El hijo de Romero Deschamps resguardó parte de su fortuna en paraísos fiscales

Alejandro Romero Durán, hijo del depuesto líder sindical de Petróleos Mexicanos (Pemex) Carlos Romero Deschamps, adquirió acciones en una empresa constituida en Islas Vírgenes Británicas con la que buscaba comprar bienes inmobiliarios, automóviles de colección, yates, antigüedades y joyas. Desde su incorporación a la firma en 2009, Romero Durán registró como parte de sus activos 10 propiedades establecidas en México. Actualmente es investigado por las autoridades mexicanas junto a su padre y otros miembros de su familia por su presunta participación en un esquema de triangulación de recursos q...

Alejandro Romero Durán, hijo del depuesto líder sindical de Petróleos Mexicanos (Pemex) Carlos Romero Deschamps, adquirió acciones en una empresa constituida en Islas Vírgenes Británicas con la que buscaba comprar bienes inmobiliarios, automóviles de colección, yates, antigüedades y joyas. Desde su incorporación a la firma en 2009, Romero Durán registró como parte de sus activos 10 propiedades establecidas en México. Actualmente es investigado por las autoridades mexicanas junto a su padre y otros miembros de su familia por su presunta participación en un esquema de triangulación de recursos que incluye empresas fachada y transferencias internacionales. La sociedad opaca y la mayoría de los bienes que ahora son revelados como parte de la investigación global Papeles de Pandora escaparon del radar de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el órgano del gobierno mexicano que hizo un rastreo de las propiedades y cuentas bancarias de la familia del exlíder petrolero para denunciarlo ante la Fiscalía General de la República.

Alejandro es uno de los tres hijos de Romero Deschamps, un controvertido personaje de la vida política y sindical en el país ligado al Partido Revolucionario Institucional (PRI). Durante años, los medios mexicanos exhibieron la vida ostentosa de él y su familia: viajes, yates, relojes finos y autos de lujo. El tamaño de su fortuna siempre ha sido cuestionado por diversos grupos de trabajadores disidentes de Pemex que han considerado incongruente su estilo de vida con sus ingresos como dirigente sindical y legislador del PRI. En los documentos de 2009, donde figura que su hijo Alejandro tomó parte del control de una compañía establecida en Islas Vírgenes Británicas, este se presenta como “comerciante”. Además, declaró que sus fondos provenían de los bienes que heredó de su abuelo paterno 26 años atrás.

Esta versión resulta poco creíble para los trabajadores petroleros que conocieron los orígenes de la familia Romero en Tamaulipas. Octaviano Hernández Martínez, quien conoció al exdirigente petrolero de niño, cuenta que Romero Deschamps vivía con sus papás y hermanos en una colonia llamada El Golfo, a las orillas del río Pánuco, en Tampico, donde los residentes eran obreros, comerciantes y artesanos. “Él era de una familia pobre, no eran pudientes, no eran petroleros”, cuenta el hombre de 82 años. El papá de Romero Deschamps (quien supuestamente legó parte de su patrimonio a su nieto Alejandro) no parecía un hombre acaudalado, dice el jubilado petrolero. Por ello le resulta inverosímil que hubiese acumulado alguna riqueza. “El señor era trabajador de donde pudiera, hasta ahí… Vivían en una barriada, no había casas lujosas”, cuenta.

Los hijos de Romero Deschamps no han quedado al margen de las acusaciones que envuelven a su padre y han sido señalados por formar parte de la red de allegados que utiliza como testaferros para ocultar su fortuna, según las investigaciones de las autoridades. La más conocida ha sido Paulina, que solía publicar fotos de sus viajes por el mundo en sus redes. Alejandro, por el contrario, ha mantenido un papel más discreto. Ahora, en el marco de esta investigación global, se sabe que utilizó una estructura opaca para resguardar una decena de propiedades apostadas en Ciudad de México, el Estado de México, Guanajuato, Quintana Roo e Hidalgo. Aunque se buscó a Alejandro y a su padre para conocer su versión sobre lo expuesto en esta investigación, no hubo respuesta.

Steller Overseas Holdings es una firma creada en 2001 y posteriormente registrada por el despacho Aramo Trust Co. Limited en Islas Vírgenes Británicas. En 2009, Romero Durán tomó parte del control de la misma al hacerse con 30.000 acciones, mientras que una mujer identificada como María Cristina Rosalía Cid Durán adquirió otras 20.000. Ambos firmaron un acuerdo con Trident Trust para que este fungiera como custodio de sus acciones al portador, de las que ellos eran los beneficiarios. Este tipo de acciones proporcionan uno de los niveles más elevados de secretismo, ya que no dejan rastro sobre la identidad del dueño real de una sociedad y por lo mismo han sido campo fértil para esconder dinero de negocios opacos o de carácter ilícito.

Cuando Romero Durán adquirió acciones de la sociedad opaca, su padre llevaba ya más de una década y media como líder del sindicato petrolero y anteriormente, entre 1979 y 2003, había ocupado en cuatro ocasiones un cargo de legislador en el Congreso de la Unión. Como regla general, al abrir una compañía radicada en un paraíso fiscal, los parientes directos de este tipo de personajes suelen ser tratados como Persona Políticamente Expuesta (PEP), una categoría que obliga a los despachos a hacer una revisión más exhaustiva de los orígenes de los fondos o los bienes que se quiere poner a resguardo de una compañía opaca. Sin embargo, en los documentos de la filtración no hay indicios de que Trident hubiese realizado una investigación detallada sobre la proveniencia de los ingresos de Alejandro Romero Durán.

En agosto de 2012, Romero Durán adquirió las acciones de Cid Durán y también las puso bajo resguardo de Trident. Cuatro meses después, solicitó al despacho que rescindiera su contrato de custodia para intercambiar las acciones al portador por acciones nominativas, en las que figuraría él como titular. En enero de 2013, una vez que el despacho le confirmó que el acuerdo de custodia había quedado cancelado, Romero Durán solicitó hacer arreglos para que la empresa quedara inactiva. Sin embargo, esto no se concretó, ya que la firma sigue activa, según los documentos consultados en el registro mercantil de esa jurisdicción.

Al menos 4 de los 10 bienes que en 2009 quedaron bajo el resguardo de la sociedad opaca están registrados a nombre de Romero Durán, según los documentos recabados en los registros públicos de la propiedad. Entre estas propiedades se encuentran un penthouse en la zona de Polanco, en la capital mexicana, que compró en octubre de 2007 a un precio de 6,2 millones de pesos mexicanos (más de 300.000 dólares al cambio actual). A dos kilómetros de ahí cuenta con otro departamento por el que pagó 2 millones de pesos el mismo año.

En la zona hotelera de Cancún, la joya turística del caribe mexicano, Alejandro y su hermano José Carlos compraron en 2006 una vivienda de 1.089 metros cuadrados a su tía María Guadalupe Lidia Durán Limas. La residencia, que en ese entonces tenía un valor comercial de 3,9 millones de pesos (casi 200.000 dólares al cambio actual) contaba con dos terrazas (una con piscina y la otra con tina de hidromasaje) y cuatro recámaras con estudio, estancia y bar. Los registros abarcan propiedades tan antiguas como un lote de 950 metros cuadrados en Guanajuato que Romero Durán le compró a un exempleado de Pemex en 1993, cuando tenía apenas 22 años.

Un quinto inmueble vinculado a la offshore de Romero Durán está ubicado en la colonia Narvarte, en la alcaldía Benito Juárez de la capital mexicana, aunque en los registros de compraventa de esta propiedad en Ciudad de México no hay rastro del hijo del sindicalista como dueño, sino una empresa denominada Edificaciones Alcar S.A. de C.V. que pagó 5,2 millones de pesos en 2013 por el inmueble.

Investigación en curso

Durante poco más de dos décadas y media, Romero Deschamps dirigió con total opacidad las riendas del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), uno de los más poderosos en América Latina. Siempre se resistió a transparentar sus finanzas e impulsó amparos judiciales para no dar a conocer información a sus agremiados. En los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, las investigaciones que lo señalaban por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero quedaron archivadas. Con la llegada de López Obrador se avivaron las acusaciones en su contra y se sumaron nuevas denuncias en la Fiscalía que provenían de grupos disidentes dentro del sindicato. Además, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) emprendió una revisión de los activos de los Romero por el sistema bancario que dieron pie al inicio de indagatorias en la Fiscalía General.

Actualmente, las autoridades investigan las operaciones que el político realizó con sus familiares, entre los que están su esposa, hermana, hijos, sobrinos y otros miembros de su clan. Las transacciones entre ellos, según la denuncia elaborada por la UIF, no tienen un origen lógico ni un perfil transaccional, ya que no pueden sustentarse en actividades comerciales o de negocios lícitos. “Se detectó que familiares de Carlos Romero Deschamps presentan una serie de operaciones que se consideran injustificadas, mismas que tienen un alto grado de probabilidad de que provengan de alguna fuente ilícita derivado de algún tipo de desvío de recursos, constituyendo posibles actos de corrupción debido a la vida de lujos que estos tienen”, se destaca en el documento al que ha tenido acceso EL PAÍS.

El exlíder sindical y sus familiares triangularon recursos a través de depósitos, transferencias y compras de propiedades en México y el extranjero. Estas operaciones —que según la UIF no tienen justificación y apuntan a esquemas de lavado de dinero— buscaban ocultar el origen de los activos echando mano de empresas de papel y transferencias internacionales. “Los recursos operados dentro del sistema financiero por los sujetos analizados no se encuentran justificados pues su elevada cantidad y la dinámica de las transmisiones evidencian operaciones extrañas o anómalas a las prácticas comerciales y financieras ordinarias”, quedó asentado en la denuncia del órgano de inteligencia.

Uno de los investigados es Alejandro Romero Durán, que a través de una cuenta bancaria registró depósitos por 75,8 millones de pesos (3,7 millones de dólares) y retiros por 75,4 millones de pesos entre 2012 y 2017. Además recibió un préstamo de cinco millones de pesos de la sección 34 del sindicato petrolero, pese a que no estaba registrado como empleado. Otra señal que despertó sospechas en la UIF es que adquirió diversos inmuebles en zonas exclusivas, valuados en sumas elevadas. Entre ellos, por ejemplo, la compra de una propiedad en Polanco, en la capital mexicana, valuada en 16,2 millones de pesos, que no fue reportada en su declaración fiscal anual. Este bien es distinto al que Romero resguardó en la sociedad opaca.

Pese al rastreo que la UIF realizó de los activos e inmuebles de la familia de Romero Deschamps, 8 de las 10 propiedades que Alejandro Romero había resguardado en la empresa de Islas Vírgenes Británicas en 2009 no habían sido identificadas por el organismo. Las únicas dos propiedades que la UIF tenía bajo su radar eran un inmueble en la colonia Lomas Hipódromo de Naucalpan y una casa en Cancún.

Los familiares de Romero Deschamps han forjado una diversa trayectoria empresarial. Cuentan con al menos ocho empresas en México y siete en el extranjero, de acuerdo con una revisión hecha en los registros del comercio y complementada con información recabada por inteligencia financiera. Las sociedades mexicanas tienen domicilios fiscales en el Estado de México, Quintana Roo, Hidalgo, Guanajuato y Ciudad de México. Entre sus giros comerciales está la reparación y el mantenimiento de aeronaves, la fabricación y comercialización de plaguicidas, servicios de limpieza, la compraventa de bienes inmuebles y la construcción de fraccionamientos.

Al menos dos de estas empresas han recibido contratos gubernamentales. Control de plagas Miranda, por ejemplo, prestó servicios de fumigación en las instalaciones del Sindicato de Trabajadores Petroleros. Odis Asversa S.A. de C.V. ha prestado servicios a los gobiernos de Tabasco, Veracruz y Puebla, así como a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Los contratos van desde el suministro de equipos de lavandería hasta la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales y estrategias de fomento de la cultura del agua.

Odis Asversa S.A de C.V. —de la que, según la UIF, Alejandro Romero es accionista— realizó la compra de diversos automóviles por montos muy altos entre 2006 y 2011. “Se identificó que tiene por actividad de comercio la de refrescos y agua purificada, además de que ante el fisco manifestó dedicarse a otros servicios como máquinas fotográficas”, señala el órgano financiero entre sus hallazgos. Entre febrero de 2016 y diciembre de 2018, la compañía recibió depósitos por 76,4 millones de pesos (3,8 millones de dólares al cambio actual) mediante cheques. Además, entre 2014 y 2018 la firma realizó operaciones con tarjetas de crédito por 19,4 millones de pesos. Para las autoridades de inteligencia estas transacciones fueron hechas con la única finalidad de contar con un mecanismo para introducir al sistema financiero activos de procedencia ilícita y de este modo dificultar la identificación de su origen y destino final. “De otro modo resulta imposible justificar el actuar de la persona jurídica señalada”, concluye el documento de la denuncia.

En febrero pasado, EL PAÍS dio a conocer que desde diciembre de 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador llegó al poder, la Fiscalía General de la República (FGR) había abierto al menos 12 indagatorias contra el exdirigente petrolero, pero ninguna había llegado ante el juez. Nueve ya habían sido archivadas y solo tres continuaban en investigación bajo la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Los delitos que se indagaban apuntaban a fraude, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. En respuesta a una nueva solicitud de información en el marco de esta investigación global, la Fiscalía Anticorrupción informó que de las tres carpetas que continuaban en trámite —dos de ellas interpuestas por la UIF—, una se “determinó por incompetencia” porque la conducta a investigar en ese expediente no era un delito por hecho de corrupción.

Andrea Cárdenas (Quinto Elemento Lab), Mathieu Tourliere (Proceso), Peniley Ramírez y Claudia Ocaranza (Univisión) colaboraron en la elaboración de este reportaje.