Regresión medioambiental en Madrid

El Tribunal Superior de Madrid ha anulado los preceptos que definen el ámbito de las tres zonas de bajas emisiones (ZBE) del Ayuntamiento de la capital al aceptar un recurso de Vox. La sentencia no cuestiona la necesidad de tomar medidas contra la contaminación atmosférica ni analiza el efecto que suprimir las ZBE, que claramente han ayudado a reducir la polución en la capital, tendría sobre la calidad del aire y la salud pública. Su objeción es formal: la “patente insuficiencia” del informe de impacto económico de las medidas incluidas en la ordenanza municipal.

La sentencia no es firme, y las zonas y las sanciones a ellas ligadas siguen en vigor. El Ayuntamiento de José Luis Martínez Almeida (PP) dispone de 30 días para recurrir al Supremo, y dos días después de conocerse la sentencia aún no ha decidido si lo hará. Sin duda, hay que analizar jurídicamente la viabilidad del recurso, pero se echa en falta un mensaje de mucha mayor contundencia del Consistorio y de su alcalde en defensa de una medida que ha contribuido —junto a la creciente concienciación social— a que Madrid haya acabado con años de incumplimientos de los límites europeos de contaminación. El currículum de Almeida en este ámbito incluye el activismo contra el proyecto de restricción de tráfico (Madrid Central) que puso en marcha su antecesora, Manuela Carmena, hasta conseguir, ya siendo alcalde, que el Supremo lo anulase en 2021 por otra cuestión de forma.

En contra de todo el consenso científico, la ultraderecha ha hecho del negacionismo climático una de sus señas de identidad. De su mano, el PP está arrastrando los pies en varias de las grandes ciudades en que cogobiernan respecto a la obligación de poner coto al tráfico más contaminante. Es el caso, por ejemplo, de Valencia, que ha diseñado una ZBE de mínimos que no será plenamente efectiva antes de cuatro años. La ley de cambio climático impone la creación de este tipo de zonas en las 151 ciudades españolas de más de 50.000 habitantes. Aunque deberían haber estado en marcha antes de 2023, por ahora solo 24 tienen al menos una en funcionamiento. A la renuencia se suma ahora una sentencia que puede crear inseguridad jurídica o dar argumentos a ayuntamientos que están haciendo lo posible por no implantarlas o descafeinarlas al máximo.

Cuando el PP se fija tanto en Europa para justificar sus políticas de oposición debería recordar que el consenso europeo apuesta claramente por una movilidad más sostenible en las ciudades. Una capital europea como Madrid no puede ofrecer al exterior una imagen que no sea la del mayor y más rotundo compromiso contra la contaminación, que causó más de 21.000 muertes en España en 2021, según la Agencia Europea de Medio Ambiente. Este revés jurídico tiene solución, pero para ello el PP tiene que de desmarcarse de la extrema derecha negacionista. De él depende aprovechar la ocasión.