Opacidad sanitaria inadmisible

El sistema público de salud es, junto al educativo, uno de los pilares fundamentales del Estado del bienestar. Su importancia como elemento clave en lucha por la equidad social deriva de su eficacia y de la demostrada capacidad de sus profesionales, pero también de su transparencia y de cómo responda a las preocupaciones de los ciudadanos. En lo que respecta a estos dos últimos factores, España sigue teniendo en las listas de espera uno de sus principales fallos de gestión. Pese a que no son ni el único baremo de cómo funciona un sistema sanitario ni la imagen que arrojan resulta siempre fidedigna, siguen siendo uno de los mejores termómetros de la actuación de los poderes públicos y una de las cuestiones que causa mayor malestar social si la demora resulta desmesurada. Muestra palpable de esos fallos es que cinco autonomías (Andalucía, Comunidad Valenciana, Baleares y Aragón, todas gobernadas por el PP, y Navarra, con Ejecutivo socialista) oculten las listas de espera de las pruebas diagnósticas pese a que un decreto de 2003 obliga a publicar dicha estadística.

Si a tal opacidad —que no se explica por ningún motivo técnico— se le suma la heterogeneidad de los datos de las comunidades que sí cumplen con su obligación, el resultado es la imposibilidad de conocer la situación real de la tardanza para una prueba diagnóstica en España. Una dilación en una mamografía, una resonancia o una analítica puede comprometer las posibilidades del tratamiento terapéutico e incluso agravar el estado de un paciente, como acaba de poner en evidencia el escándalo por los retrasos en los cribados del cáncer de mama en Andalucía, que lleva seis años sin ofrecer datos sobre la demora media para hacerse una mamografía ni explicar por qué los silencia.

La pandemia y sus consecuencias dispararon la espera de una intervención quirúrgica hasta máximos históricos (casi 850.000 pacientes en diciembre de 2023, la mayor cifra en dos décadas de registros). Los últimos datos de Sanidad, correspondientes a diciembre pasado, muestran una ligera mejora, pero aún son demasiado altos: casi 847.000 ciudadanos estaban en la cola para una intervención, con un tiempo medio de espera de cuatro meses. El porcentaje de quienes deben aguardar hasta seis meses se sitúa en prácticamente el 23%. Tras esas cifras late la realidad cotidiana de decenas de miles de personas a quienes de poco les sirve tener una cita con un especialista en un mes si luego las pruebas precisas tardan mucho más. El Estado de bienestar se debilita por sus cimientos si lo que está en juego es la salud de la ciudadanía: la sanidad es el tercer problema que más afecta personalmente a los españoles, después de la crisis económica y la vivienda, según el último barómetro del CIS.

Sanidad lleva varios meses trabajando en reformar un registro que reconoce opaco y que ha quedado totalmente obsoleto. Resulta inexplicable que no se conozca cuánto tiempo es necesario para ver al médico de atención primaria o el aplazamiento para recibir asistencia en un problema creciente como la salud mental. Hay que confiar en que ese esfuerzo dé frutos en lo que ya es un retraso de demasiados años, pero solo tiene sentido con un esfuerzo similar de los gobiernos autonómicos, que tienen las competencias sanitarias. Tomar medidas urgentes es imperativo para que no se quiebre la cohesión social.