Ataque en las aguas del Caribe

El ataque de Estados Unidos a una embarcación frente a las costas venezolanas, con un saldo de 11 muertos y bajo el argumento de enfrentar una organización criminal sin apenas detalles de la operación, marca un punto de inflexión en la larga crisis del país caribeño. La intervención militar constituye una escalada peligrosa. No existe solución duradera que surja de la violencia: cada operación armada aumenta el riesgo de desencadenar un conflicto de consecuencias imprevisibles.

Resulta ingenuo suponer que a Donald Trump le mueve la defensa de la democracia en Venezuela. El historial de su primera presidencia y el tono de la actual apuntan en otra dirección: el interés por el petróleo y la rentabilidad política de erigirse en un líder fuerte frente a un adversario externo. Su acercamiento no nace de un compromiso con los derechos humanos, sino de una visión utilitaria de la región, donde Venezuela es pieza de cambio en la geopolítica energética y electoral de Estados Unidos. En este contexto, la lógica del enfrentamiento militar o del castigo indiscriminado se aleja de lo que debería ser el objetivo real: devolver a los venezolanos la posibilidad de elegir a sus gobernantes.

Ese recordatorio, sin embargo, no puede transformarse en un salvoconducto moral para Nicolás Maduro. El régimen venezolano se ha presentado durante años como un baluarte contra el imperialismo, pero ese relato no resiste el examen de la realidad. Maduro ha concentrado el poder en una estructura represiva, reducido al mínimo el espacio para la oposición, manipulado los procesos electorales y perpetuado un modelo económico que ha sumido en la miseria a gran parte de la población. El enemigo exterior es solo una excusa que le permite sofocar a los críticos y mantener cohesionadas a las élites militares y políticas que lo sostienen. No se trata de escoger entre aceptar un ataque extranjero o avalar a Maduro: ambos polos son inaceptables.

En el caso del líder chavista, su verdadera responsabilidad es convocar elecciones limpias, transparentes, verificables. Nada menos que eso puede abrir un camino hacia la recuperación democrática. Las farsas electorales de los últimos años solo han ahondado la desconfianza y despojado a los ciudadanos de su herramienta más básica de participación.

El reto es construir una vía que no caiga en el agresivo cinismo de Trump ni en la victimización interesada de Maduro. Esa vía pasa por la legalidad internacional. Los instrumentos existen: sanciones selectivas diseñadas para presionar a las élites sin castigar aún más a la población; un trabajo diplomático constante con el respaldo de organismos regionales y multilaterales y un compromiso real de países influyentes —de la región y de fuera de ella— para ejercer presión conjunta. La ONU sigue siendo un foro imperfecto pero imprescindible para otorgar legitimidad a las acciones.

La crisis venezolana no admite atajos. Ni las aventuras militares ni la pasividad complaciente conducirán a un desenlace que devuelva la esperanza a millones de ciudadanos. Lo único que puede abrir un horizonte distinto es la exigencia, firme y coordinada, de elecciones limpias y de un marco institucional que garantice que el futuro de Venezuela lo decidan los propios venezolanos, sin imposiciones externas y sin la trampa permanente de un régimen atrincherado. Solo así podrá romperse el círculo vicioso en el que el país lleva encerrado demasiado tiempo.