Espaldarazo a la transparencia

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha obligado a la comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso a facilitar las actas de las inspecciones realizadas por la policía local en las residencias de mayores de la región durante la covid. Se trata de más de 200 relatos de primera mano sobre los días más duros de la pandemia, entre marzo y agosto de 2020, cuando miles de residentes murieron por falta de atención hospitalaria, hechos que están siendo investigados por varios juzgados.

Más allá de la tragedia sobre la que versan los documentos, la decisión del Superior supone un espaldarazo a la transparencia en las administraciones públicas. Este principio esencial en democracia, a cuyo cumplimiento obliga una norma estatal de 2013, fue desarrollado por la Comunidad de Madrid en una ley aprobada por la Asamblea regional en 2019, cuatro meses antes de que Ayuso ganara la presidencia y relevara en el cargo a su compañero de partido Ángel Garrido. Con la mayoría absoluta lograda en su segundo mandato, la dirigente popular sacó adelante una reforma por la que vinculó el Consejo de Transparencia al Gobierno regional, que desde entonces nombra a su presidente y único miembro. Hasta ese momento se trataba de un órgano independiente adscrito a la Asamblea, donde las formaciones consensuaban los nombres de sus entonces tres integrantes.

Fue el Consejo anterior a la reforma el que obligó al Ejecutivo autonómico a facilitarle las actas de las inspecciones a un exdiputado socialista que las había requerido a la Administración, que se resistía a entregarlas. El Ejecutivo recurrió en los tribunales la decisión del órgano de transparencia. En una finta inexplicable si no es por un empeño en judicializar la vida política y pese a haber intentado impedir en los juzgados la publicación de los documentos, el Gobierno de Ayuso asegura ahora que lleva tiempo permitiendo el acceso a ellos mientras mantenía abierto el litigio en los tribunales. Pero la transparencia no es una dádiva de los gobernantes sino un derecho de los ciudadanos. Y la Sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal madrileño se ha mostrado taxativa a la hora de desmontar en la sentencia las maniobras con las que la Administración trataba de esquivar la aplicación de la ley. Y lo hace descartando argumentos evasivos como que la documentación del caso sea muy voluminosa o que exista la obligación de anonimizar los documentos.

Solo la transparencia garantiza el escrutinio sobre la acción de los responsables públicos. Ampliar sus mecanismos refuerza la democracia. Por contra, regatear la independencia a sus órganos de garantía —haciéndolos depender de los mismos gobiernos a los que deben fiscalizar— socava los fundamentos del sistema. La sentencia del Superior es un recordatorio que debería ser innecesario para cualquier gobernante.