Romper la concordia
Apelar a la fractura social y a la imposición de unos pocos para derogar la ley de Memoria Democrática de Baleares no es más que vender humo
“Recordar nos humaniza, la memoria es vida y no se puede obligar a las personas al olvido”. Apenas una semana después de la derogación de la ley de Memoria y Reconocimiento Democráticos de las Illes Balears vienen a mi mente estas palabras de Miquel Jerez, hoy senador, entonces diputado autonómico del Partido Popular. Las ...
“Recordar nos humaniza, la memoria es vida y no se puede obligar a las personas al olvido”. Apenas una semana después de la derogación de la ley de Memoria y Reconocimiento Democráticos de las Illes Balears vienen a mi mente estas palabras de Miquel Jerez, hoy senador, entonces diputado autonómico del Partido Popular. Las pronunció en el Parlament en 2016, el día que se aprobó por unanimidad la otra parte de la norma, la llamada ley de fosas. Una ley que, a propuesta del PP, había cambiado su nombre por el de Ley para la recuperación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura en Baleares. Tras algunos desacuerdos, la tramitación de la ley sirvió para limar asperezas y alinear a gobierno y oposición. La ley se cerró con apoyo general y un ambiente emocionado y festivo. “Celebramos un acto de justicia que servirá para cerrar heridas que debían haberse cerrado hace tiempo”, defendió Xavier Pericay, portavoz de Ciudadanos en las islas. Gobernaba entonces Francina Armengol, al frente de un tripartito conformado por PSIB-PSOE, Més per Mallorca/Menorca y Podemos.
La ley derogada tardó un poco más en salir adelante y lo hizo con un apoyo menos decidido. Recibió los votos a favor de quienes la habían presentado, los partidos del Gobierno. PP y Ciudadanos en esta ocasión ofrecieron un acuerdo parcial. Apoyaron una cuarta parte del articulado, se abstuvieron en otro 25% y votaron en contra de alrededor de la mitad de los puntos. La norma definitiva incorporó algunas de sus enmiendas y aunque el resultado no logró el consenso de la ley de fosas no supuso una fractura política. Al contrario. La estrategia de desgajar el proyecto en dos permitió contar con un apoyo unánime para una parte crucial de la norma y negociar punto a punto el resto. El resultado final ganó en solidez y legitimidad. A la justicia de sus reivindicaciones supo unir la fuerza de un apoyo transversal.
Frente a las falacias de las batallas culturales, la hemeroteca es una buena aliada. Apelar a la fractura social y a la imposición de unos pocos para derogar la ley de Memoria Democrática de Baleares no es más que vender humo, un humo tóxico que busca romper la concordia. El PP lo ha permitido ya en Aragón, Cantabria, Extremadura, Comunidad Valenciana y, de manera parcial en Baleares. ¿Conseguirá defender la ley de fosas? Y en Castilla y León, ¿salvará el decreto que impulsó su propio Gobierno?
Frente a la toxicidad, concordia y democracia.