El suelo como excusa en la crisis de la vivienda

¿Alguna vez pensamos que el territorio no es un bien infinito y que tenemos que cuidarlo y utilizarlo adecuadamente? Sería aconsejable que las administraciones públicas no vendieran el suelo público y así conseguir, en el caso de la vivienda, beneficios sociales acumulativos a largo plazo.

Son cada vez más sorprendentes los criterios contradictorios que aparecen en algunas informaciones. ¿Cómo se puede plantear que ...

¿Alguna vez pensamos que el territorio no es un bien infinito y que tenemos que cuidarlo y utilizarlo adecuadamente? Sería aconsejable que las administraciones públicas no vendieran el suelo público y así conseguir, en el caso de la vivienda, beneficios sociales acumulativos a largo plazo.

Son cada vez más sorprendentes los criterios contradictorios que aparecen en algunas informaciones. ¿Cómo se puede plantear que hay sectores sociales que no pueden conseguir vivienda y la única salida que se sugiere sea el ofrecer suelo público barato a cambio de bajar el precio?

El problema de la vivienda es complejo y su solución va mucho más allá de simplemente liberar más suelo para construir. Abordarlo de manera efectiva requiere de políticas sociales públicas específicas que garanticen el acceso a un hogar a las personas que carecen de capacidad económica para comprar o alquilar en el mercado.

Uno de los problemas que no se terminan de despejar en España es la falta de voluntad política, que se pone de manifiesto en el escaso gasto en vivienda en relación con otras prestaciones sociales, lo que lleva aparejado la insuficiente oferta de viviendas sociales que sitúan a España a la cola de la Unión Europea en esta materia.

Ayuntamientos avalados por gobiernos regionales, basándose en el planeamiento general, sistemáticamente han clasificado suelo urbanizable de forma desproporcionada, más lejos de lo razonablemente se podría considerar necesario. No obstante, convendría reflexionar sobre algunos elementos, pues obviamente las administraciones citadas no son las únicas responsables. Es evidente que la actividad financiera comparte dicha responsabilidad, pues para mantener los beneficios tradicionales, con bajos intereses, una masa monetaria importante que generaba una gran liquidez, coincidiendo además con la entrada en funcionamiento del euro, que reforzó dichos mecanismos, se incorporó sin demasiado conocimiento a un negocio atractivo. La responsabilidad del sector inmobiliario es sobradamente conocida para seguir abundando en ella.

La visión que reduce la solución a más construcción ignora, o tiene intereses ocultos, que la vivienda es, ante todo, un derecho humano fundamental, reconocido en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, además de por el suficientemente conocido artículo 47 de la Constitución Española de 1978. Este derecho no se satisface solo con cuatro paredes, sino que implica una serie de condiciones para ser considerada adecuada, desde la seguridad en tenerla, que sea asequible, habitable y que su ubicación nos permita el acceso a los servicios esenciales, así como al empleo.

No debemos ser ingenuos, el problema de la vivienda existe, especialmente en las grandes ciudades, desde el Imperio Romano. Se concentra en estas una imperiosa necesidad de alojamiento para determinados grupos de personas, cada vez mejor identificados, que son los que no disponen de ingresos suficientes para comprar o poder alquilar.

En más de una ocasión se ha planteado la cantidad de dificultades que hay para ejercer un auténtico control del precio de la vivienda. ¿No se plantean estos sesudos analistas que el auténtico problema es la falta de capacidad de pago de determinadas personas para acceder a una vivienda? Por tanto, la mejor solución, como deberían saber y está probado en países próximos a nuestro entorno, que es el desarrollo de viviendas públicas en que la Administración central, autonómica o local, además de mantener la titularidad del suelo, garanticen que la asignación de viviendas llega a las personas con una necesidad real de acceso.

Podemos seguir dando vueltas a un molino al que algunas personas no tienen capacidad de aportar grano y necesitan ayuda para que les entreguen pan. No se me ocurriría entregar tierras al dueño del molino para que consiga trigo más barato y distribuya el pan a los que no pueden entregar trigo. Sería más razonable que esa acción la realizarán las administraciones y que las tierras puedan seguir en manos públicas de tal forma que cuando se resuelva el problema de los que tienen dificultades, las administraciones sigan en posesión de las tierras para seguir resolviendo el problema de aquellos que lo siguen manteniendo o de algunos nuevos con esa dificultad.

El problema de la vivienda hay que circunscribirlo a las personas con ninguna capacidad de pago por la vivienda. No conviene generalizarlo como si fuera una epidemia. Con voluntad política se puede resolver, como se ha resuelto la pasada pandemia. Las administraciones, como norma general, tienen suelo y capacidad financiera, por tanto, pueden acometer una tarea a largo plazo que solucione el problema de aquellos con dificultades de acceso.

Hay países que llevan más de 100 años poniéndolo en práctica. Una solución, planteada con serenidad entre los diferentes niveles de la administración a largo plazo, y con un compromiso político de no menos de 25 años, puede ser el principio de un proceso que permita resolver el problema.

Es fundamental la colaboración entre sectores. El sector privado debe tener posibilidad de desarrollo aportando su capacidad y siendo partícipes en la solución. El tercer sector de la economía sabe gestionar diferentes fórmulas habitacionales, pero sobre todo tienen una implicación, desde hace tiempo, en detectar y resolver situaciones sociales complejas. Y las administraciones públicas deben asumir un compromiso político firme y necesariamente a largo plazo.

El problema de la vivienda no se resuelve únicamente con más suelo, sino que necesita de políticas sociales para atender a las personas que no tienen capacidad ni de comprar ni de alquilar, por ello, las políticas no pueden centrarse solo en la oferta, sino que deben regular el mercado para priorizar la función social de la vivienda.

Se puede concluir que resolver el problema de la vivienda para los más vulnerables exige trascender el simplista mantra de más suelo. Requiere compromiso político sostenido y políticas integrales que comprendan la vivienda como un derecho humano y un elemento central de la cohesión social. Es necesaria una intervención pública decidida que priorice la vivienda social.