Audacia contra la crisis de vivienda

Cataluña será la primera comunidad en atacar directamente la especulación sobre la vivienda. El Gobierno de Salvador Illa ha pactado con los comunes limitar las adquisiciones de pisos por parte de grandes y pequeños propietarios. Como regla general, empresas y particulares podrán hacerse con casas para fijar su domicilio y su segunda residencia. A partir de ahí, los grandes patrimonios podrán comprar edificios enteros, y los pequeños, entre dos y tres viviendas más. En todos los casos, estas deberán destinarse a alquiler habitual respetando los precios máximos fijados. La patronal catalana ha tildado la medida de “filocomunista”, mientras que el Sindicato de Inquilinos la ha criticado por considerar que debería haber ido más lejos.

El precio de la vivienda, que se ha más que duplicado desde 2014, está teniendo consecuencias dramáticas para la economía del día a día de la clase media española. Se come las subidas de sueldo, limita la movilidad, agranda las bolsas de precariedad y afecta a todos los gastos de las familias. La subida es tan pronunciada que los sueldos bajos no pueden ahorrar para comprar. Los que viven de alquiler son expulsados de su barrio en cuanto llega una renovación. Es el principal problema de los españoles, según el CIS.

Ante esa emergencia, el Gobierno catalán ha adoptado varias medidas, muchas de ellas hasta ahora inéditas. Ha fijado límites a los precios de las rentas en las zonas tensionadas, ha exhibido mano dura con los alquileres turísticos y de temporada y ha lanzado un ambicioso plan para construir 50.000 viviendas protegidas hasta 2030. Ahora da un paso más al tratar de frenar la especulación, convirtiendo a Cataluña en un laboratorio de políticas de vivienda.

Las medidas han dado ya algunos resultados alentadores, como la contención en los alquileres o la salida del mercado residencial de algunos grandes fondos, que ha dado más espacio a los ciudadanos para comprar. La práctica dirá si esas políticas han sido acertadas o no, pero por ahora Cataluña es la única comunidad que se ha atrevido a hacer uso de sus competencias para hacer frente al problema. Los gobiernos regionales del PP directamente boicotean la ley de vivienda estatal.

No carecen de fundamento las advertencias de que las nuevas medidas adoptadas en Cataluña pueden laminar el mercado de alquiler al provocar la huida de grandes empresas y generar una cierta estigmatización de la figura del casero. El Gobierno de Illa haría bien en escucharlas durante el trámite parlamentario y modular, si es necesario, el acuerdo alcanzado con Comuns. Y, como debiera suceder con todas las políticas públicas, es exigible una evaluación de cada una de esas medidas para modificar e incluso abandonar aquellas que demuestren ser ineficaces. Pero en el actual drama habitacional de España, bienvenida la audacia de quien decide utilizar el poder político que le han dado los ciudadanos para solucionar problemas.