La utilización de las víctimas como arma electoral

Se da la circunstancia de que estuve allí. El 28 de mayo de 2003, en la base aérea de Torrejón, durante el funeral de Estado por los 62 soldados muertos en el accidente del Yak 42; y también un año después, el 17 de mayo de 2004, en Estambul, cuando los familiares de 30 de aquellos militares tuvieron que viajar a Turquía para hacerse pruebas de ADN. ¿Qué sucedió entonces y por qué lo recuerdo ahora? La razón es un tuit de 30 segundos, multiplicado hasta el infinito por las redes sociales, de la comparecencia que ofreció el lunes el vicesecretario del PP Juan Bravo, un hombre de 51 años, de profesión inspector de Hacienda, exconsejero del gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla y un político que —según informaciones de este propio periódico— es “moderado en las formas”. Pues bien, Bravo El Moderado se subió al atril de la calle Génova y leyó un papel en el que, entre otras cosas, había escrito lo siguiente:

“La diócesis de Huelva celebrará el jueves una misa funeral en la Catedral, a la que acudirá el presidente Feijóo. El dolor de las familias no puede agravarse ni puede aumentarse con la presencia de Óscar Puente en ese funeral. Su permanencia es un insulto a las víctimas, pero verle en Huelva sería una provocación”.

Ahora recordemos brevemente. Aquel 28 de mayo de 2003, cuando los familiares de los militares fallecidos en el accidente del Yak 42 llegaron a la base de Torrejón se encontraron con 62 ataúdes. Allí estaban también el entonces presidente José María Aznar y los ministros del Interior, Ángel Acebes, y de Defensa, Federico Trillo, que ni siquiera se dirigieron a ellos; pero, unos minutos más tarde, cuando el rey Juan Carlos y la reina Sofía se acercaron a confortar a los familiares de las víctimas, los políticos del PP intentaron hacer lo mismo, y desde la tribuna cayeron los insultos más duros. Un hombre, vestido de riguroso luto, preguntó a Trillo: “¿Y quién nos garantiza que nuestros hijos están ahí? ¿Quién nos asegura que no se los están comiendo los cuervos en Turquía?”.

Las negras sospechas de aquel hombre se confirmaron enseguida. Las autoridades turcas habían identificado correctamente 32 cadáveres, pero las españolas —con la orden de cerrar el caso cuanto antes— erraron en los 30 cuerpos de los que se hicieron cargo. Llovía sobre mojado. Meses antes del siniestro, los militares ya habían denunciado que los aviones exsoviéticos alquilados por Defensa para el transporte de tropas no reunían las condiciones de seguridad. Nadie les hizo caso. Lo peor fue que, una vez descubiertas esa cadena de errores y chapuzas, Trillo y sus colaboradores no solo no pidieron perdón, sino que despreciaron a los familiares.

El PP, el de antes y desgraciadamente el de ahora, tiene un problema con las víctimas. Desde Aznar para acá, sus dirigentes, ya sea desde el Gobierno o desde la oposición, intentan utilizarlas como arma arrojadiza, mercancía electoral, aunque para ello tengan que retorcer la realidad o manipular los hechos. Los errores de identificación de las víctimas del Yak 42, la travesía errática del Prestige que tiñó Galicia de negro, las mentiras sobre la autoría de los atentados del 11 de marzo o la terrible gestión de la dana de Valencia vienen a demostrar que los líderes sucesivos del PP —y esto sería digno estudio— siempre se hacen la misma pregunta después de una tragedia: ¿a quién beneficia electoralmente? Incluso si fuese cierto el rédito en las urnas, ¿no es un tremendo error moral? ¿no es demasiado el dolor causado por un puñado de votos?

Las víctimas son diferentes unas de otras, pero se asemejan en sus derechos. Derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y, si es posible, a que se tomen las medidas necesarias para que los hechos no vuelvan a ocurrir. ¿No sería bueno que, al menos en esto, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo fueran por una vez adversarios y no enemigos?