Becas necesitadas de realismo

Las becas universitarias son un instrumento esencial de cualquier política pública para favorecer el acceso a la educación superior de los jóvenes que parten en una situación de desventaja socioeconómica. Por eso es una mala noticia la caída de sus beneficiarios: en el curso 2021-2022 (el último con datos oficiales) fueron 339.095, casi 23.000 menos que el curso precedente. Aunque la casuística sea variada, parece evidente la influencia tanto de su escasa dotación para el actual coste de la vida como que los umbrales máximos de renta exigidos para su concesión quedan muy lejos de poder cubrir los gastos reales de los alumnos, especialmente de alquiler de vivienda.

Cualquier esfuerzo que contribuya a contrarrestar las desigualdades de origen debe ser bienvenido, en particular cuando el ascensor social muestra claros síntomas de parálisis. La partida presupuestada para becas en todos los niveles de la enseñanza este nuevo curso suma 2.535 millones, de ellos, unos 1.300 para los universitarios, cifra récord. Supone un loable 81% más que en el curso 2017-2018, el último con un Gobierno del PP. Pero puede ser un esfuerzo baldío si muchos jóvenes se quedan sin poder cursar una carrera o ven frustradas sus expectativas por la barrera económica.

En el curso 2021-2022, un tercio de los universitarios matriculados en un grado presencial en una universidad pública se vio obligado a cambiar de provincia para poder cursar sus estudios. Con 200.000 estudiantes más este año y los alquileres disparados hasta un 14% en los territorios y barrios con mayor presencia universitaria, conseguir un piso se ha convertido para muchos alumnos en una tarea casi imposible. Más todavía cuando la beca de alojamiento, pese a su última subida, asciende a 2.500 euros por curso.

Muchos estudiantes deben además hacer frente a estos gastos con la única ayuda de sus familias o su solo esfuerzo al no poder acceder a una beca por superar el umbral exigido, que en la práctica es muy bajo para la vida real. Sobre todo en ciertas ciudades. Este curso, por ejemplo, una familia compuesta por cuatro miembros solo puede pedir beca si tiene una renta menor a 42.835 euros. Y tan solo recibiría la cuantía mínima, lo que deja fuera a familias de clase media afectadas por la subida de los precios que no pueden afrontar el coste de una carrera de sus hijos fuera de casa.

Los responsables de universidades tienen previsto reunirse con el Ministerio de Educación, que gestiona todas las ayudas, para repensar el modelo. Una reflexión sin duda necesaria para mejorar una situación en la que, como alertó el año pasado la Conferencia de Rectores, la igualdad de oportunidades para cursar estudios universitarios con independencia de la capacidad económica está lejos de ser realidad.