno con la llegada de la pandemia de la covid-19, deberían servir como una señal de alerta de que se necesita una reforma sistémica urgente”, argumenta.

Las mujeres entrevistadas por HRW viven en seis de las ocho divisiones de Bangladés. Todas ellas son supervivientes de violencia de género, incluidos los ataques con ácido. El informe señala que el Gobierno ha dado prioridad a abordar este tipo de agresión, pero incluso las personas supervivientes de estos casos encuentran problemas para recibir protección y recursos legales.

Los investigadores, además, revisaron expedientes de casos y entrevistaron a activistas de derechos humanos, abogados y académicos que trabajan sobre temas de violencia de género. Según una encuesta de la Oficina de Estadísticas de Bangladés de 2015, más del 70% de las mujeres o niñas casadas se habían enfrentado a alguna forma de abuso por parte de su pareja. La mitad de las mujeres entrevistadas respondieron que habían sido agredidas físicamente, pero no se lo habían contado a nadie. Menos del 3% de ellas había tomado acciones legales.

Los datos del grupo de derechos humanos de Bangladés Ain o Salish Kendra (ASK) también son bien preocupantes: muestran que al menos 235 mujeres fueron asesinadas por su esposo o su familia solo en los primeros nueve meses de 2020.

Según otro destacado grupo de derechos humanos del país, Odhikar, más de 3.300 mujeres y niñas fueron asesinadas por disputas por la dote entre enero de 2001 y diciembre de 2019. Estas cifras posiblemente solo sean una fracción de los casos reales que suceden y que no son recogidos en los medios de comunicación.

Este 2020 se celebra el aniversario de dos leyes históricas sobre la violencia de género en Bangladés: la Ley de prevención de la represión de mujeres y niños, del 2000, y la Ley de violencia doméstica, de 2010. Las conclusiones desprendidas por la investigación de HRW reflejan que, a pesar de su existencia, las mujeres y las niñas a menudo no pueden buscar un remedio legal significativo y los autores de la violencia rara vez rinden cuentas ante la justicia.

Sin ninguna ley de protección de testigos o programa en funcionamiento, testigos y víctimas abandonan los casos debido a las amenazas y el temor por sus vidas

Saida compartió con los investigadores que nunca se sintió segura denunciando a su marido por miedo a que la policía no la ayudara. Cuando su esposo la atacó con ácido, dice que las autoridades actuaron con incredulidad. Incluso después de perder el ojo y la oreja, el oficial al cargo de su caso, le dijo: “No creo que él lo haya hecho, así que lo vamos a dejar ir”.

Ganguly señala que la policía que está destinada a ofrecer la primera línea de protección, algunas veces incluso “humilla a la víctima, requiere sobornos para presentar un caso o se niega a presentarlo por completo”.

Con acceso limitado a un refugio seguro, muchas mujeres determinan que es demasiado peligroso arriesgarse a presentar una denuncia a la policía, que podría ignorarla, dejándola expuesta a posibles represalias por parte de su esposo u otro miembro de la familia que la está haciendo daño. “Si se presenta un caso, a menudo se prolonga durante años y la persona superviviente debe enfrentarse a repetidas amenazas, demandas de sobornos y abuso continuo. Los fiscales a menudo no están capacitados en derecho penal y no se aseguran de que se presenten testigos y de que haya pruebas adecuadas para llevar un caso adelante”, critica Ganguly.

Al mismo tiempo, sin ninguna ley de protección de testigos o programa en funcionamiento, muchos de ellos, y las propias víctimas, abandonan los casos debido a las amenazas y el temor por sus vidas. Al final, incluso después de todo esto, la probabilidad de obtener un recurso legal con éxito es de alrededor del 1%, según el Programa Multisectorial sobre la Violencia contra la Mujer.

A principios de octubre estallaron protestas en Bangladés después de que un vídeo de un grupo de hombres atacando, desnudando y agrediendo sexualmente a una mujer se volviera viral en la red. Los manifestantes entonces pidieron la dimisión del ministro del Interior, Asaduzzaman Khan Kamal, porque en su opinión, el Gobierno no está abordado el alarmante aumento de la violencia sexual en el país.

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