Absolutismo constitucional en Turquía
La ofensiva judicial contra Ekrem Imamoglu y una sentencia del alto tribunal sellan la deriva autoritaria del régimen de Erdoğan
Todo está ya a la vista. Ante los ojos de un mundo “democrático” cada vez más indiferente, Turquía, bajo el bloque gobernante del presidente Recep Tayyip Erdogan y del ultranacionalista Devlet Bahçeli, acelera el paso hacia la oscuridad política. Los días 10 y 11 de noviembre de 2025 pueden pasar a la historia como un nuevo umbral en esta deriva autoritaria. Dos acontecimientos sobresalen: una acusación judicial masiva que busca destruir a la oposición, y una decisión del Tribunal Constitucional que anula de facto la separación de poderes.
Un extenso expediente por corrupción ha sacudid...
Todo está ya a la vista. Ante los ojos de un mundo “democrático” cada vez más indiferente, Turquía, bajo el bloque gobernante del presidente Recep Tayyip Erdogan y del ultranacionalista Devlet Bahçeli, acelera el paso hacia la oscuridad política. Los días 10 y 11 de noviembre de 2025 pueden pasar a la historia como un nuevo umbral en esta deriva autoritaria. Dos acontecimientos sobresalen: una acusación judicial masiva que busca destruir a la oposición, y una decisión del Tribunal Constitucional que anula de facto la separación de poderes.
Un extenso expediente por corrupción ha sacudido al país. Ekrem Imamoglu, el ya encarcelado alcalde metropolitano de Estambul, se enfrenta ahora a penas de entre 846 y 2.352 años de prisión por corrupción, fraude y manipulación de licitaciones públicas. La acusación de 3.700 páginas, presentada el martes, lo describe como el cabecilla de una organización criminal comparada con un “pulpo”. Nombra a 402 sospechosos y los acusa de “formar una organización criminal”, “dirigir una organización criminal” y “aceptar sobornos”. Los fiscales incluso invocaron el artículo 69 de la Constitución, notificando al Tribunal de Casación para que estudie disolver el Partido Republicano del Pueblo (CHP), el principal partido de la oposición. “La acusación que escribiste no es más que una fila de mentiras, amenazando a la gente, tomándola como rehén y obligándola a calumniar bajo presión”, replicó Imamoglu, pidiendo al Parlamento que el juicio se transmita en directo por la televisión pública TRT.
El mes pasado, los fiscales ya le habían imputado por “espionaje”, por supuestos vínculos con un empresario acusado de trabajar para el servicio de inteligencia británico MI6. A ello se sumó una medida insólita: la Universidad de Estambul anuló su diploma, alegando una irregularidad de hace más de treinta años. En Turquía, poseer un título universitario es requisito para aspirar a la presidencia. La presión judicial y política sobre este político de 54 años se ha multiplicado, reduciendo al mínimo sus posibilidades de mantenerse en activo.
El patrón es claro: “ningún rival real será tolerado” en la carrera presidencial. El ejemplo previo es Selahattin Demirtaş, el carismático líder kurdo del prácticamente proscrito Partido Democrático del Pueblo (HDP), que fue detenido hace una década cuando empezaba a atraer votos más allá del electorado kurdo. Cumple ya 10 años en prisión. Incluso Mansur Yavaş, el alcalde nacionalista de Ankara y otro posible candidato del CHP, siente la presión. Se rumorea en la capital que ha enviado mensajes discretos a la presidencia asegurando que no tiene intención de postularse.
El líder del CHP, Özgür Özel, reaccionó a la imputación con dureza: “Esto no es una acusación, es un memorando [una palabra con especial connotación en la historia contemporánea turca] de los golpistas contra la política. Esta vez no han venido con tanques ni botas, sino con togas judiciales”.
La oposición interpreta la ofensiva contra Imamoglu como un ataque directo a su supervivencia. Özel enfrenta ahora un dilema: mantenerlo como candidato o asumir él mismo la candidatura, con el riesgo de acabar del mismo modo.
El expediente —4.000 páginas, 400 acusados y más de 75 testigos secretos— garantizará un proceso prolongado, quizá de cinco años. El objetivo, según los observadores, es doble: enfriar a toda la oposición y ensanchar la brecha con el Partido por la Igualdad de los Pueblos y Democracia (DEM), tercera fuerza parlamentaria y heredera del movimiento kurdo.
El DEM está volcado en el proceso de “Turquía sin terrorismo”, diseñado por Erdogan para emplear la influencia del encarcelado líder del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), Abdullah Öcalan, con el fin de desmovilizar a la organización. Tras un año sin avances, el partido sigue centrado en “liberar a Öcalan”, lo que les obliga a moderarse con el bloque gobernante y lanzar solo leves críticas ante la represión del CHP. La división entre ambas fuerzas favorece claramente al poder.
El caso Imamoglu también gana tiempo para Erdogan y Bahçeli de cara a las elecciones de 2028. Con la oposición distraída o cooptada, el bloque gobernante podrá impulsar enmiendas constitucionales para eliminar los límites del mandato presidencial. Su proyecto de poder perpetuo se aproxima.
El segundo golpe llegó el 11 de noviembre, cuando el Tribunal Constitucional rechazó una moción del CHP sobre la elección de cinco miembros del Consejo de Jueces y Fiscales (HSK), el órgano que supervisa la judicatura. Por once votos contra cuatro, el tribunal dictaminó que el asunto estaba “fuera del ámbito de revisión constitucional”. En otras palabras, el Constitucional renunció a revisar las decisiones del Parlamento, permitiendo que la mayoría legislativa adopte cualquier medida bajo la etiqueta de “decisión parlamentaria”, sin control judicial. “¡Adiós, Constitución!”, escribió el penalista Adem Sözüer, señalando que el tribunal “ha limitado su propia autoridad”.
El vicepresidente del CHP, el penalista Murat Emir, alertó: “El HSK y otros consejos judiciales podrán formarse según la mayoría política, sin control legal. Con la retirada del Constitucional, se extenderá un régimen de arbitrariedad irreversible”. La jurista Özge Fındık coincidió: “Ahora el Parlamento puede ejecutar cualquier acto arbitrario que desee. Nombramientos, investigaciones o redefiniciones de poderes constitucionales quedarán fuera de control. Esto crea un nuevo régimen legal: sin supervisión, sin límites, basado solo en la voluntad de la mayoría”.
El experto constitucional Tolga Şirin fue aún más claro: “Supongamos que el Parlamento decide alojar tropas estadounidenses en Turquía, o prolongar indefinidamente el estado de emergencia. El AYM podría decidir no revisarlo. Esto significa que el estado de emergencia puede convertirse en un modo permanente de gobierno. Esto, aunque no se diga abiertamente, es absolutismo constitucional”.
Las implicaciones son enormes. Al negarse a revisar las decisiones parlamentarias, el Tribunal Constitucional legaliza el gobierno por voluntad de la mayoría, desmantelando el último contrapeso institucional.
El informe de la Comisión Europea ya había advertido sobre la politización del HSK y la erosión de la independencia judicial. Ankara lo ignoró. Ahora, con el repliegue del tribunal, los equilibrios institucionales han colapsado por completo.
Lo que queda es una fachada de democracia que oculta la dominación absoluta del Ejecutivo. La mayoría parlamentaria puede legislar sin límites; la judicatura ha quedado reducida a una formalidad. Turquía avanza a toda velocidad hacia un “absolutismo constitucional”, donde la ley sirve al poder y no a la justicia, mientras sus aliados occidentales observan en silencio.