Más ambición contra la crisis de la vivienda

Un día después de la multitudinaria manifestación contra la carestía de la vivienda en Madrid, el Gobierno salió al paso con el anuncio de medidas ya previstas, con las que difícilmente logrará frenar el descontento social a corto plazo y de las que se ha querido desmarcar su socio de coalición. La masiva protesta ciudadana ha dejado en evidencia el fuerte malestar que existe en la sociedad ante las dificultades de acceso a un derecho que recoge la Constitución y, esto es lo verdaderamente novedoso, la voluntad de movilizarse para cambiar esta situación. Hay convocada otra protesta similar en Valencia para el próximo sábado. Sería imprudente ignorar la posibilidad de una movilización generalizada al estilo del 15-M.

Solo el Gobierno central se ha dado por aludido. No constan medidas o acciones nuevas anunciadas por la Comunidad de Madrid ante el clamor expresado en sus calles. Pero, pese a la contundencia expresada por Pedro Sánchez al rechazar “una España donde haya propietarios ricos e inquilinos pobres”, el anuncio del reparto de 200 millones de euros para financiar el bono al alquiler para jóvenes resulta decepcionante. Es una medida que lleva en marcha desde 2022 y además su eficacia se ha demostrado discutible. Sumar ha marcado distancias con su socio de coalición, pese a que el acuerdo de gobierno recoge la medida que ahora rechazan. El Ejecutivo no ha podido ir más allá en el monto de estas ayudas, como pretendía por la falta de Presupuestos. Este martes, el Consejo de Ministros aceleró el trámite de un nuevo reglamento contra el fraude en el alquiler turístico y de temporada, una de las vías utilizadas por los caseros para saltarse los límites al alquiler en zonas tensionadas.

Cierto es que las soluciones a la crisis de la vivienda no son rápidas ni sencillas, pero cabía esperar un poco más de ambición e innovación una vez reconocida por parte del propio Ejecutivo la situación de emergencia además de interpelar a los demás niveles de la Administración, autonómica y local. Hay datos que exigen una actuación más decidida. Por ejemplo, el parque público estatal de vivienda en España solo ha sumado 244 inmuebles desde julio de 2023. Según el Gobierno, hay más de 59.000 viviendas para alquiler social en desarrollo, a las que se suman 14.000 viviendas de la Sareb y otras 10.400 del Fondo Social de Vivienda. La tardanza en estar disponibles apunta a un problema de burocracia que debería abordarse sin demora.

La ciudadanía ha demostrado que ya no tiene paciencia para medidas tibias. Menos aún para que la vivienda se convierta en un nuevo asunto de confrontación partidista, de puro desgaste del adversario, sin asumir la propia responsabilidad dentro de las competencias de cada cual. Es necesario exigir contundencia y ambición a todos los responsables públicos para dar respuesta, a corto y a largo plazo, al gran problema económico de la clase media.