¿Qué sigue en Venezuela?

Nicolás Maduro parece decidido a imponer su posición y gobernar “por las malas”, mientras la oposición parece orientarse hacia el aumento de la presión internacional ante lo que consideran un fraude electoral

Simpatizantes del presidente de venezuela Nicolás Maduro participan en una manifestación en Caracas (Venezuela). El 28 de septiembre 2024.Miguel Gutierrez (EFE)

En Venezuela, tenemos a dos actores principales que establecen como condición para negociar que se reconozcan los resultados de las elecciones del pasado 28 de julio, cada uno a su favor. Sin embargo, el problema radica en que estos resultados se basan en dos realidades irreconciliables: una comprobable y otra sin sustento legítimo para sostenerse.

Por un lado, Nicolás Maduro, proclamado ganador por el...

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En Venezuela, tenemos a dos actores principales que establecen como condición para negociar que se reconozcan los resultados de las elecciones del pasado 28 de julio, cada uno a su favor. Sin embargo, el problema radica en que estos resultados se basan en dos realidades irreconciliables: una comprobable y otra sin sustento legítimo para sostenerse.

Por un lado, Nicolás Maduro, proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en un proceso lleno de irregularidades y falta de transparencia, insiste en convocar a un diálogo centrado en el futuro, asumiendo su rol como presidente y afirmando que continuará en el cargo. Por otro lado, Edmundo González, apoyado por María Corina Machado, ha llamado a negociar para llevar a cabo la transición del mando de Maduro a González, ya que la oposición sostiene, con base en las actas oficiales, que González fue el verdadero ganador con casi el 70% de los votos. Estas dos posiciones son tan antagónicas que resulta difícil imaginar una resolución cercana al conflicto.

Ante este escenario, Maduro parece decidido a imponer su posición y gobernar “por las malas”, intensificando la represión, persiguiendo a líderes políticos y de la sociedad civil, y ejerciendo un control más férreo sobre el país. ¿Es este modelo sostenible?

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Por su parte, la oposición parece orientarse hacia el aumento de la presión internacional ante lo que consideran un fraude electoral. Gran parte de la comunidad internacional insiste en no reconocer los resultados anunciados por el CNE hasta que no haya una demostración comprobable de los votos desagregados por centros electorales; esto incluye a algunos aliados tradicionales del chavismo en la región, como Colombia y Brasil, o en el caso de Europa, España, que ahora ha recibido en su territorio a Edmundo González, y quizás sin pretenderlo se ha convertido en otro actor clave en la resolución de la crisis poselectoral venezolana.

Si Maduro pretende juramentarse el 10 de enero de 2025 con el apoyo de las Fuerzas Armadas venezolanas, la crisis y el conflicto en la región se intensificarían. Es el momento de actuar antes de que sea demasiado tarde.

¿Negociar? ¿Cómo?

No negociar sería enterrar la política en Venezuela, y ese parece ser el plan de Maduro: imponer su voluntad y consolidar un sistema en el que el diálogo y la política se limiten a niveles simbólicos, vaciados de contenido y sin comprometer su permanencia en el poder, es decir, sin alternancia.

El Gobierno de Maduro tiene pocos incentivos para negociar con la oposición. Las sanciones impuestas por Estados Unidos, debido a sus consecuencias económicas, parecen ser el único factor que podría motivar al oficialismo a entablar una negociación. Una buena parte de los actores involucrados están a la espera los resultados de la elección del próximo 5 de noviembre en Estados Unidos, ya que, dependiendo de quien obtenga la victoria, las estrategias sobre el tema Venezuela podrían ser muy distintas.

Aquí surge un posible enfoque sobre el “cómo”. La negociación debe ser entre venezolanos, pero la oposición debe mantener una interlocución cercana con Estados Unidos. Además, Estados Unidos puede desempeñar un rol más constructivo; negociar sanciones o licencias petroleras sin abordar el problema de fondo del sistema democrático en Venezuela es un error. Los acuerdos de Doha, sin la representación de la oposición, fueron un error. Separar los procesos de Doha y Barbados también fue un error.

En esta coyuntura, Colombia y Brasil han desempeñado un rol más activo, intentando ir más allá de la facilitación de Noruega y buscando ser mediadores de la crisis. Ambos gobiernos han ofrecido opciones de solución para un acuerdo negociado. Sin embargo, surge la pregunta: ¿Existen actualmente las condiciones necesarias para alcanzar un acuerdo entre dos partes que no mantienen ningún tipo de comunicación?, ¿o es más viable que sus esfuerzos de mediación se enfoquen en lograr que representantes de Nicolás Maduro y de la oposición venezolana, a través de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) y sus líderes legítimos, establezcan un canal directo de negociación?

Es precisamente en este contexto donde España podría desempeñar un papel más activo en la resolución del conflicto. El Gobierno de Sánchez ha sido cauteloso al evitar asumir un rol directo como mediador o facilitador con el fin de preservar vías de diálogo abiertas con las partes, a sabiendas de las posturas intransigentes del Gobierno de Maduro. No obstante, la creación de espacios seguros para facilitar canales de comunicación directos y fiables entre los actores podría ser un paso decisivo para aliviar tensiones y promover un acercamiento.

Asimismo, es necesario que los partidos políticos españoles busquen construir consensos bipartidistas que trasciendan el mero discurso y faciliten la implementación de acciones institucionales más eficaces para contrarrestar la consolidación de un autoritarismo en Venezuela. Es crucial que la causa venezolana no se instrumentalice únicamente como un medio para fomentar la polarización interna, la cual nada contribuye a los venezolanos.

¿Qué negociar?

El conflicto venezolano se ha transformado y agudizado con el tiempo. Aunque se han celebrado varias rondas de negociación, no fue hasta los encuentros en México y Barbados que se lograron algunos acuerdos concretos, aunque pocos de ellos se han cumplido. Es válido preguntarse si basta con negociar sobre elecciones o sanciones. Los resultados del 28 de julio indican que no es suficiente.

En Venezuela, debe negociarse la coexistencia de ambos bloques. Esto implica reconocer el derecho tanto de un chavismo democrático, como de la oposición de existir, competir y acceder al poder, sin que esto signifique dejar sin respuesta lo ocurrido el pasado 28 de julio. Los últimos 25 años en Venezuela han estado marcados por el intento de no solo derrotar al adversario, sino de eliminarlo del mapa político. El chavismo, ahora bajo el liderazgo de Maduro, ha hecho todo lo posible para evitar que la oposición acceda al poder. Por su parte, la oposición promete que, si llega al poder, el chavismo no volverá jamás.

Es hora de que ambas partes comprendan que los intentos de eliminar completamente al otro han fracasado y que es momento de negociar la coexistencia de ambos proyectos políticos.

Aplicando el principio de que “en política quien gana no lo gana todo para siempre y quien pierde no lo pierde todo para siempre”, tanto el chavismo democrático como la oposición deben acordar no solo las condiciones para una elección relativamente competitiva, sino también un pacto de convivencia y distribución del poder por al menos dos años posteriores a las elecciones, con garantías y espacios para los perdedores.

¿Qué sigue en Venezuela?

En el corto plazo, la situación en Venezuela pareciera mantenerse bajo un statu quo inestable e incierto. No obstante, hay oportunidades. Para el chavismo democrático, que aún conserva un capital político significativo, esta coyuntura representa una ocasión propicia de iniciar un proceso de redemocratización del país. Por su parte, la dirigencia opositora también puede avanzar hacia el reconocimiento de este sector, articulando un movimiento social amplio que refleje la diversidad sociopolítica nacional.

Cada ciclo de democratización trae nuevos retos políticos e institucionales. En el caso de Venezuela, el desafío radica en negociar mecanismos que permitan la existencia y participación de todos los actores políticos.

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