Unas huelgas sanitarias difíciles de explicar

Son difíciles de explicar las huelgas actuales de médicos en el Sistema Nacional de Salud. Afectan al servicio público más sensible, pues inevitablemente perjudican a los pacientes, cuando deberían ser el último recurso. En nuestra democracia hay otros muchos medios de presionar y expresar las r...

Son difíciles de explicar las huelgas actuales de médicos en el Sistema Nacional de Salud. Afectan al servicio público más sensible, pues inevitablemente perjudican a los pacientes, cuando deberían ser el último recurso. En nuestra democracia hay otros muchos medios de presionar y expresar las reivindicaciones de mejora de las condiciones laborales, las protestas y el malestar, como son las manifestaciones, las concentraciones, las declaraciones públicas, las actuaciones a través de los partidos y las instituciones sindicales y políticas de todo tipo.

Resultan difíciles de explicar estas huelgas en una época en que las listas de espera están casi en máximos históricos. En 2024, el tiempo medio de espera para una consulta en atención primaria era de 8,7 días. A 30 de junio de 2025, 832.728 pacientes esperaban una intervención quirúrgica electiva y el 8,1 % de la población una primera consulta en Atención Especializada hospitalaria en el conjunto. Y la inoportunidad crece en plena epidemia de gripe rampante, pues ya se superó el umbral epidémico en la semana 47 (noviembre) de 2025, con la consiguiente carga adicional de morbilidad, mortalidad y congestión asistencial.

Resulta difícil de explicar que la motivación principal de las huelgas de médicos convocadas por los “sindicatos profesionales” sea disponer de una regulación estatutaria específica, separada de la del resto del personal sanitario. La ley anterior, de 2003, ya unificó, con una buena justificación, los tres estatutos anteriores. La atención a la salud se reconoce que hoy es una tarea de equipo, en la que la evolución de la tecnología hace que las fronteras rígidas entre profesiones y categorías sean progresivamente menos tajantes, como demostraron con imaginación y abnegación los propios profesionales sanitarios durante la pandemia. ¿No es una reivindicación puramente formal, de técnica jurídica? Los médicos pueden tener reguladas sus especificidades propias en el entorno de una ley más general. Inevitablemente surge la duda de si se trata de corporativismo. Pero, por otro lado, tampoco puede ser que la unidad del instrumento legal perjudique el diálogo con las organizaciones según su representatividad electoral, ni que se olviden estas particularidades.

Son huelgas difíciles de explicar porque, aunque hablar bien del Gobierno tenga poco glamour, hay que decir que las propuestas que hace el Ministerio de Sanidad contienen sustanciales mejoras de las condiciones laborales, muy justificadas y largamente demandadas, como son la reducción de las guardias de 24 a 17 horas y la libranza previa y posterior, la conciliación familiar, o las nuevas medidas contra la lacra de la precariedad en el trabajo, incluidas las ofertas de empleo cada dos años y el concurso de traslado abierto y permanente. Tampoco se puede pedir que el Ministerio desborde sus competencias e invada las de las comunidades autónomas.

Son huelgas difíciles de explicar, porque los convocantes no formulan propuestas claramente orientadas al bien común, a la mejora y la reforma de nuestro Sistema Nacional de Salud, que tanto las necesita. Nada se reclama, por ejemplo, de la evaluación sistemática del desempeño, con lo cual perdura, como decía estos días un destacado profesional sanitario José Luis Poveda, un modelo que protege al que menos aporta y expone al que más sostiene, siendo así que el mérito no puede esperar más.

Algunas de las convocatorias de estas huelgas son difíciles de explicar porque carecen de visión táctica, pues los médicos corren el riesgo de quedarse como están por largo tiempo, ya que, dada la situación política, es altamente improbable que se apruebe una ley si tampoco tiene el apoyo de los interesados.

Y, finalmente, son huelgas difíciles de explicar porque no reclaman una reforma profunda de la política de personal que trascienda el rígido régimen funcionarial estatutario, en el que caben mejoras, pero que difícilmente serán suficientes para liberar al sistema de las ataduras que le impiden ser más productivo y eficiente, y atender las imparables demandas de atención a la salud de una población creciente, envejecida y con mayores expectativas. Hace falta un nuevo contrato social entre los médicos y el resto de personal sanitario, por un lado, y la sociedad española, por otro, satisfactorio para todas las partes, y no parece que las huelgas nos estén acercando a su consecución.