Sanidad universal cuando crece el racismo

Podíamos leer recientemente en un reportaje las declaraciones de Delmi Galeano, portavoz de Sedoac (Servicio Doméstico Activo), en las que decía que en los últimos meses se nota un mayor rechazo explícito a la población inmigrante, como si el ánimo social legitimase hacer gala del desprecio a la población migrante que forma parte de nuestra sociedad cuando están presentes en el espacio público.

Esas declaraciones no son más que ...

Podíamos leer recientemente en un reportaje las declaraciones de Delmi Galeano, portavoz de Sedoac (Servicio Doméstico Activo), en las que decía que en los últimos meses se nota un mayor rechazo explícito a la población inmigrante, como si el ánimo social legitimase hacer gala del desprecio a la población migrante que forma parte de nuestra sociedad cuando están presentes en el espacio público.

Esas declaraciones no son más que la constatación de lo que cualquiera puede atisbar al escuchar cómo la derecha política y mediática intentan que la inmigración sea el problema número uno de la población, asociándola a la inseguridad y agitando imágenes como la de la invasión. Manifestaciones que tienen su máximo exponente cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid señala a los inmigrantes como los causantes del deterioro de los servicios públicos.

Ante esto se puede tirar de datos, que de poco suelen servir cuando lo que está al otro lado es el intento de calentar el racistómetro de manera evidente. También se pueden buscar los elementos de nuestra sociedad que son claramente un éxito y que suponen una enmienda a la totalidad del modelo excluyente de quienes creen que “los españoles primero” es una hipótesis política siquiera aceptable. Ese elemento de cohesión, de eficiencia y de bienestar se llama sanidad universal.

Durante tiempo, creímos que la sanidad universal era un proyecto que se defendía solo. Se daba por hecho. Sin embargo, en 2012, con Ana Mato a la cabeza, el Partido Popular rompió la universalidad a lomos de la necesidad de tomar medidas urgentes en un contexto de crisis económica y necesidad de recortes de servicios públicos. Lo hizo, además, siguiendo la hoja de ruta que Martin McKee y David Stuckler habían criticado en la revista BMJ: 1. Crear un grupo de población que no sea digno del servicio público. 2. Generar un sistema en el que las rentas altas no vean el beneficio que obtienen a cambio de los impuestos que pagan. 3. Debilitar el papel de los sindicatos y otros agentes sociales. Y 4. Tomar decisiones con efectos poco claros a corto plazo, pero que cambien el sistema a largo plazo. Es decir: romper la universalidad para que unos sean señalados como no merecedores de la asistencia sanitaria, mientras que otros piensen que no les merece la pena financiar ese servicio público.

Durante esta década de exclusión (en mayor o menor medida) de una parte de los migrantes en situación irregular, ha quedado demostrado que esa medida no sirve para lo que decía servir: no ha reducido la presión sobre el sistema sanitario, no ha ahorrado costes y, por supuesto, no ha disipado un teórico efecto llamada que solo existe en la mente de quien lo usa como argumento. Por ello, más de una década después, el cuestionamiento de la sanidad universal no llega en forma de argumentos basados en la gestión sanitaria, sino que se basa en el cuestionamiento mismo de la acogida a quienes vienen a España con expectativas de construir una vida, aportando a nuestra sociedad y desarrollando sus proyectos vitales. La exclusión sanitaria se quita la máscara de la tecnocracia para desvelar un rostro abiertamente excluyente y que hace uso del “los españoles primero” de forma indisimulada.

Podríamos decir que los inmigrantes tienen una mejor salud que la población del país de destino o que utilizan menos los recursos sanitarios de lo que lo hace la población que vive aquí. Incluso, si quisiéramos decirlo con números, podríamos irnos al año anterior a la exclusión sanitaria en España y hacer una comparación entre los migrantes en situación irregular y la población nacional. Y veríamos cómo mientras los inmigrantes irregulares realizaban 0,5 visitas al médico de Atención Primaria cada año, la población española hacía 6,7; que mientras ellos iban 0,4 veces a Urgencias por cada 10 personas, la población española lo hacía 2,8 veces, o que mientras el gasto anual en medicamentos prescritos era de nueve euros anuales entre los inmigrantes irregulares, la población con nacionalidad española gastaba 367 euros al año.

Podríamos, pero no sería suficiente.

La justificación (sanitaria y moral) de que los migrantes en situación irregular han de tener derecho a la asistencia sanitaria no se debe fundamentar sólo en mostrar que los mantras sobre el mal uso de recursos son falsos y carecen de toda base material. Los motivos fundamentales que nos han de llevar a ello han de cimentarse, por un lado, en la necesidad de garantizar el bienestar de todas las personas que forman parte de nuestra sociedad y en el reconocimiento de que el derecho a la asistencia sanitaria es la condición mínima para poder participar en otros ámbitos sociales como la búsqueda de empleo, el cuidado de otros o la intervención en los asuntos de la comunidad.

Los sistemas sanitarios universales logran poblaciones más sanas, son superiores desde el punto de vista económico y, además, generan cohesión social. La sanidad universal es, probablemente, el mayor modelo de éxito que puede mostrar un país y se convierte, de forma automática, en algo de lo que estar orgulloso.

Además, la sanidad universal no sólo muestra que un servicio público basado en mancomunar los costes entre todos los habitantes de un país es un servicio público mejor para el conjunto de ellos, con independencia de su estatus administrativo. La sanidad universal da la vuelta al concepto que la derecha excluyente intenta abanderar para convertir el Sistema Nacional de Salud en un Sistema de Salud para Nacionales: la seguridad. De la seguridad basada en el miedo a la certeza de que nadie está a salvo si no estamos todos a salvo. De la seguridad construida como un torreón desde el que vigilar a los de fuera con un fusil a la seguridad como algo que solo es alcanzable de manera colectiva (como bien han mostrado eventos pandémicos varios en los últimos años). A la universalidad se debe poder llegar por la vía de la justicia social, es razonable hacerlo también por la vía de la eficiencia económica y, si no queda más remedio, debe ser posible alcanzarla desde la autoprotección y la búsqueda de la seguridad propia.

En tiempos en los que se agitan las banderas de la exclusión, hay que reivindicar y materializar los ejemplos de éxito que nos cohesionan como sociedad mientras cuidan a quienes más lo necesitan. La sanidad universal es nuestra punta de lanza para esta tarea.